Durante los meses de julio, agosto y septiembre, en la Comunidad de Madrid, se adjudicaron un total de 257 contratos por un importe total de licitación de algo más de 157 millones de euros (157.118.783,97), con una rebaja media del 24,4%, lo que ha supuesto que, de los presupuestos destinados a contratación pública, se hayan dejado de gastar más de 38 millones de euros (38.410.844,60).
Así lo recoge el informe elaborado por el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, hecho público esta semana por CCOO de Madrid.
Del total de contratos adjudicados en el periodo que se presenta, la Administración General del Estado ha sido la responsable de gestionar 138 contratos que suponen el 54% del total, la Comunidad de Madrid y sus organizaciones dependientes ha adjudicado 28 concursos (11%) y las entidades locales han completado un total de 91 procedimientos que representan el 35%.
En relación a los importes de adjudicación, de las tres administraciones han sido las entidades locales las responsables de la mayor cuantía de licitación (101.185.349 euros), sin embargo, en los procesos de adjudicación, de esta cantidad se han adjudicado 73.022.302 euros, lo que supone que se ha aplicado un recorte del 27,8% y se dejan de gestionar 28.163.046 euros.
Por su parte la Administración central ha gestionado un total de 50.441.476 euros, quedando reducidos en la adjudicación final a 40.790.236 euros, recortando por tanto 9.651.239 euros, un 19,1%.
Por último, los organismos dependientes de la Comunidad de Madrid son los que menor cuantía han licitado, un total de 5.491.958 euros, y han adjudicado 4.895.399 euros, lo que supone una reducción de 596.558 euros y un porcentaje del 10,9%.
DIFERENCIAS CUANTIOSAS POR SECTORES
El informe del Observatorio constata las diferencias cuantiosas en los sectores, destacando las registradas en contratos de obras de construcción, que alcanzan hasta el 31% sobre el precio base de licitación. También la contratación de servicios de seguridad privada se ha visto afectada por reducciones de precio que, como media, han sido del 19,4%, o las de jardinería con un 19,3%.
De los procedimientos adjudicados en las distintas actividades, se han identificado algunos ejemplos que incluso sobrepasan las cifras de rebajas indicadas. Como ejemplo, la contratación de servicios de seguridad privada realizados en el mes de julio por el Ministerio de Defensa que, con un valor inicial de 3,6 millones de euros, se ha adjudicado aplicando una rebaja del 34,2%, lo que ha supuesto dejar de gastar 1,2 millones de euros.
Otro ejemplo de rebajas aplicadas, en este caso para la realización de obras de construcción, es un concurso de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que en el mes de julio ha contratado con una reducción del 27,7% en el precio de licitación equivalente a un recorte de 160.811,55 euros (de 580.304,72 euros a 419.493,17 euros). O el Ayuntamiento de Madrid, que ha adjudicado con una reducción del 34% la realización de obras de construcción cuyo precio base era de 63,5 millones de euros, lo que se ha traduce en una minoración del presupuesto de 21,5 millones.
Pedro Garijo, secretario general de CCOO de la federación en Madrid, ha reivindicado la presencia sindical en los procesos de licitaciones públicas en las fases previas de la elaboración, a través de mesas específicas, donde se puedan plantear propuestas concretas sobre los servicios y sobre las condiciones laborales, no posteriormente una vez aprobados y publicados los pliegos, lo que sin duda disminuiría de manera significativa la litigiosidad de los procesos.
Para Vicente Sánchez, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, la contratación pública a través de las licitaciones ofrece a las administraciones una oportunidad para contribuir a la creación de empleo y a la calidad del mismo.
En este sentido Sánchez ha comentado que “los recortes aplicados en las licitaciones son incompatibles con el empleo y las condiciones laborales, esto lo permite la ley desindexación que repercute en la empleabilidad y merma los derechos de las personas ocupadas”, y ha concluido solicitando la derogación de esta ley de desindexación.
Fuente: CCOO
