Las diligencias contra los presuntos autores de la trama contra el activista Juan Clavero siguen atascadas en el juzgado de Ubrique, en Cádiz.
Este lunes, 26 de agosto, se cumplieron dos años de la detención de Clavero, activista de Ecologistas en Acción, acusado de un delito de tráfico de drogas.
Según relatamos en estas mismas páginas, Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque al encontrar la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta, un asunto que ya de inicio levantó muchas sospechas y ante el que distintas fuerzas políticas y entidades sociales denunciaron como una “Burda trampa” para imputar a Clavero y anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema, del que Clavero fue el primer director.
A los pocos días de la detención, el juez instructor de Ubrique decidió el sobreseimiento de las actuaciones contra Clavero, al evidenciarse que había sido objeto de “actuaciones malintencionadas por parte de terceros” que colocaron droga en su vehículo, tal y como también recogió Nuevatribuna.
Pues bien, dos años después Ecologistas en Acción, personada en la causa, lamenta que “la penuria de recursos de los juzgados retrase las causas penales de tal forma que, cuando se llega a juicio y se dicta sentencia, el tiempo y las dilaciones atemperan las penas y las responsabilidades”.
En la trama están imputadas cuatro personas como presuntos organizadores de la trama. Se trata de José Miguel Herrera, administrador de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., Óscar González y Juan Luis Pérez Ramírez, capataces de las fincas de dicha sociedad, y Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en la furgoneta de Clavero.
Según denuncia la organización ecologista, a día de hoy, “las diligencias previas prosiguen con suma lentitud, debido a la falta de medios y recursos de juzgado de Ubrique”
Los cuatro imputados se negaron a declarar. El único que prestó declaración fue el cabo de la Guardia Civil que detuvo a Juan Clavero que reconoció que el atestado que firmó y que sirvió de base a la imputación del activista, contenía numerosas falsedades, y que la explicación que esgrimieron de que había sido detenido en un control rutinario, no era cierta. También reconoció que ocultó su reunión con José M. Herrera, en la que se preparó la detención de Juan Clavero, y que quedó grabada en la cámara de seguridad de un restaurante de El Bosque.
Según denuncia la organización ecologista, a día de hoy, “las diligencias previas prosiguen con suma lentitud, debido a la falta de medios y recursos de juzgado de Ubrique”. El juzgado debe investigar el listado de llamadas telefónicas entre todos los imputados el día de la detención de Clavero, y que se tome declaración de nuevo, pero en calidad de investigado, al cabo de la Guardia Civil, ya que tras su declaración “quedó en evidencia que no puso en su momento a disposición de la autoridad judicial toda la información de la que disponía, que falsificó el atestado, y todo a pesar de que tenía plena constancia de que con ello se le imputaría un delito contra la salud pública a Clavero”. Por todo ello, el cabo podría haber incurrido en un presunto delito de cooperación necesaria en denuncia falsa, señala Ecologistas en Acción.
