domingo 25.08.2019

38.100 millones de la Política de Cohesión Europea a debate

 38.100 millones de la Política de Cohesión Europea a debate

La Comisión Europea ha comenzado en Madrid el primer diálogo con las autoridades españolas para decidir la orientación de los 38,1 mil millones de euros –un 5 % más en relación con el periodo anterior– que la Comisión Europea ha propuesto destinar a España para 2021-2027. Esta iniciativa permitirá, por un lado, aumentar la eficiencia de los fondos destinados, por ejemplo, a políticas de empleo, cohesión territorial e innovación, y, por otro, enfocar la inversión en aquellas áreas donde más se necesita.

“España es el tercer beneficiario de la Política de Cohesión. A todos interesa que los fondos se inviertan en aquellos ámbitos que permitan maximizar su impacto en términos de crecimiento sostenible y creación de empleo de calidad y afrontar nuevos retos como la automatización y digitalización industrial, la inteligencia artificial, la eficiencia energética y el cambio climático o la despoblación de determinadas áreas”, ha explicado Normunds Popens, director general adjunto de la dirección general de Política Regional y Urbana en la Comisión Europea.

“España no es el mismo país que hace diez años. Por eso, sugerimos que el Fondo Social Europeo+ se enfoque más que antes hacia los empleados, sin dejar de apoyar a los desempleados, a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables, además de proseguir los esfuerzos para reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo y dar un nuevo impulso a la promoción del empleo de calidad para todos”, ha declarado Andriana Sukova, adjunta al director general de la dirección general de Empleo de la Comisión Europea.

Cinco prioridades de inversión propuestas por la Comisión Europea para España

Innovación y transformación económica. Los resultados de la innovación están por debajo de la media de la UE en casi todas las regiones españolas. Es necesario invertir en mejorar la capacidad de innovación, digitalización de las industrias y de la administración pública, impulsar el crecimiento y la competitividad de las pymes y desarrollar las capacidades para una especialización inteligente, la transición industrial y el espíritu empresarial. Para ello, la Comisión Europea propone destinar 11.000 millones de euros para el período 2021-2027 (el 45% de la asignación total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER)a este objetivo.

Economía más verde y baja en carbono. España se enfrenta a retos medioambientales considerables en los ámbitos de la gestión de residuos y del agua. Además, algunas zonas de España se encuentran entre las más vulnerables de Europa al cambio climático. Se necesitan grandes inversiones en  eficiencia energética en todas las regiones españolas, especialmente en el parque de edificios. Por eso, se propone que la dotación del FEDER en este ámbito se incremente a un mínimo de 7.400 millones de euros, un 30% de la asignación total del fondo.

Conectividad. Aunque España ha realizado esfuerzos significativos para mejorar sus sistemas de transporte en los últimos años, aún persisten ciertos cuellos de botella. Por otro lado, es preciso reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales.

Derechos sociales. A pesar del fuerte crecimiento económico y de la importante creación de empleo de los últimos años, la tasa de desempleo se mantiene por encima del nivel anterior a la crisis entre importantes disparidades a nivel regional. Del mismo modo, los resultados de los sistemas de educación y formación son poco satisfactorios, y la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo elevada (26,6% de la población total en 2017), con notables disparidades regionales en ambos casos. La población infantil es el grupo de edad más expuesto, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión que dobla a la de la población mayor de 65 años. El Fondo Social Europeo+ (FSE+) y el FEDER actuarán coordinadamente para hacer frente a estos retos.

Cohesión territorial. La desigual distribución de la población y de la actividad económica genera desequilibrios territoriales tanto en las zonas urbanas como en determinadas áreas más afectadas por el envejecimiento y la despoblación. La Política de Cohesión facilita instrumentos integrados para abordar los retos específicos de estas zonas.

España, gran beneficiario de la Política de Cohesión

Desde su ingreso en la UE, España ha recibido casi 190.000 millones de euros procedentes de la Política de Cohesión (FEDER, Fondo de Cohesión y FSE), que han impulsado la inversión pública en todas las Comunidades. En el actual periodo presupuestario, 2014-2020, casi 46.000 empresas (de las cuales más de 17.000 son start-ups) se han beneficiado, 2,2 millones de personas han encontrado o mejorado su empleo y 425.000 españoles han mejorado sus cualificaciones.

Para el periodo 2021-2027, la propuesta de la Comisión asciende a 38.100 millones de euros, de los cuáles 26.017 se destinarán al FEDER y 12.084 al FSE+.

Siguientes pasos

El diálogo que hoy se inicia entre la Comisión Europea y España se prolongará varios meses, durante los cuales podrán exponer su posición los distintos actores implicados en la programación y gestión de los fondos. El objetivo común de todas las partes es que a finales de 2020 pueda adoptarse el Acuerdo de Asociación (el marco estratégico de programación nacional), así como los distintos Programas, para poder iniciar las correspondientes inversiones lo antes posible.

Contexto

Uno de los elementos clave de las propuestas presentadas por la Comisión para el marco financiero plurianual para 2021-2027 es una mejor alineación de los fondos de la Política de Cohesión con el análisis y las recomendaciones del Semestre Europeo, con el fin de mejorar los  resultados y reforzar su impacto. Dentro del Informe País del Semestre, este año se ha incluido por primera vez un apartado –el Anexo D– que recoge dónde, en opinión de la Comisión Europea, deben invertirse los fondos de la Política de Cohesión atendiendo a las necesidades de inversión generales para España, así como a las principales disparidades regionales. La jornada supone el primer diálogo entre la Comisión Europea, autoridades nacionales y potenciales beneficiarios para definir a qué áreas se destinarán estos fondos en el nuevo presupuesto de la UE 2021-2027. Este ejercicio reviste especial importancia para avanzar en la programación de los fondos, de modo que las inversiones acordadas puedan empezar a llevarse a cabo tan pronto como el nuevo presupuesto de la UE sea aprobado.