CCOO manifiesta su contrariedad ante la posibilidad de que personal militar se integre en Prisiones tal y como está estudiando el Gobierno.
Este jueves se conocía que el ministerio de Interior está estudiando abrir el acceso de personal militar a los puestos civiles de Instituciones Penitenciarias, una medida que está negociando con el Ministerio de Defensa para cubrir el déficit estructural de 3.000 vacantes.
Esta medida -señala el sindicato-, “representaría una evidente involución del sistema penitenciario español, que nos aleja de los países europeos, donde hasta los menos avanzados en esta materia, como podría ser el caso de Rumanía, están abandonando la militarización”.
Recuerda en este sentido que el marco jurídico nacional y europeo exige que los trabajadores de las prisiones tengan la condición obligatoria de civiles y que estén altamente cualificados y especializados para cumplir su misión de seguridad y de reinserción con la población reclusa. “Por eso es inaudito que pretendan solucionar los problemas de personal del Ministerio de Defensa vaciando de contenido el ordenamiento constitucional de las cárceles”, denuncia.
CCOO considera que esta medida “limitaría el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad
Las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que “la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.
El sindicato también denuncia que esta iniciativa “se está barajando a espaldas de los representantes legales de los trabajadores”. De materializarse -advierte- “representaría una regresión en los derechos de negociación colectiva y de representación existentes en la Administración Penitenciaria y cambiaría el marco de relaciones laborales, al incorporarse un nuevo régimen militarizado”.
Para CCOO supondría “otra vuelta de tuerca en el empeoramiento de las condiciones laborales de los únicos que garantizan la reinserción, que son las trabajadoras y trabajadores penitenciarios, ya que limita el acceso al empleo público bajo condiciones de igualdad, mérito y capacidad y restringe la movilidad, la conciliación familiar o la carrera profesional del personal penitenciario, al ocupar los militares puestos estructurales”.
Por todo ello, desde CCOO se exige que se mantengan las Instituciones Penitenciarias con personal civil exclusivamente; “que se deje de vulnerar el derecho a la negociación colectiva” en Instituciones Penitenciarias; que el acceso al empleo público continúe siendo en condiciones de igualdad, mérito y capacidad; que se convoque una oferta de empleo público extraordinario para cubrir las casi 3.000 vacantes y que esa oferta sea de acceso libre para cualquier ciudadano que cumpla los requisitos; así como que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “convoque de forma extraordinaria y urgente” la mesa delegada de negociación para tratar estas medidas involucionistas.
