CCOO ha solicitado la fiscalización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por lo que considera “repartos arbitrarios de los excedentes de productividad entre los gestores y sus equipos directivos”.
En una nota, el sindicato informa que el pasado 29 de diciembre de 2019, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, autorizó de nuevo el abono de una paga discrecional de hasta 2.400 euros para directores, subdirectores y administradores de todos los centros penitenciarios del capítulo presupuestario de incentivos al rendimiento.
Es el tercer año consecutivo en que los remanentes de productividad se usan para crear una retribución nueva no amparada en la normativa y al margen de los programas de productividad establecidos.
Los puestos directivos de los centros penitenciarios ya cobran en nómina un complemento de productividad mensual que asciende a 285 euros para los directores y 228 para subdirectores y administradores de las prisiones. Además cobran otro complemento de productividad con carácter semestral dividido en 3 grupos de directivos: 1.081 euros para el Grupo I, 639 para el Grupo II y 95 euros para el Grupo III.
Estos bonus los gestores y equipos directivos superan cada año el límite legal presupuestario que fijan las correspondientes Leyes Generales de Presupuestos, denuncia el sindicato
Cada año se producen excedentes en la partida presupuestaria destinada a incentivos al rendimiento -fruto de jubilaciones, fallecimientos y otras situaciones- que la administración penitenciaria distribuye “sin seguir unos criterios objetivos y que aprovecha para dotar de un sobresueldo al personal de dirección”, denuncia el sindicato.
Según explica CCOO, “estos bonus tampoco premian la mejora en la calidad de la prestación del servicio público, ya que en este momento nuestros gestores son incapaces de atajar las numerosas muertes de internos en prisión, el aumento de las agresiones al personal penitenciario o el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria”.
Para el sindicato la administración “ha desnaturalizado la finalidad de estos incentivos, al justificar un abono con carácter generalista a todos los mandos de prisiones, de forma regular y periódica, en la nómina de diciembre de cada año y con carácter retroactivo a los doce meses anteriores. Al contrario de lo que sucede con el resto del personal penitenciario, con estos bonus los gestores y equipos directivos superan cada año el límite legal presupuestario que fijan las correspondientes Leyes Generales de Presupuestos”.
Desde el sindicato defienden que estos remanentes deben destinarse a recuperar el recorte del 5% que se produjo en el año 2010 en todos los programas de productividad que tiene Instituciones Penitenciarias, una posibilidad que establece la Ley General de Presupuestos vigente. “Durante la crisis, el esfuerzo ha sido soportado por todo el colectivo penitenciario, que trabaja en unas condiciones laborales muy precarizadas debido a la política de desmantelamiento que sigue el Ministerio del Interior con este servicio público esencial”, afirma.
Por todo ello, el sindicato ha denunciado esta situación ante el Tribunal de Cuentas, para que se realice una fiscalización de los últimos 4 años y se investigue la presunta responsabilidad contable en la que pudiera haber incurrido el secretario general de Instituciones Penitenciarias en el manejo de fondos públicos.
Las prisiones españolas encabezan el ranking de accidentes laborales en Europa
