jueves. 28.03.2024
SANIDAD PÚBLICA

La judicatura vuelve a invadir competencias, esta vez por el tratamiento que debe recibir un paciente de Covid19

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Castellón (ACDESA) denuncia la invasión de competencias por parte de los juzgados.

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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ACDESA-Castelló, ha denunciado la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de Castelló de imponer el tratamiento con ozono a un paciente ingresado por COVID con situación crítica, en el Hospital Universitario de La Plana, contra el criterio clínico de los profesionales que lo atienden. Desde la asociación en defensa de la sanidad pública reivindican lo siguiente:

- Su apoyo a las y los compañeros del Hospital en estos difíciles momentos, ya que son "conscientes tanto del esfuerzo y dedicación en la atención a los pacientes, como de su calidad profesional". 

- Quieren también suscribir todos los comunicados de las sociedades científicas contra esta decisión judicial (Sociedad de Medicina Intensiva, Sociedad de Cardiología, Sociedad de Medicina Interna de la CV, la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), Sociedad valenciana de Atención Primaria (AvalPap), Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Alicante (APEPA), Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). Y las corporaciones del Colegio Oficial de Médicos de Castelló y Colegio Oficial de Enfermería, así como la declaración conjunta de las Instituciones sanitarias públicas de la Provincia de Castelló.

- Denuncian la nueva injerencia de la judicatura (en esta ocasión en la sanidad pública), y denuncian que "representa un fatal precedente porque permite que la pseudociencia entre a las instituciones sanitarias públicas, donde solo tienen cabida las actuaciones guiadas por la evidencia científica". La evidencia científica señala la carencia de estudios con resultados de esta pseudoterapia y, por tanto, sin seguridad para tratar al paciente. 

- Reclaman un pronunciamiento por parte de la Consejera de Sanidad ante esta agresión a las instituciones públicas sanitarias por el poder judicial, porque haría falta una "respuesta política clara y contundente, puesto que esta decisión pone en riesgo la calidad asistencial, pero sobre todo la confianza de la ciudadanía en el Sistema Sanitario Público y los profesionales que trabajan por la salud".

- Demandan a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública que responda clara y contundentemente.

- Opinan que "el ámbito judicial no se el adecuado para decidir y obligar a emplear una terapia que no se incluye a la cartera de Servicios del SNS y no consta en las guías y protocolos de actuación de las sociedades científicas y centros sanitarios y no cumple , según la AEMP, los criterios de los tratamientos compasivos", sentencian desde la asociación para la defensa de la sanidad pública.

La judicatura vuelve a invadir competencias, esta vez por el tratamiento que debe...