Apoyo sindical a las propuestas fiscales del gobierno de coalición

CCOO venía manifestando su honda preocupación por la irresponsabilidad que suponía la carrera demagógica por plantear bajadas generalizadas de impuestos.

En ese marco conceptual, parecía que la única propuesta fiscal que tomaba cuerpo era la subasta a la baja de diversos impuestos, entre ellos los de patrimonio que afectan a las rentas más altas.

España no puede disminuir la recaudación fiscal

Cabe recordar que nuestro país no tiene margen para disminuir la recaudación impositiva global. La trampa anti-impuestos que se venía planteando desde la derecha política y económica dificultaba el proceso de consolidación fiscal a medio y largo plazo de España, y agravaba riesgos en la futura evolución de la prima de riesgo en un país como el nuestro, cuya deuda pública supone en torno al 117% del PIB.

La progresividad (que pague más el que más tiene) y la suficiencia (hacen falta los recursos necesarios para acometer las políticas públicas), exigía tomar medidas sobre las rentas altas, los rendimientos del capital y los excedentes empresariales

En definitiva un camino sin retorno que iría situando las bases de futuros recortes sociales, así como la privatización o el deterioro de servicios públicos. Se trataba de aprovechar la desesperación que provoca una inflación que merma los recursos reales de las familias, la clase trabajadora y la ciudadanía en general, para colar el deterioro de la estructura de ingresos de un país que (no lo olvidemos) recauda cada año entre 6 y 7 puntos menos de PIB que la media de los países de la eurozona.

Desde esta perspectiva, y ante el riesgo de contagio del populismo fiscal incluso a gobiernos autonómicos de carácter progresista ante la cercanía de sus citas electorales, el Gobierno tenía la obligación de actuar y hacer una propuesta que cambiara el marco de referencia de “la bajada de impuestos”, por  otro marco distinto: “la necesidad de favorecer la renta disponible de las rentas medias y bajas, no puede ir en detrimento del volumen global de recaudación".

Estas medidas, como otras tomadas desde la escalada de precios relacionadas con las consecuencias de la invasión de Ucrania, no pueden ocultar la necesidad de reformas de nuestro sistema fiscal de carácter estructural

Y ese juego no podía dejar a todos indemnes. La progresividad (que pague más el que más tiene) y la suficiencia (hacen falta los recursos necesarios para acometer las políticas públicas), exigía tomar medidas sobre las rentas altas, los rendimientos del capital y los excedentes empresariales.

Y el plan fiscal planteado por el Gobierno tiene algunas de esas virtudes, aunque también algunas insuficiencias y algunas incertidumbres.

Estas medidas, como otras tomadas desde la escalada de precios relacionadas con las consecuencias de la invasión de Ucrania, no pueden ocultar la necesidad de reformas de nuestro sistema fiscal de carácter estructural y modernizador en el marco de una economía crecientemente digitalizada, que abunden en los citados principios de progresividad y suficiencia. Ni la emergencia de la situación, ni la coyuntural bonanza de la recaudación,  deben hacer perder esa perspectiva.

Claros, oscuros, e incógnitas en el plan fiscal

La reforma tiene claros, oscuros, e incógnitas por resolver hasta que no se conozca el detalle. Entre los claros están el trasvase de contribución fiscal de las rentas medias (ampliación de deducción por rendimientos del trabajo) a las altas (aumento de la imposición de los rendimientos del capital por encima de 200.000€, impuesto temporal a las grandes fortunas que no tributen en patrimonio y rebaja de la deducción por pérdidas de los grupos consolidados), o que se recorte la imposición indirecta (IVA higiene menstrual y anticoncepción del 10% al 4%). Esto deviene en un sistema tributario más progresivo, lo cual es positivo.

Entre los oscuros está que la rebaja de impuestos a asalariados, autónomos (rebaja de 2 puntos en la reducción de rendimientos netos de la estimación directa simplificada y de 5 puntos en la reducción de módulos, así como la prórroga de límites para la aplicación de módulos) y PYMEs (rebaja del 25% al 23% del IS a las empresas con una cifra de negocio inferior al millón de euros) se lleva a cabo en un país con una muy baja contribución fiscal, 6 puntos del PIB por debajo de la media de la Eurozona.

La reforma no contribuye a cerrar esta importante brecha en 2023, ni tampoco más allá de 2024, si no se mantiene el impuesto solidario sobre las grandes fortunas que tiene una naturaleza temporal y sobre el que existen dudas de que no invada competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Tampoco ayuda a crear cultura fiscal. Será difícil volver a elevar estas deducciones, aunque su finalidad fuera atender una situación extraordinaria generada por la alta inflación. Sería por tanto deseable que algunas de estas figuras impositivas como el llamado “impuesto solidario” se mantuvieran de forma permanente y que se le busque, en su caso, el encaje jurídico correcto.

Tal vez la reforma no tendrá un efecto neutral en las cuentas de 2023, pues las rebajas son más automáticas que las mejoras de ingresos, pero posiblemente esto sí ocurra en un marco bianual, aunque habrá que esperar a conocer el detalle para tener una evaluación precisa. En cualquier caso, la neutralidad fiscal de la reforma no avanza en la mejora de la suficiencia estructural de un sector público con un abultado déficit (83.000 millones) y deuda (117% del PIB). En un contexto, además, adverso de subida de tipos y de posible aumento del gasto público ante la fuerte desaceleración de la actividad económica prevista.

La deducción por rendimientos del trabajo se amplía de 16.825€ a 19.750€. Constituye la rebaja más voluminosa de la recaudación. Beneficiará entorno a 4,6 millones de asalariados y supondrá una rebaja media en 2023 de en torno a 350 euros. Como resultado de la ampliación de la deducción, aquellos con un sueldo inferior a 15.000€ dejarán de pagar IRPF, cuando con el anterior límite no lo pagaban quienes ganaba menos de 14.000€. Esto último parece razonable para evitar la tributación del salario mínimo, aunque podría haberse articulado de una forma menos gravosa para el erario público.

Los afectados por la subida de la imposición de los rendimientos del capital solo afecta a aquellos con rendimiento superiores a 200.000€, a 17.814 contribuyentes y aportara 204 millones de euros. Si esta medida hubiera incluido a aquellos con rendimiento superiores a 60.000€ hubiera afectado al doble de contribuyentes y comprendido el 76% de la base imponible por este tipo de rendimientos.

Las medidas más importantes de mejora de los ingresos son la rebaja de la consolidación de pérdidas en el impuesto de sociedades y el impuesto extraordinario sobre grandes fortunas para patrimonio netos superiores a tres millones de euros y del que es deducible el impuesto sobre el patrimonio. Cuando estén completamente desplegadas podrían reportar en torno a 3.600 millones de euros, aunque el impuesto sobre grades fortunas plantea dudas sobre su aplicabilidad.

UGT por su parte  ha manifestado su rechazo a la irresponsable carrera de rebajas fiscales en la que se en embarcado algunas administraciones territoriales, que reducen la capacidad recaudatoria y aumentan la injusticia de nuestro sistema fiscal.

Considera suponen un ataque al estado de bienestar, puesto que merman la base de su financiación y sostenibilidad. Rebajar impuestos de manera general a las personas y empresas con más recursos es, sencillamente, inaceptable por injusto e ineficaz para atacar los problemas de nuestra economía (inflación, esencialmente) y se inclinan por las medidas de apoyo a las clases más desfavorecidas y dañadas por el aumento de los precios provengan de ayudas directas selectivas y subvenciones temporales a los suministros y servicios esenciales (luz, gas, transporte público, vivienda).

Este incremento de recaudación puede servir para financiar algunas de las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania e implementar otras, como el Fondo de protección frente al aumento excesivo del coste hipotecario

En este contexto de carrera fiscal a la baja, el Gobierno ha anunciado un paquete de medidas fiscales que, en términos generales, se aleja de esta nociva tendencia a la baja, sobre todo en el IRPF, en el IVA, y en la tributación sobre las grandes fortunas, donde se encuentran sus mayores aciertos. En estos ámbitos, sus principales medidas se dirigen a minorar temporalmente la carga tributaria esencialmente a las rentas bajas y medias, y elevarla a las personas y empresas con mayores rentas y patrimonio. En este sentido, son medidas que caminan en el sentido correcto, ya que corrigen parcialmente alguno de los desmanes efectuados en algunas comunidades autónomas (Impuesto sobre el Patrimonio) y pueden ayudar a mejorar globalmente la recaudación y la progresividad de nuestro sistema fiscal. No obstante, el impacto positivo calculado por el gobierno parece excesivo, y otras actuaciones no parecen adecuadas, sobre todo las propuestas en el Impuesto sobre Sociedades.

Según los datos del gobierno, las medidas podrían 3.144 millones más en los próximos dos años, mejorando algo nuestro déficit en esta materia que, con datos de Eurostat de 2020 (un año atípico por la caída de la producción que implicó la pandemia) era de 3,8 puntos de PIB Comentarios a las medidas fiscales anunciadas por el gobierno Secretaría Recursos y Estudio. Servicio de Estudios de la Confederación 3 (unos 46.000 millones de euros anuales), pero que en 2019 (un año más homologable con la normalidad) era de 5,6 puntos de PIB (unos 68.000 millones de euros).

Este incremento de recaudación puede servir para financiar algunas de las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania e implementar otras, como el Fondo de protección frente al aumento excesivo del coste hipotecario que hemos propuesto desde UGT.

No obstante reiteran la necesidad de acometer una reforma fiscal integral, en lugar de los sucesivos parches que se vienen implementando en los últimos años, que suponga una mejora estructural de la capacidad de recaudación de nuestro sistema y un avance en la progresividad del mismo, haciendo que paguen proporcionalmente más quienes más capacidad de pago poseen (personas y empresas). Así lo plasmamos en el documento Por unos tributos más potentes y justos de agosto de 2021, que entregamos entonces al Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario, y cuyas líneas maestras siguen estando vigentes.

Resumen y valoración de las propuestas concretas IRPF -

Subida de los tipos para las rentas de capital superiores a los 200.000 euros, pasando del 26% al 27% y, para las rentas que superen los 300.000 euros, el 28%. Es una medida muy positiva, puesto que una de las grandes disfunciones del impuesto español es el distinto gravamen que poseen las rentas del trabajo y las de capital, siendo muy favorable a estas últimas, lo que tiene un impacto fuertemente regresivo - Ampliación del límite para beneficiarse de la reducción por rendimientos del trabajo de los 18.000 euros actuales a los 21.000 euros (cifra similar al salario mediano del país, el que determina que la mitad de la población cobra menos de esa cifra y la otra mitad más).

En el contexto actual, en el que los salarios están sufriendo una enorme merma de poder de compra, es una actuación adecuada, aunque no soluciona en absoluto los problemas cotidianos de la insuficiencia salarial. -

Elevación del “mínimo exento” de 14.000 a 15.000 euros. Es una medida positiva, que favorece a las rentas salariales más bajas, y en particular a quienes cobran en el entorno del salario mínimo. -

Reducción de 5 puntos de los rendimientos netos de los módulos de autónomos y, para aquellos en estimación directa simplificada, aumento de la reducción de gastos deducibles de difícil justificación del 5% al 7%. Aunque ciertamente muchos autónomos están sufriendo dificultades por el aumento de costes, entendemos que esta no es la vía adecuada para reparar puntualmente esta circunstancia, porque se inserta en un sistema de tributación (módulos) muy ineficiente que habría que eliminar.

Impuesto sobre Sociedades - Reducción del tipo nominal del 25% al 23% para las empresas con una facturación inferior al millón de euros. Es una medida inadecuada, que no discrimina entre las empresas en dificultades o no, y que supone una rebaja en un impuesto cuya recaudación ya está bajo mínimos.

Limitación en un 50% de la compensación de pérdidas de filiales en un grupo societario consolidado. El principal agujero fiscal del Impuesto sobre Sociedades está en los grupos societarios, por lo que es adecuado actuar para que eleven sus aportaciones. Sin embargo, la medida propuesta parece que simplemente difiere este beneficio en el tiempo. Si esto se confirma, tan solo supondría retrasar el beneficio fiscal de estas, por lo que no cabe computarlo como aumento de ingresos. Imposición sobre la riqueza.

Creación de un impuesto destinado a gravar la riqueza de aquellos patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros. Se crearían tres tramos a partir de esa cantidad, comenzando el último tramo para las fortunas que superen los 10 millones de euros. Los tipos impositivos irían desde el 1,7% hasta el 3,5%.  Este nuevo tributo compartirá la base imponible aplicable al Impuesto de Patrimonio y permitirá deducirse el pago de la cuota del Impuesto de Patrimonio, de manera que se evite la doble imposición por el mismo concepto de gravamen.

Según la información publicada por el Gobierno, este impuesto tiene una recaudación potencial de 1.500 millones y afectará a 23.000 contribuyentes.  Es, sin duda, la medida más importante del paquete, muy necesaria, y que ataca directamente la peligrosa desfiscalización en esta materia llevada a cabo en algunas Comunidades. De este modo, lo que dejen de recaudar estos territorios por este concepto, lo recaudará el Estado central con esta nueva figura.

IVA - Rebaja al 4% del IVA a compresas y tampones. Es una medida necesaria, que repara una injusticia fiscal con las mujeres