jueves. 28.03.2024
CASTIGA CON CÁRCEL A LOS PIQUETES

Arranca el trámite parlamentario para la derogación del artículo 315.3 de CP

El Congreso aprueba una proposición de ley del PSOE para derogar el artículo del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga y la libertad sindical

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El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley para la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga y la libertad sindical.

La propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ha sido refrendada por la mayoría de grupos menos las tres formaciones de la derecha (PP, Vox y C's) que han votado en contra. Se inicia así el camino para el cumplimiento de una de las principales reivindicaciones de los sindicatos que llevaban años reclamando la derogación de dicho artículo.

El punto 3 del artículo 315 del Código Penal tipifica penalmente el delito de coacción para la promoción de la huelga:

Art.315.3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

En su exposición de motivos, el PSOE asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la crisis económica para iniciar “un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Así, la reforma laboral de 2012, no solo “excluyó” la negociación colectiva y “devaluó o eliminó otros muchos derechos”, argumenta el PSOE, sino que además se utilizó la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana y el artículo 315.3 del Código Penal, “para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”.

En su proposición de ley, los socialistas achacan a la actuación del anterior Gobierno del PP el que se aplicara la forma agravada de coacciones genéricas aún en casos no violentos o coactivos, tratando así de “disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical”.

El PSOE también recuerda que esta interpretación de la legislación no se ajusta ni a los preceptos constitucionales (artículo 28 de la Carta Magna) ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La proposición de ley mandata asimismo que los jueces o tribunales deberán revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga.

El Gobierno del PP “utilizó este artículo para acallar protestas legítimas”, afirma UGT

Desde UGT, han aplaudido que se acomete esta reforma legal por la que cerca de 300 sindicalistas se han visto inmersos en procesos judiciales y algunos hasta con penas de entre 5, 7 y 8 años de cárcel. Dicho artículo del Código Penal fue “utilizado mediante una instrucción de la Fiscalía durante los Gobiernos del PP, contra los sindicalistas que participan en piquetes”, aplicándose como “una forma de persecución y criminalización del ejercicio del derecho de huelga”, afirma el sindicato.

UGT recuerda los casos de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o los de Airbús, Arcelor, Baleares, y un largo etcétera y reclama que de igual forma se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza.

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