El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes la reforma del Reglamento de las Cortes para incorporar la regulación de los ‘lobbies’ parlamentarios. La proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista incorpora un nuevo Título XIV que regula a los “grupos de interés” y que incluye sanciones a los diputados que lo incumplan.
En la exposición de motivos, el Grupo Socialista subraya que la regulación de la actividad de los grupos de interés en el seno de las Cortes “es una asignatura pendiente del parlamentarismo español”. Y es que, más de 40 años después de aprobarse la Constitución, los lobbies “continúan moviéndose en un espacio normativamente gris, carente de una regulación específica y sin que exista un catálogo de obligaciones claras que permitan conciliar la acción de influir en los poderes públicos con la necesaria transparencia que es exigible en la vida pública”.
La nueva normativa considera como grupo de interés a todas aquellas organizaciones y personas sea cual sea su forma o estatuto jurídico, plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva sin personalidad jurídica que “pretendan influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias”.
Establece un registro en el que deberán inscribirse aquellos que deseen desarrollar esta actividad en el seno de la Cámara Baja, una información que será pública y que se difundirá a través de la propia web del Congreso. Por su parte, los empleados públicos y los diputados que se comuniquen con dichos grupos deberán comunicar el contenido de esta interlocución y hacerla asimismo pública.
La corrupción más sofisticada de los lobbies alimentarios
La proposición de ley del Grupo Socialista está inspirada en la normativa de otros países que ya regulan esta materia y especialmente en los Principios de Transparencia y la Integridad en el Lobby de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En los mismos se incluye la conocida como “huella legislativa” que obligará a que en la tramitación de cada iniciativa legislativa queden reflejadas las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento por propuestas de los grupos de interés o de sus representantes.
El informe de huella legislativa recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido de voto de cada uno de los miembros de la Cámara que hubieran participado. Al informe se podrá acceder en el portal web del Congreso de los Diputados. El acceso a los informes será público, universal y gratuito.
Para los diputados se prevén sanciones que podrían llegar “hasta la retirada de cargos y complementos salariales”
La proposición de ley incluye un régimen sancionador para infracciones leves, graves y muy graves tantos para los grupos de interés como para los parlamentarios. En caso de incumplimiento de la normativa por parte de los primero se les informará de un primer apercibimiento. Para infracciones leves podrá decretarse la suspensión de su inscripción en el Registro de lobbies por 30 días; en las graves, hasta un año; y en las muy graves, hasta 10 años e incluso llegar a ser definitiva.
Para los diputados se prevén sanciones que podrían llegar “hasta la retirada de cargos y complementos salariales” que oscilan entre los 700 y los 1.500 euros mensuales, ingresos que reciben los parlamentarios que tienen asignadas otras funciones como presidente, miembro de la mesa o portavoz de una comisión parlamentaria. Lo que sería intocable es el sueldo base de los diputados fijado en 3000 euros brutos mensuales.
La normativa establece asimismo ciertas incompatibilidades con el objeto de evitar las puertas giratorias al fijar que no podrán actuar en representación de los grupos de interés “quien haya ostentado la condición de miembro de las Cortes Generales durante los cuatro años anteriores; quien haya sido alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores; y quien haya sido inhabilitado judicialmente para acceder a cargo público”.
