“Es falso que Hacienda hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen con todos los contribuyentes. A efectos de la ley, todos los contribuyentes son iguales”, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para negar que Juan Carlos I haya podido recibir un trato de favor por parte de la Agencia Tributaria.
Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda estamos convencidos de que simplemente tratando a todos los contribuyentes de la misma manera puede disminuir la percepción social de que existen “escudos fiscales”.
En este sentido, la AEAT tenía, desde 2018, la obligación de abrir una inspección al Rey emérito, a la vista de los numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios que se desprendían de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo publicadas en los medios, así como de las conclusiones de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.
De hecho, el informe de 7 de septiembre de 2018 de los dos fiscales anticorrupción al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la Pieza Separada de investigación “Carol” de las Diligencias Previas n° 96/2017, expresaron que: “Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delitos fiscales.”
El mismo día, el Juez Central número 6 levantó el secreto de esta pieza y dictó el sobreseimiento provisional, y la Fiscalía cerró esta investigación que habría podido concluir en el descubrimiento de posibles delitos fiscales del Rey emérito que obviamente ni siquiera podía notificarle por estar aforado al Tribunal Supremo.
Por tanto, las declaraciones de algunos portavoces de que la AEAT no tenía posibilidad de actuar pueden considerarse como simples excusas, pues la vía de iniciar una inspección tributaria siempre ha estado abierta porque en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía han notificado al Rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales.
En este marco, entendemos que la Ministra y portavoz pudo recibir una información incorrecta, a la vista de las declaraciones que efectuó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al utilizar excusas no fundamentadas para justificar que no se hubieran abierto inspecciones; excusas que también se han repetido para ocultar la falta de eficacia de la AEAT para reducir la economía sumergida y mantener las limitaciones en la lucha contra el fraude fiscal.
Finalmente, no cabe sino oponerse frente a las propuestas de sustituir a Fiscales en la persecución del delito contra la Hacienda Pública, duplicar estructuras administrativas o incluir en inspección a los ciudadanos que esté investigando la Fiscalía por delitos fiscales.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos de Hacienda
