martes. 23.07.2024
sanchez
Pedro Sánchez en el pleno del Congreso.

La apertura del nuevo curso político nos va a deparar, sin lugar a duda, acontecimientos apasionantes en los próximos meses. La última remodelación del Gobierno y el comienzo del otoño han dado paso a la segunda parte de la legislatura. Atrás han quedado el debate sobre la composición del Gobierno de coalición (estéril por la falta de alternativas), la presencia de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno y, finalmente, la salida del vicepresidente Pablo Iglesias del Ejecutivo del Estado.

En este marco, y a pesar de las muchas dificultades existentes, todo indica que Pedro Sánchez acabará la legislatura -si mueve bien sus cartas y no comete grandes errores-, a pesar de la nefasta oposición del PP, la actitud incomprensible y suicida de Ciudadanos y la aberrante política montaraz practicada por la ultraderecha. Tal vez sea la política de oposición del PP, si es que se la puede calificar de política, la que más llama la atención. Precisamente, es la ausencia regular de ésta lo que más desestabiliza la convivencia democrática en nuestro país. No es cuestión de que sea más o menos dura, sino de que no existe. El PP entiende la labor de oposición como un interregno en el que no está en el poder y, por lo tanto, lo vive como una campaña electoral permanente, al margen de la visión de Estado y de los valores democráticos comunes. Resulta verdaderamente obsceno, que esté utilizando cualquier medio a su alcance para desgastar y derribar al Gobierno, legítimamente constituido. El PP está convencido de que el poder pertenece por naturaleza a la derecha y, por lo tanto, cuando lo tiene la izquierda considera que lo ejerce de manera ilegítima (“social comunistas” y “okupas”).

Eso explica que el principal partido de la oposición se oponga frontalmente al incremento de las pensiones (conforme al coste de la vida y a pesar de ser acordado también por sindicatos y empresarios), a que suba 15 euros el SMI y a las normas del Gobierno que reducen el encarecimiento del precio de la factura eléctrica. Y, lo que es más grave, utilice lamentablemente su capacidad de bloqueo en la renovación pendiente de importantes instituciones del Estado: Consejo General del Poder judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Consejo de Administración de RTVE. Lo más grotesco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es que utiliza la excusa de que es necesario revisar la legislación, cuando en realidad encubre que la relación de fuerzas actual le perjudica notablemente en la mencionada renovación. Por eso, no es extraño que algunos califiquen esta política de desleal al Gobierno e, incluso, de un auténtico golpe de Estado a la democracia.

Aproximarnos a un breve análisis de la política del partido mayoritario en el Gobierno (PSOE), requiere diferenciar a fondo la política interna practicada de la propia acción del Gobierno. La política organizativa, salvo excepciones en algunas Comunidades Autónomas (CCAA), no cumple ni de lejos con las expectativas generadas en los debates celebrados en las pasadas “primarias”, donde se eligió a Pedro Sánchez como flamante secretario general del PSOE. No debemos olvidar que Pedro contó con el apoyo, entre otros, de un número significativo de prestigiosos sindicalistas de UGT y también de CCOO y prometió fortalecer la democracia interna y el instrumento de partido, además de defender sin reservas las ideas socialdemócratas.

En estos momentos se puede constatar que el PSOE, prácticamente, ha desaparecido como partido, al verse subsumido en la acción del Gobierno. La apertura de las Casas del Pueblo a los ciudadanos, el debate político, la participación de los militantes, la rendición de cuentas (abordando, incluso, la acumulación de cargos y las puertas giratorias) y el respeto a la democracia interna han sido de hecho eliminados. La situación orgánica, particularmente en Madrid, resulta dramática, sobre todo después de la intervención desafortunada de La Moncloa en la última campaña electoral, la ineficaz oposición política practicada, la escasa ilusión transmitida por los candidatos a la alcaldía y al gobierno de la Comunidad de Madrid y, finalmente, el espectacular desplome de los resultados obtenidos el pasado 4 de mayo. Todo indica, además, que estos problemas no se van a resolver en el próximo congreso federal del PSOE (entre el 15 y 17 de octubre), ni tampoco en el congreso de Madrid, que se celebrará posteriormente en noviembre. Por eso, no resultan extrañas ni exageradas las críticas que se realizan por muchos militantes en este sentido. Sobre todo, cuando, además, todo ello resulta compatible con la enorme concentración de poder que acumula Pedro Sánchez (“centralismo democrático”), mucho mayor que la que tuvo en su día Felipe González apoyado por Alfonso Guerra.

En UP también destacan sus limitaciones organizativas y su dificultad para estar presente con sus siglas en todas las CCAA. La consolidación de los inscritos y la integración de los activistas relacionados con el 15-M está resultando muy problemática, por el “hiper liderazgo” que ha sufrido UP, en contradicción con los orígenes, las organizaciones que conformaron el movimiento del 15-M y los valores identitarios de democracia interna que han defendido siempre. Además, el impulso a la democracia interna está muy condicionado por la dependencia de la tecnología y de las redes sociales, ante la fuerte carencia de espacios públicos (sedes del partido), que faciliten el debate y la participación directa de los militantes, lo que vacía de contenido las tareas de organización, difusión de proyectos e ideas, crecimiento e implantación del partido en el tejido social.

Todo ello, al margen del problema generado por la salida de Pablo Iglesias y la urgencia de consolidar el liderazgo del partido y la candidatura para las futuras elecciones generales. En relación con este punto, es digno de mención el movimiento exploratorio de Yolanda Díez encaminado a constituir una plataforma electoral más amplia donde confluyan varios partidos y movimientos sociales, que ensanchen su espacio a la izquierda del PSOE. En definitiva, un proyecto nuevo que trascienda las fronteras de UP y que, sin lugar a duda, traerá consecuencias muy importantes sobre las que habrá que estar atentos.

En cuanto a la política del Gobierno, la situación es bien distinta. A pesar de los errores cometidos, no debemos olvidar que Pedro Sánchez se ha visto obligado a gobernar en un contexto particularmente difícil: pandemia, crisis económica y social, desempleo, alta precariedad, servicios públicos con profundas carencias y limitaciones, elevado fraude fiscal, fuerte inmigración, refugiados políticos, Cataluña, oposición brutal y sin visión de Estado de “las derechas” …

Por eso, en este difícil contexto político, económico y social la valoración del Gobierno de coalición se puede considerar moderadamente positiva: ERTE, SMI, ayudas a las PYME y autónomos, acuerdo sobre pensiones, financiación a CCAA y ayuntamientos, Ingreso Mínimo Vital, protección por desempleo, política de desahucios, respuesta al incremento abusivo del precio de la energía eléctrica…

A partir de la situación presente, el Gobierno tiene que abordar una serie de retos mayúsculos que van a marcar la segunda parte de la legislatura: continuar la lucha contra la pandemia (concluir el proceso de vacunación), repartir y gestionar bien los fondos que se vayan recibiendo de la UE, aprobar los PGE- 2022, derogar las últimas reformas laborales (revisar a fondo la precariedad de nuestro mercado de trabajo, las políticas activas de empleo, los servicios públicos de empleo y propiciar el cambio de nuestro modelo productivo), así como tratar con urgencia el intolerable desempleo juvenil, las pensiones, la política fiscal, los servicios públicos (educación y sanidad), la digitalización de nuestra economía, la transición energética, el envejecimiento, la brecha entre generaciones, la vivienda y el alquiler social.

Sin olvidar incrementar su protagonismo en la UE, ante los retos que se avecinan: las relaciones con el poder emergente de China; la política de defensa europea, independiente de EEUU; la recomposición interna en la UE, después del Brexit… A lo que hay que añadir los numerosos asuntos de fricción con Marruecos, que la clase política y la ciudadanía tratan como muy lejanos, y con un inconsciente distanciamiento, a pesar de la enorme repercusión interna que, directa e indirectamente, tienen y seguirán teniendo en nuestro país. Por eso, es urgente el restablecimiento pleno de las relaciones con Marruecos, ante su política hostil y agresiva relacionada con el Sáhara, utilizando aviesamente el fenómeno de la emigración, a pesar de que España respeta escrupulosamente las resoluciones de la ONU.

En definitiva, la recuperación económica y social deberá ser una realidad para todos. Los ciudadanos deben visualizar con claridad los efectos de la recuperación económica y social y percibir que el Gobierno se preocupa de la gran mayoría de la población, sobre todo de las personas más vulnerables. Por eso, en este contexto político, la lucha contra las desigualdades y el reparto de la riqueza deben presidir la acción del Gobierno, teniendo en cuenta que engloban los asuntos económicos y sociales más relevantes, incluso para garantizar la eficiencia de nuestra economía. Solamente así el Gobierno volverá a tener el apoyo de la ciudadanía en los futuros procesos electorales.

Todo ello debe resultar compatible con la defensa de las libertades, la separación de poderes, la igualdad, el respeto de los derechos humanos (migraciones y refugiados políticos) y, finalmente, con el diálogo político que proceda para resolver el problema de Cataluña, desde el respeto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la perspectiva de establecer un Estado federal. En este sentido, la mesa de diálogo social se considera el único instrumento capaz, en estos momentos, de superar la fractura abierta por el “Procés” -en la sociedad catalana y en la española-, lo que ha terminado por alimentar la aparición de fuerzas políticas extremas y contrarias al Sistema constitucional, de carácter ultranacionalista, que están poniendo en grave riesgo la convivencia democrática.

En todo caso, la política del Gobierno debe respetar el acuerdo de legislatura firmado entre el PSOE y UP. No faltarán presiones para frenar algunas medidas desde el mundo empresarial (la negativa de la CEOE a firmar el incremento del SMI y a derogar las reformas laborales es significativa) y, sobre todo, desde los partidos de “derechas”. Tampoco faltarán presiones desde las propias filas socialistas en base a una idea muy extendida entre algunos dirigentes, que apuestan por “centrar” la política del gobierno (por ejemplo, no subiendo impuestos y no siendo tan tolerantes con los emigrantes) entendiendo que eso favorece las expectativas electorales del PSOE. Lógicamente, eso derechizaría la política del Gobierno, con los efectos que ello comportaría para los más desfavorecidos e, inclusive, para la aplicación de una política socialdemócrata, que garantice el estado de bienestar social.

Una política de estas características -supeditada a los poderes fácticos y mediáticos- terminaría por ser contestada por los sindicatos y defraudaría a muchos ciudadanos que apuestan por una política social más audaz y comprometida con los más débiles. En este sentido, cobra plena actualidad el grito -que partió en su día de los jóvenes socialistas- a Pedro Sánchez: “Pedro, no nos falles”. Sobre todo, después de los resultados relevantes obtenidos por la socialdemocracia en Alemania, capaces por si solos de generar ilusión, esperanza y compromiso en defensa de una reiterada y compartida afirmación de las fuerzas más progresistas: “Un mundo más justo y mejor es posible”.

Apertura del nuevo curso político