Aunque Hans Kelsen es conocido por su Teoría Pura del Derecho con la que pretendía excluir de la Ciencia jurídica todo componente ideológico o político, también escribió muy interesantes obras sobre la dimensión política del Estado. Entre estas últimas, una obra destaca por su brillantez y al mismo tiempo por su claridad, Esencia y valor de la democracia que se publicó por vez primera en 1920 y en España en 1934. En esta obra Kelsen defiende la democracia parlamentaria que comporta admitir el principio de mayoría que, a su vez, conduce al juego de mayorías y minorías. Esta idea es, sin duda, una de las más potentes del Kelsen y un siglo después sigue caracterizando a la democracia porque significa admitir la legitimidad del adversario político, lo que conlleva, a su vez, no sólo la noción de pluralismo sino, incluso, yendo más lejos, la relatividad de los valores pues todos son valiosos y legítimos.
Esta mínima síntesis de una de las obras más brillantes de la Teoría Política del siglo XX nos puede ayudar a entender la labor desleal que practica el Partido Popular y su máximo dirigente, Pablo Casado, contra el Gobierno y el partido que lo apoya pero también, y esto es lo importante contra la democracia constitucional española.
Antes de exponer las conductas desleales de Pablo Casado y de su partido, conviene recordar que la derecha española, a diferencia de las derechas de países de más larga tradición democrática, arrastra un defecto que no logra superar. Me refiero a la concepción de que el Poder corresponde, por Derecho natural, a los partidos de derechas y a las clases que éstos defienden. Ergo cuando gobiernan las izquierdas (aunque sean tan responsables como lo ha sido siempre el PSOE) están gobernando unos impostores o unos advenedizos. Luego, los partidos de izquierda que gobiernan carecen de toda legitimidad y hay que recordárselo a esos parvenus que gobiernan y a la población en general. SÓLO LAS DERECHAS Y LAS CLASES CUYOS INTERESES DEFIENDEN TIENEN DERECHO A GOBERNAR.
Con ese punto de partida, las derechas creen que la izquierda les ha robado el Gobierno y así lo sigue expresando hoy José María Aznar. Lo dijeron en 2004, donde se inventaron aquella gran mentira de que el atentado islamista lo había realizado ETA y lo han vuelto a decir en 2018 con la moción de censura que derribó a Rajoy. Y con esa mentalidad siguen Casado y una parte del Partido Popular y de sus afiliados. ¿Cómo se expresa? En todo aquello que a la postre supone un comportamiento desleal hacia la democracia y hacia el Estado.
Que en medio de la peor crisis sanitaria que ha padecido el mundo desde 1918 un partido quiera derribar a un Gobierno aprovechando la debilidad del Estado no sólo es políticamente criticable. Es, sobre todo, éticamente reprobable pues la moral pública no permite comportamientos ventajistas
En primer lugar, Casado y el Partido Popular son desleales porque durante todo el estado de alarma declarado para hacer frente al Covid-19 han intentado derribar al Gobierno. Al socaire de la gran crisis mundial del siglo XXI Casado y su partido han intentado tejer una red de contactos con antiguos dirigentes del PSOE, con empresarios y con cierta prensa para desplazar del Gobierno al Presidente Sánchez. Con la estructura constitucional española esa operación sólo hubiera sido posible si se compraba a un elevado número de Diputados del PSOE o de Podemos, pero eso era muy difícil porque una cosa es comprar a dos Diputados corruptos, como Tamayo y Sáez, y otra convencer a un número elevado de parlamentarios. La operación no tenía posibilidad de prosperar pero el Partido Popular la intentó (Javier García Fernández: “La oposición en tiempos del cólera”, Sistema Digital, 10 de abril de 2020). Y como no lo consiguió siguió buscando la forma de poner en situación difícil al Gobierno, para lo cual, con la inicial concurrencia de Esquerra Republicana, intentó en mayo de 2020, oponerse a la prórroga del estado de alarma después de varias prórrogas que no habían suscitado ninguna duda. Lo que ha tenido consecuencias claramente negativas para la lucha contra la pandemia, porque obligó al Gobierno a cambiar la táctica jurídica para salir de la trampa que suponía la denegación parlamentaria de la prórroga.
Que en medio de la peor crisis sanitaria que ha padecido el mundo desde 1918 un partido quiera derribar a un Gobierno aprovechando la debilidad del Estado no sólo es políticamente criticable. Es, sobre todo, éticamente reprobable pues la moral pública no permite comportamientos ventajistas.
El segundo motivo que nos muestra la deslealtad constitucional del Partido Popular tiene relación con el primero. Fue la presión del partido de Casado para que la Unión Europea no concediera a España los fondos de recuperación o, de concederlos, que no se permita administrarlos al Gobierno. Para ello, cual nuevo Antonio Pérez, ha acudido a Europa, a Ursula von der Layen y al Partido Popular Europeo con apoyo de la Presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ex Ministra de Sanidad de Rajoy. Ya hemos comentado aquí (Javier García Fernández: “Deslealtad externa e interna”, Sistema Digital, 23 de abril de 2020; y “El fantasma de Antonio Pérez sigue recorriendo Europa”, Sistema Digital, 19 de junio de 2020) que la deslealtad aparece por partida doble: por desprestigiar a su país y por intentar que no llegaran los fondos de recuperación de la Unión Europea.
Por eso la derecha no se ha dado por enterada de la rápida transferencia de los fondos y de la llegada a Madrid de las dos principales figuras de la Unión Europea (los Presidentes de la Comisión y del Consejo, Ursula von der Layen y Charles Michel) para agradecer la participación de España en la evacuación de Afganistán. A este respecto, es interesante reproducir los titulares de la prensa madrileña de derechas: “Sánchez se luce con la UE y delega en sus Ministros el Congreso” (El Mundo. 22 de agosto de 2021) y “Sánchez se agarra a la UE ante el desdén [sic] de EEUU” (ABC, 22 de agosto de 2021).
El tercer ámbito donde aflora la profunda deslealtad constitucional del Partido Popular es en la renovación de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo). Ya hemos tratado muchas veces este tema, pero ahora conviene recordar dos cosas.
En el ámbito interior, el Partido Popular y su dirigente Casado están infringiendo muy gravemente la Constitución. Ya no es infringir el principio democrático, sino preceptos concretos de la Constitución y de la legislación que la desarrolla (artículos 122.5 y 159.3 más las Leyes orgánicas del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas) y con el único fin de que los órganos constitucionales sean más proclives a la derecha que la mayoría existente en el Parlamento. Es una manera de que Rajoy siga gobernando después de muerto. En el ámbito exterior, la derecha ha intentado, una vez más, manipular las instituciones europeas (Unión Europea y Consejo de Europa) y, al igual que los independentistas catalanes, intentar que esos órganos se inmiscuyan en la política interna de España y en la función de dirección política del Parlamento español. No lo han conseguido, a pesar de los mensajes mentirosos de la prensa conservadora de Madrid, pero el intento está ahí.
En este tema de la renovación de los órganos constitucionales el Partido Popular cambió varias veces su argumentario, desde el veto a las propuestas de Podemos (¿por qué?, ¿no es un partido parlamentario como el propio Partido Popular?), hasta el intento unilateral de cambiar el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial a gusto y capricho de un partido que no tiene mayoría parlamentaria pero quiere imponer sus opciones (sobre esto, Javier García Fernández: “Gobernar España desde la oposición”, Sistema Digital, 19 de febrero de 2020).
Finalmente, otro ámbito donde el Partido Popular practica la deslealtad constitucional es en la política de oposición al Gobierno que realizan los Gobiernos autonómicos populares, especialmente la Comunidad de Madrid. Emulando la deslealtad de los secesionistas catalanes, algunas Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha practican una política de confrontación con el Gobierno que es impropia de órganos territoriales y sólo se entiende en el caso de la oposición parlamentaria. El caso más sangrante es la Comunidad de Madrid pero incluso Comunidades Autónomas con Presidentes más moderados (como Galicia) aprovechan las ocasiones para ejercer una desleal oposición al Gobierno de la Nación. El tema es especialmente grave con la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica de Educación, que algunas Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha pretenden aplicar parcialmente o, incluso, rectificar. En esta materia, el Partido Popular y Casado incitan a los Gobiernos autonómicos a romper la lealtad constitucional que necesita el Estado autonómico.
Recientemente, el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido sentido de Estado al Partido Popular. Sería bueno para los españoles ese sentido de Estado, pero no parece que Casado (cuya única preocupación son los votos que le puede quitar Vox) entre por esa senda. Pero el Partido Popular es más que Casado, con su fragilidad y su inanidad. Y empieza a ser necesario que los dirigentes centristas del partido empiecen a exigir una política honesta, de lealtad constitucional que devuelva al Partido Popular a la democracia parlamentaria de la que se está saliendo.
