RTVE ha informado el 3 de Agosto que Carmen Calvo ha llevado las conversaciones por parte del gobierno con la Casa Real para acordar las decisiones sobre el rey emérito Juan Carlos I.
Algunas declaraciones suyas las semanas anteriores en las que indicaba que la Casa Real tomaría en el momento oportuno decisiones importantes al respecto daban a entender su protagonismo y conocimiento de las gestiones que se estaban realizando.
El 16 de mayo un digital muy bien informado ya informó que el destino de Juan Carlos sería la Republica Dominicana y daba detalles que hoy ha confirmado el periódico históricamente monárquico ABC. Citaba informaciones que la prensa dominicana indicaba y que como siempre, la prensa española ignoraba o no se quería dar por enterada
La opinión pública española desde las decisiones de Felipe VI de no aceptar la herencia (económica) de su padre y quitarle la asignación presupuestaria era consciente de una situación extraña que debía solucionarse por algún lado. Los medios de comunicación se han centrado en las relaciones personales del rey emérito, sus vínculos con las “democráticas y feministas” monarquías del golfo pérsico y el papel de mediador en la adjudicación de contratos de la primera autoridad de España, como si fuera un “comercial de constructora” de alto rango.
Se implora la transparencia y ejemplaridad de la actual jefatura del Estado como las pautas que deben marcar la actuación de Felipe VI. En aras de dicha transparencia el gobierno debe aclarar cual está siendo su participación y compromiso con la decisión de la marcha de Juan Carlos I y de los detalles del mismo.
La sorpresa de los españoles ha ido en aumento cuando se han enterado que primero el rey emérito se marchó de España y después se dio a conocer el comunicado de la casa real. Muchos monárquicos se han perdido la oportunidad de ir a despedirle al aeropuerto y agradecerle los servicios prestados.
La fecha elegida, un 3 de Agosto de un año centrado en la lucha contra el coronavirus, busca sin duda rebajar la repercusión del hecho de la marcha, abandono, salida, huída, exilio… o como cada uno quiera definir lo sucedido de una persona que ya está siendo investigada por la fiscalía.
Igualmente Carmen Calvo que ha realizado las gestiones en nombre del gobierno de España debería explicar los motivos por los que no ha informado al segundo componente de dicho gobierno, Unidas Podemos. Un mínimo de lealtad institucional y de cortesía entre socios debería haberle hecho reflexionar sobre la desconfianza que genera su falta de transparencia.
Irene Montero ha manifestado que Unidas Podemos desconocía completamente la decisión o acuerdo del gobierno con la marcha del rey emérito. No tiene sentido que mienta la ministra ya que es reconocer que su formación pinta poco en las decisiones políticas de primer orden que toma el gobierno del que forma parte.
Mantener el gobierno actual y reforzar el cumplimiento del programa de gobierno a favor de los sectores más perjudicados por la crisis está por encima de las vicisitudes de los reyes y las reinas y sus complicaciones.
Carmen Calvo ha defendido o respetado que Juan Carlos I se haya marchado de España. Da por hecho y da credibilidad a una nota de cuatro líneas del abogado del monarca en la que indica que atenderá los llamamientos de la justicia española. ¿Qué necesidad había de mandar esa nota? ¿Acaso alguien lo ponía en duda?¿Que credibilidad da a una persona con cuentas millonarias demostradas en paraísos fiscales, fundaciones opacas y reconocidas por el rey Felipe VI al manifestar su renuncia a las mismas?
Los españoles deben aceptar como un acto de fe que la justicia española juzgará el caso del rey Juan Carlos I como si fuera un ciudadano más. Sus defensores ya indican que los delitos han prescrito, que la ley dice que el rey es inviolable, que todavía no está ni siquiera investigado, que las cortes y los partidos deben dejar funcionar a la justicia.
Carmen Calvo debe explicar asimismo, si ha sido decidido conjuntamente con la casa real el destino provisional o definitivo de Juan Carlos I, los sistemas de seguridad, control y seguimiento que se le van a aplicar para evitar que pueda ser objeto de atentado o secuestro y los presupuestos correspondientes que se van a utilizar.
No es mucho lo que se pide. Que el gobierno simplemente diga la verdad sobre este suceso que todos los medios han calificado como histórico y relevante para España.
Por cierto es importante saber que el 16 de mayo un periódico digital muy bien informado ya informó que el destino de Juan Carlos sería la Republica Dominicana y daba detalles que hoy ha confirmado el periódico históricamente monárquico ABC. Citaba informaciones que la prensa dominicana indicaba y que como siempre, la prensa española ignoraba o no se quería dar por enterada.
