miércoles 28/7/21

Alarma en el Constitucional

No sé si los magistrados del Tribunal Constitucional eran conscientes de los efectos que iba tener su ajustada y controvertida sentencia sobre un tema tan delicado como es la forma constitucional adecuada para luchar contra una pandemia de efectos catastróficos, desarrollo desconocido, difícil de controlar, y terriblemente mortífera. Supongo que no, enfrascados como estaban en su disputa doctrinal, donde los argumentos se han retorcido para vencer resistencias y hacer factibles posiciones enfrentadas. Sin duda, un debate apasionante, aunque no parece que vaya a aportar mucho al desarrollo del constitucionalismo. Pero doctores tiene la Iglesia. Lo que choca, desde el punto de vista público, es que no se haya tenido suficientemente en cuenta la obligada contextualización del Estado de Alarma, tal como, al parecer, señalan algunos magistrados discrepantes (para Cándido Conde-Pumpido la sentencia no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias) (1). Pero, sobre todo, que no tuvieran en cuenta que el derecho supremo, fundacional de todo derecho, es el derecho a la vida humana, que es lo que, en definitiva, estaba en juego (2). Cuando la pandemia comenzaba su matanza, convertir la cuestión de inconstitucionalidad en disquisiciones lingüísticas, convirtiendo una restricción de derechos de altísima intensidad en una suspensión; o sociológicas, estirando el concepto alteración del orden público para justificar el Estado de Excepción, más allá de la habitual y consolidada dimensión política, demuestra una falta de sentido común preocupante. ¿No hubiera sido más prudente señalar la necesidad de mayor concreción en la ley para evitar abusos o peligrosas ineficiencias? Que una sentencia del Constitucional sobre un tema de vida o muerte se apruebe por un solo voto, con un Tribunal incompleto debido a una accidental renuncia del magistrado Fernando Valdés, es un hecho lo suficientemente grave como para que se hubiera intentado un acuerdo amplio. Más cuando, a estas alturas de la película, ya no existe ninguna urgencia que justifique no seguir debatiendo por el bien público y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

Sinceramente, me cuesta entender un fallo que, cuestiones jurídicas en las que no entro aparte, incide en la inestabilidad política, propicia el enfrentamiento y la polarización, facilita su uso vergonzante por parte de Vox y oportunista por el Partido Popular, y genera más confusión que claridad en una ciudadanía necesitada de certidumbres. Por no hablar del desconcierto social que pueden provocar las graves diferencias entre los magistrados de un órgano vital de la democracia. Y que debería buscar siempre las mayorías más amplias en sus pronunciamientos. Más si tenemos en cuenta el hecho de que cuatro de sus componentes tienen el mandato caducado, cuya renovación boicotea la actual versión antisistema del PP. No creo que sea abusivo considerar que el alto Tribunal, en las actuales circunstancias, padece cierto déficit de legitimidad (que no de legalidad), al no representar la realidad sociopolítica de nuestro país expresada en las últimas elecciones generales, y manifestada en la composición las Cortes actuales. El Tribunal Constitucional no puede ser un organismo celestial, sin una clara y firme vinculación con la realidad política y social. No puede ser ajeno a la evolución y los cambios en la opinión pública expresados democráticamente por los cauces legales.

Clave de bóveda

El Tribunal Constitucional es la clave de bóveda del Estado Social y democrático de Derecho. No es casual que todos los gobiernos autoritarios tengan como uno de sus principales objetivos el control del Tribunal Constitucional, bien mediante la designación de magistrados afines, bien eliminando su capacidad para determinar la constitucionalidad de las leyes. Por eso, se equivocan quienes lo atacan cuando la sentencia no es acorde a sus expectativas o planteamientos políticos. Hay que decirlo claramente por el bien de la izquierda: están fuera de lugar desautorizaciones como las de Pablo Echenique, calificándolo de Voxtitucional (¡que más quisiera Abascal!). Y mucho menos el uso indecente de la sentencia sobre el Estado de Alarma que hacen Vox y Partido Popular, convirtiendo una decisión que puede legítimamente criticarse en un instrumento más de lucha política. Pablo Casado ha convertido, sin ningún escrúpulo, su capacidad de boicotear la renovación del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en una herramienta de derribo del gobierno, en una clara muestra de rebeldía contra la Constitución. Y todo esto ocurre cuando nuestro país sufre el embate de una quinta ola que puede echar por tierra las esperanzas de rápida recuperación, y cuando debe abordar la implementación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, con la inminente llegada de los 9.000 millones de euros de la Unión Europea. Para la mayoría de los ciudadanos estos dos aspectos, el sanitario y el de la reactivación económica, engloban sus principales y más urgentes preocupaciones, de manera que consigamos dominar el virus, y se pueda reducir drásticamente el desempleo, acabar con la precariedad y la pobreza, disminuir la desigualdad, combatir el peligro existencial de las crisis climáticas, adecuar nuestro sistema productivo a la digitalización, terminar de una vez por todas con las brechas de género y techos de cristal, fomentar la cultura cooperativa e inclusiva frente al diferente, ampliar las formas participativas deliberativas y directas de democracia para que la ciudadanía sea un agente activo fundamental en el proceso que se abre ante nuestro país. Proceso que, para la izquierda, debe suponer un avance en la transformación del sistema socioeconómico imperante, ya que el estado futuro depende del estado actual. Por eso, en toda transformación hay continuidad evolutiva, aunque el proceso termine en algo diferente. (3)

Y para eso es fundamental sacar las adecuadas conclusiones de la sentencia y sus circunstancias, a fin de que el funcionamiento del Tribunal Constitucional no se vea perturbado (ni condicionado) en su fundamental tarea de mantener vivo y funcional nuestro Estado social y democrático de Derecho. Es el campo de acción para los que queremos que los inevitables procesos evolutivos del sistema socioeconómico que se avecinan inexorablemente permitan su gradual transformación. Esperemos que el propio Tribunal Constitucional, consciente de las implicaciones que tienen sentencias tan ajustadas y cuestionadas, comprenda el riesgo que supone para su fortaleza y eficacia aplicar el viejo adagio: Fiat iustitia, et pereat mundus (hágase justicia y perezca el mundo). (4) Nunca está demás tener presente aquello, tan sabio, de que la ley debe estar hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Amén.


(1) El País 16 julio de 2021
(2) Es la base fundamental de los Derechos Humanos, entendido como las condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización (José Ricardo Hernández Gómez. Tratado de derecho Constitucional. Editorial Ariadna, 2010.)
(3) Desarrollo este concepto en Carlos Tuya. CONJETURAS sobre la transformación evolutiva del sistema socioeconómico capitalista. Amazon, 2021
(4) Una frase alternativa es Fiat iustitia, ruat caelum (Hágase justicia, aunque se caigan los cielos), atribuida a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino y a Cneo Calpurnio Pisón. Immanuel Kant, en su Paz Perpetua, parafrasea el adagio, cambiando humoristicamente su sentido: Que reine la justicia, aunque todos los sinvergüenzas del mundo perezcan por ella. Lo que sería muy de agradecer.

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