Los Técnicos del Ministerio de Hacienda venimos pidiendo esa inspección a la Agencia Tributaria desde hace tres años, cuando aparecieron las primeras conversaciones entre el Comisario Villarejo y Corinna Larsen, de las que se desprendían, a nuestro juicio, indicios suficientes para abrir esa investigación; también en su momento la Fiscalía Anticorrupción lo hizo constar en un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional que llevaba la pieza separada que se abrió al respecto.
La Fiscalía avanzaba, incluso, que esta inspección podría acabar con la denuncia por delito fiscal.
Sin embargo, tras la regularización presentada ante Hacienda hace unos meses, ya sabíamos que la Agencia Tributaria había requerido determinada información a los abogados del monarca. Eran declaraciones complementarias que habían presentado los abogados que habrían regularizado los importes percibidos de la Fundación Zagatka por el pago de gastos de viaje y servicios prestados.
Las comprobaciones de la Agencia Tributaria de que esa regularización sea completa y veraz y, por tanto, puede desplegar todos sus efectos liberatorios, estarían ahora en el proceso de aclarar o justificar todos los datos y documentos relativos a las declaraciones y autoliquidaciones presentadas.
No obstante, hay cierta confusión en las noticias publicadas sobre si estamos ante un procedimiento de verificación de datos o se habría abierto uno de inspección, o simplemente se elaborará un informe sobre la regularización con carácter previo a abrir un procedimiento o tomar cualquier decisión.
Es perfectamente compatible iniciar un procedimiento de inspección de Hacienda, como siempre ha sido, porque hasta la fecha no se ha interpuesto una querella o denuncia por la Fiscalía, ni el Tribunal Supremo ha iniciado actuaciones judiciales. Las investigaciones de la fiscalía tienen carácter “preprocesal” y no conllevan necesariamente la posterior incoación de un procedimiento judicial, por lo que no excluyen la posibilidad de que se inicie una inspección. Otra cuestión es que la AEAT y la Fiscalía del Tribunal Supremo deben coordinar sus actuaciones en todo momento para avanzar en la investigación.
Sea como fuese, lo cierto es que, si se hubiera abierto un procedimiento de inspección de comprobación e investigación tributaria, como se está publicando, solo podría concluir de una de estas formas:
-Un Acta de conformidad, con la situación fiscal “comprobada y conforme”, de manera que se entenderá que esos años a los que se refiere la inspección son correctos desde el punto de vista fiscal, tanto con las declaraciones originales como con las complementarias.
-Liquidación por parte de la Agencia Tributaria, que a la vista de las cantidades que están en juego llevarían consigo la denuncia por delito o delitos agravados contra la Hacienda Pública.
Otro aspecto que habría que conocer es sobre los años a los que se estaría refiriendo. Conocer si son los mismos a los que afectaban las declaraciones complementarias presentadas en la regularización o si son otros.
En cualquier caso, esa compatibilidad de la apertura de una inspección de Hacienda con las diligencias de investigación de la Fiscalía es algo que algún inspector, autoproclamado portavoz de la Agencia Tributaria, había negado, rechazando esa posibilidad y argumentando que Hacienda no ha actuado antes porque la Ley impide esa actuación de la Agencia Tributaria, oponiéndose de esta forma pueril a la reiterada petición de Gestha.
Si, efectivamente, se ha abierto esa inspección, lo que no se planteó hace ya tres años cuando aparecieron los primeros indicios de posibles irregularidades tributarias, la Agencia Tributaria confirmaría que ahora considera posible compatibilizar la investigación de Hacienda con la de la Fiscalía, como se había producido antes sobre otros ciudadanos.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
