Anticapitalistas ha anunciado que impulsará una campaña para pedir un referéndum sobre vivienda y eléctricas: “Decidamos sobre nuestras vidas, pongamos la economía al servicio de la gente”, reclama la organización.
El objetivo de la campaña es reclamar al Gobierno la convocatoria de un referéndum para “que sea la ciudadanía quien decida de manera democrática sobre cuestiones que afectan de forma directa en la vida cotidiana: el mercado de la vivienda y el mercado eléctrico”.
La organización considera que “la crisis social, iniciada por la crisis sanitaria, se está cebando con las clases populares” y que la ciudadanía debe tener derecho a decidir tras la subida desorbitada de la luz y del precio de la vivienda.
Para paliar esta situación proponen “someter las viviendas cerradas en manos de bancos y la producción de energía. al interés de la mayoría bajo control público”.
La campaña arrancará con el lanzamiento de una web donde explicar las razones de la iniciativa. También habrá mesas de información en todo el Estado, en barrios y universidades para “animar a todo el mundo a sumarse y a hacer suya esta campaña”.
El portavoz de Anticapitalistas y antiguo diputado de la asamblea de Madrid Raúl Camargo ha criticado que el Gobierno no haya cumplido con sus compromisos: “el gobierno progresista llegó con la promesa de legislar sobre algunos elementos claves. Sin embargo, las reformas que ha ido planteando sobre el sector de la vivienda y del mercado eléctrico son más que insuficientes o, en el caso de la vivienda, siguen aparcadas”.
El objetivo de la campaña en palabras de Miguel Urbán, eurodiputado de la organización en Bruselas, es preguntar directamente a la ciudadanía en un debate que ya está en la calle. “Creemos que el Gobierno debe convocar un referéndum para que sea la ciudadanía quien ofrezca una decisión democrática sobre cuestiones que nos afectan de forma directa en nuestra vida cotidiana”.
La Constitución recoge la potestad del Gobierno para convocar referéndums a través de la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980. El artículo 92 de la Carta Magna dice que corresponde al presidente del Gobierno, autorizado por el Congreso, la iniciativa para convocar un referéndum consultivo sobre decisiones de especial trascendencia.
Por su parte, Lorena Cabrerizo, portavoz de la organización, se pregunta “¿por qué el Gobierno iba a temer más a una consulta ciudadana que a los chantajes permanentes de las grandes compañías eléctricas y de los fondos buitres que arrasan nuestros barrios?”
La dirigente política subraya que “el Gobierno debe devolverle la voz a quien corresponde. La democracia es útil para avanzar y conquistar derechos”.
