viernes 27/11/20
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Notas sobre las crisis y perspectivas de la economía española

Sánchez e Iglesias en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
Sánchez e Iglesias en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

La moción de censura presentada por la ultraderecha española dio lugar a un debate parlamentario, los pasados días 21 y 22 de octubre, en el que los desahogos y visiones excluyentes de la extrema derecha solo consiguieron los votos de los parlamentarios de Vox, ni uno más. Tras la moción, se han modificado algunos elementos de la tramoya política y de la crispada trama de ingobernabilidad con la que las derechas pretendían volar cualquier puente de entendimiento social o político y bloquear la acción gubernamental. Abascal sufre una derrota inequívoca que tendrá réplicas más allá del partido ultraderechista y que certifica el fracaso de una estrategia política que pretendía dividir y derribar al Gobierno de coalición progresista.

¿Dará paso esa derrota de la extrema derecha a cambios significativos en las relaciones entre PSOE y PP o en la acción política de las derechas? Será difícil, porque las ideas sembradas contra la legitimidad democrática del Gobierno Sánchez (antes de la intervención de Casado, apenas un 9% de los votantes del PP apoyaba su ‘no’ a la moción de censura) y el nudo de intereses creado en las Comunidades Autónomas gobernadas por las derechas gracias al apoyo de Vox (en Andalucía, Madrid y Murcia) no podrán ser revertidas o desatadas a corto plazo. El aumento de las tensiones y los codazos que ya han comenzado era inevitable, pero nada invita a pensar que vaya a producirse una guerra abierta o soterrada entre unas fuerzas políticas de derechas que se siguen necesitando. Se juegan demasiado para ensayar mudanzas que pongan en riesgo sus actuales posiciones institucionales o los apoyos de un nutrido electorado de derechas que ha hecho de la deslegitimación del Gobierno su más clara seña de identidad política.  

La consecuencia más probable de la moción de censura es la ampliación de las posibilidades de alcanzar una mayor coordinación entre CCAA (o, al menos, entre la mayoría de éstas) y Ministerio de Sanidad para afrontar con mayor eficacia que hasta ahora esta segunda ola de contagios que ya amenaza de nuevo con superar los recursos de los que dispone nuestro debilitado sistema sanitario público. Habrá que ver el alcance de esta nueva senda de colaboración en el debate parlamentario y la previsible aprobación del nuevo estado de emergencia. También parecen aumentar las opciones para lograr una mayoría parlamentaria progresista que apruebe los Presupuestos Generales del Estado 2021.

Los problemas y las crisis de carácter sanitario, económico, social e institucional siguen ahí, con la misma gravedad que antes de la moción de censura. Su solución no va a ser una tarea sencilla ni rápida, será necesario activar todos los recursos y capacidades políticas y administrativas de los que dispone el país para superarlos.

Es en este contexto en el que se inscriben estas notas sobre las perspectivas de la economía española en lo que queda de 2020 y en 2021. Pretenden aclarar algunos malentendidos y lugares comunes que entorpecen el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones.

Perspectivas de la economía española

1. El PIB sufrirá un histórico hundimiento del 11,2% en 2020, según las previsiones del Gobierno de España contenidas en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas el pasado 15 de octubre. Una caída que, pese a su intensidad, es más benévola que la última estimación, también de octubre, del FMI, que estima el retroceso en un 12,8%. El recrudecimiento en las últimas semanas de la crisis sanitaria, con un aumento generalizado de los contagios y nuevas medidas de restricción a la movilidad de las personas y a la apertura de establecimientos, hacen poco creíbles esas previsiones. Ya ha comenzado una nueva recaída de la economía española. Y si ya no son válidas las estimaciones para este año, del que se conocen los datos de las principales variables económicas en los tres primeros trimestres del año, más pertinente es resaltar la escasa validez de las previsiones de crecimiento en 2021, que el Gobierno estimaba en un 7,2%, aunque también apuntaba que podría alcanzar el 9,8% gracias a los fondos europeos de recuperación económica.

La fragilidad del sistema de salud pública ha vuelto a impedir que la reactivación económica iniciada tras el primer estado de alarma sea sostenible

2. La evolución de la actividad económica es absolutamente dependiente del control de la pandemia, lo que revela lo absurdo de las creencias del PP de Ayuso y Casado y de algunos grupos de presión empresarial que piensan que reduciendo las restricciones o desdeñando la intensificación de los contagios pueden escapar a la ley de hierro impuesta por la pandemia: la recuperación económica depende del fortalecimiento de la sanidad pública o, dicho más claramente, la fragilidad del sistema de salud pública ha vuelto a impedir que la reactivación económica iniciada tras el primer estado de alarma sea sostenible. Las autoridades no podrán arbitrar entre el covid-19 y el crecimiento económico hasta que no fortalezcan el sistema sanitario público. Y esa lección, que ya impartió la pandemia el pasado verano, está siendo impartida de nuevo. La falta de control de la pandemia acabará afectando, muy probablemente, a la tradicional campaña navideña de auge del consumo y empeorará las cifras reales de crecimiento del PIB.       

3. Las razones por las que la economía española está siendo una de las principales perjudicadas de Europa por la crisis del coronavirus son más que conocidas: de un lado, la fragilidad de una sanidad pública que obliga a tomar medidas más restrictivas a la movilidad de las personas y la apertura de establecimientos; del otro, la desequilibrada especialización de la economía española en servicios a las personas de bajo valor añadido (hostelería, turismo, bares, pequeño comercio y distribución tradicional, transporte aéreo, alquileres de oficinas y locales comerciales…), el menor peso de la industria manufacturera y los servicios profesionales a las empresas y los impactos destructivos que han sufrido especialmente algunos sectores industriales relevantes (automoción o construcción aeronáutica). Factores que, además, han acentuado el carácter cíclico de la economía española (crece más que la media en tiempos de bonanza y retrocede también más durante las recesiones) y la polarización de un mercado laboral que necesita de la desregulación y la debilidad sindical para mantener la presión sobre los costes laborales y asegurar la competitividad y las altas tasas de rentabilidad de la mayoría de las empresas.  

El Gobierno tiene la posibilidad de conectar el mayor esfuerzo inversor que permiten los fondos europeos con cambios a medio plazo en los modelos de crecimiento y de producción

4. Calificar a los fondos europeos como fondos de reconstrucción no tiene mucho sentido. En primer lugar, porque la destrucción productiva ha sido hasta ahora limitada, gracias a un endeudamiento público que ha reducido la pérdida de empleos, rentas, capital productivo y tejido empresarial; y, en segundo lugar, porque los fondos europeos deberán destinarse preferentemente a impulsar una reactivación económica sustentada en el impulso de las transiciones verde y digital. No se trata de reconstruir, las tareas pendientes son modernizar y elevar el nivel de gama de la oferta productiva y la productividad global de los factores para generar los empleos, las actividades económicas y las empresas de futuro con mayores posibilidades de crecimiento sostenible. Y en ese terreno modernizador, el Gobierno de coalición progresista tiene la posibilidad de conectar el mayor esfuerzo inversor que permiten los fondos europeos con cambios a medio plazo en los modelos de crecimiento y de producción.

5. El hundimiento de la economía española en 2020 será, según las más recientes previsiones del FMI, un 50% más intenso que el de la eurozona (-8,3%), más del doble que la media del conjunto de los países capitalistas desarrollados (-5,8%) y casi el triple que el retroceso del producto mundial (-4,4%). Entre las economías que tienen mayor peso en la economía mundial, sólo las de Italia (-10,6%), India (-10,3%), Reino Unido (-9,8%), Francia (-9,8%) o México (-9,0%) se aproximarán al retroceso de la economía española. Nunca antes, desde que hay disponibles datos sobre la evolución del PIB mundial relativamente rigurosos y comparables, se había dado un retroceso parecido. Piénsese, por ejemplo, que la crisis financiera global iniciada a finales de 2008 apenas supuso un mínimo retroceso del -1,67% del PIB mundial en 2009. Nunca antes, desde 1960, las economías de los países que ahora comparten el euro habían sufrido decrecimientos anuales del PIB tan intensos como los de 2020: en el caso de la economía española, los únicos años en los que el PIB experimentó crecimientos negativos fueron los de 2009 (-3,76%), 2012 (-2,96%), 2013 (-1,44%), 1993 (-1,03%), 2012 (-0,81%) y 1981(-0,13%). Pocas bromas, por tanto, con esta crisis económica provocada por el covid-19.

El nuevo endeudamiento público ha sido posible gracias a las políticas de expansión cuantitativa y monetización de la deuda que practica el BCE

6. En todas las previsiones para el 2020, el retroceso del PIB en todos los países de la OCDE va acompañado de un aumento del déficit público de similar o superior porcentaje. Lo que significa dos cosas: primero, las políticas de recorte del gasto público han sido enterradas para afrontar la nueva crisis económica; y segundo, se han generalizado e intensificado las políticas expansionistas de carácter monetario y presupuestario para minimizar los destrozos económicos causados por la recesión e impulsar una pronta recuperación económica. Esta decisión implica que los Estados y, en nuestro caso, la UE se hacen cargo de las pérdidas de renta sufrida por los agentes económicos privados, hogares y empresas, y las suplen mediante la financiación obtenida con nuevas emisiones de deuda pública. En España, como en el resto de los países del sur de la eurozona que disponen de menores márgenes de actuación presupuestaria, el nuevo endeudamiento público ha sido posible gracias a las políticas de expansión cuantitativa y monetización de la deuda que practica el BCE.

7. Según el Plan Presupuestario presentado en Bruselas, el déficit de las cuentas públicas españolas alcanzará en 2020 el 11,3% del PIB, al que seguirá otro notable déficit en 2021 del 7,7%, muy por encima del límite del 3% impuesto por las suspendidas reglas presupuestarias de la UE. Y algo parecido ocurrirá con el déficit estructural (la parte del déficit que no depende del ciclo económico) que también se situará en porcentajes (5,4% del PIB en 2020 y 6,1% en 2021) muy superiores al del 0,5% establecido por las instituciones comunitarias. Como consecuencia, la deuda pública española se disparará desde el 95,5% al terminar el año 2019 hasta el 118,8% a finales de 2020, porcentaje que las previsiones del FMI aumentan hasta el 123,0%. No es extraño que niveles tan altos de deuda pública (que doblan al arbitrario e incumplible límite del 60% del PIB) causen recelos en la opinión pública, por mucho que la deuda pública española no sea de las más altas: Japón (266,2%), Italia (161,8%) o EEUU (131,2%) la superan ampliamente, al igual que la media de las economías capitalistas avanzadas (125,5%).

8. El alto nivel de la deuda pública mundial es un problema generalizado que afecta especialmente a los países capitalistas desarrollados. En su momento, cuando la crisis haya sido superada, exigirá soluciones compartidas. Vistos los pésimos resultados de las políticas de austeridad y recortes presupuestarios aplicadas en la crisis global de 2008, ¿había otra forma razonable de reaccionar ante la crisis del covid-19 que no fuera que los presupuestos públicos compensaran los costes e impactos destructivos ocasionados? ¿Había una alternativa mejor o menos mala que no pasara por el aumento del déficit y la deuda públicos para proteger empleos, rentas y empresas o actividades económicas? Piénsese que sin ese aumento de la deuda pública la destrucción de factores productivos y el aumento del paro y la pobreza habrían sido mucho más intensos y las huellas a largo plazo de la crisis, debilitando la productividad y el crecimiento potencial, habrían sido mucho más duraderas. En este caso, no ha sido peor el remedio que los daños provocados por una crisis que, sin el tratamiento de la deuda pública, se habría concretado en un hundimiento mayor de la actividad económica, una destrucción más intensa de factores y capacidades productivas e impactos sociales más dañinos.

La deuda pública mundial en 2021 se situará en el 124,7% del PIB mundial, un nivel similar al del enorme endeudamiento generado durante la Segunda Guerra Mundial

9. La deuda pública mundial en 2021 se situará, según las previsiones del FMI, en el 124,7% del PIB mundial, un nivel similar al del enorme endeudamiento generado durante la Segunda Guerra Mundial (en 1946, tras un aumento de 50 puntos, la deuda pública mundial alcanzó un 124,1%). Porcentaje que permite contextualizar el innegable alto nivel que alcanzará la deuda pública española a finales de este año 2020. ¿Qué pasará con esa deuda pública o cómo se gestionará en el futuro su necesaria reducción? Dado que la mayoría de los economistas y centros de investigación neoliberales que se oponían a incrementar la deuda pública se han quedado velando sus melladas e inservibles teorías y sus desacreditadas posiciones para utilizarlas en mejor ocasión, me detendré únicamente en apuntar una breve respuesta. Son muchas las experiencias históricas de negociación (o imposición) que han concluido en diferentes tipos de reestructuración y alivio de la deuda pública. Eso es lo que también cabe esperar en este caso, con la ventaja de que al afectar ahora en mayor o menor medida a todos los países capitalistas desarrollados, todos estarían interesados en encontrar una solución. Bastaría, por ejemplo, con que el BCE no sacara de nuevo al mercado la mayoría de la deuda pública que está ahora comprando y colocando en su balance para que el aumento del endeudamiento generado por la crisis del covid-19 fuese de hecho anulada. En el balance consolidado del BCE y los Estados miembros de la eurozona, las deudas públicas de los Estados se compensan con los derechos de cobro del BCE: serían simples apuntes contables sin mayor trascendencia económica.  

10. La lucha de Europa contra Europa para definir el futuro del proyecto de unidad europea va a proseguir, sin que sea conveniente dar por pérdidas las batallas antes de emprenderlas ni, menos aún, especular con imprecisas alternativas que no se sustentan en fuerzas ni tendencias reales para rechazar los importantes avances que se han producido en los últimos meses. La única oposición real a las medidas de solidaridad, cohesión y mutualización de la deuda aprobadas por el Consejo Europeo provienen de los países autodenominados frugales, encabezados por Holanda, que tratan de obstaculizar su aplicación e impedir que se prolonguen demasiado tiempo, y de los países del Grupo de Visegrado, liderados por los partidos neosoberanistas y ultraconservadores que gobiernan en Hungría y Polonia, con amplios apoyos entre los partidos de la ultraderecha y la derecha conservadora europea, que pretenden recuperar para los Estados miembros las competencias cedidas a la UE y convertir a ésta en un cascarón vacío de competencias que sirva exclusivamente como paraguas institucional para la defensa militar y policial de las fronteras exteriores, el afianzamiento de un mercado único y un mercado laboral desregulados y la protección de identidades nacionales homogéneas y excluyentes basadas en versiones ultraconservadoras del cristianismo, la familia tradicional y unas historias nacionales revisadas de las que querrían eliminar todos los episodios que dan cuenta de la diversidad y complejidad de los Estados y las sociedades realmente existentes.      

11. Las tendencias que reflejan el aumento las desigualdades de renta y las divergencias productivas se han acentuado con las crisis desatadas por el covid-19 y se reforzarán durante la próxima reactivación económica. Porque, aunque la crisis ha golpeado con fuerza a todos los países, actividades económicas y tipos de empresas, sus impactos destructivos se han distribuido muy desigualmente. En primer lugar, porque los países del norte de la eurozona tienen una más saneada y amplia base fiscal y mayores márgenes para endeudarse que han utilizado de forma generosa para capitalizar y ofrecer liquidez o beneficios fiscales a las empresas y sectores económicos que han sufrido los mayores impactos. En segundo lugar, porque las economías especializadas en los servicios a las personas y con menor base industrial han experimentado retrocesos de la actividad económica más intensos. En tercer lugar, porque la lógica mercantil sigue actuando y acumulando capital y recursos en sectores y empresas con mayores expectativas de crecimiento de su demanda y rentabilidad: así, mientras algunos sectores (como los mencionados antes en el punto 3) se debilitan, otros (como los servicios informáticos, el sector farmacéutico, la sanidad privada y pública, la seguridad, la distribución en línea o la logística) crecen y se refuerzan Y en cuarto lugar, porque la destrucción de factores productivos y empresas que se ha producido durante la recesión tomará más fuerza durante la reactivación, sin que sea fácil en todos los casos trasvasar trabajadores y factores productivos de unos sectores y empresas a otros.

El aumento de las desigualdades y la extensión de la pobreza han sido compatibles con el aumento del ahorro privado y la concentración de rentas y patrimonios

12. Aunque los Estados, a través del endeudamiento público, se han hecho cargo de los costes y las rentas pérdidas por los agentes económicos privados, eso no significa que todos los hogares hayan conservado sus rentas; muy al contrario, las rentas compensadas por los Estados se han distribuido de forma muy desigual, por lo que tanto entre las rentas más altas como en las más bajas se han concentrado en algunos sectores y actividades mientras apenas han llegado a otros. Así, mientras una parte pequeña, pero significativa, de la población se incorporaba a las colas del hambre porque no tenía literalmente para comer, otra parte de los hogares, mayor que la anterior, multiplicaba sus ahorros (que aumentaron en 71.000 millones de euros durante el primer semestre de este año) sea porque el confinamiento redujo sus posibilidades de gastar sus rentas o porque la incertidumbre aconsejaba constituir un ahorro de precaución por lo que pudiera pasar. Con muchas grandes y medianas empresas sucedió algo parecido, la incertidumbre y las malas perspectivas sobre la evolución de la demanda o el crecimiento de la actividad económica retrasaron sus planes de inversión y aumentaron su ahorro. El aumento de las desigualdades y la extensión de la pobreza han sido compatibles con el aumento del ahorro privado y la concentración de rentas y patrimonios. En esta situación de fortalecimiento de las tendencias favorables a la desigualdad y las divergencias, las políticas de protección de los sectores más vulnerables cobran más importancia que nunca.

13. Hoy, el Consejo de Ministros aprobará también (además del estado de alarma) el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Por fin, con mucho retraso, no poca opacidad en las negociaciones entre los dos socios de la coalición gubernamental y su pizca de intriga y gesticulación de última hora será posible iniciar el debate público sobre su contenido concreto y entrar en la fase decisiva de los trámites parlamentarios y las negociaciones y concesiones que el Gobierno se verá obligado a llevar a cabo para conseguir una mayoría parlamentaria suficiente. Anteriormente, también con retraso, aunque cumpliendo los plazos comunitarios, el Gobierno envió a la Comisión Europea el 15 de octubre el Plan Presupuestario para 2021. Una entrega que antecedió, de forma anómala, a la presentación pública del borrador de los Presupuestos. Pese a la gran importancia de estos PGE 2021, su elaboración y presentación pública se han retrasado en demasía, llegando a incumplir el plazo establecido en el aparatado 3 del artículo 134 de la Constitución de “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Retrasos difícilmente explicables, porque la parte más difícil de las negociaciones comienza ahora, con su tramitación parlamentaria y las enmiendas que resulten de la difícil negociación política por hacer.

Vienen meses decisivos en los que se desarrollará una compleja carrera de obstáculos y vetos cruzados en la que el Gobierno de coalición progresista tendrá que entregar muchas prendas para conseguir la aprobación parlamentaria de los PGE 2021. Cuestión esencial para la continuidad del Gobierno de coalición progresista y para encauzar los fondos europeos en las tareas de impulsar la recuperación económica, al tiempo que se refuerza la protección de los sectores vulnerables y se impulsa la modernización de estructuras y especializaciones productivas. Iremos viendo.

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