Entre las 370 medidas que ha propuesto el PSOE a Unidas Podemos para allanar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno destacan algunas de carácter fiscal, como la reforma de la regulación del Impuesto sobre Sociedades, la creación de las llamadas 'tasa Tobín' y 'Google', el "impuesto sobre el CO2" o la revisión de los tributos medioambientales.
Sin embargo, sorprende que en la 'Propuesta abierta para un programa común progresista' no se haya incluido la, pactada hace un año, subida del IRPF a las rentas más altas, por la que podrían recaudarse unos 660 millones de euros.
Los datos reflejan que nuestro problema es de ingresos, recaudamos en torno a 6 puntos del PIB menos que la media europea, lo que supone un déficit de más de 70.000 millones al año; y no de gasto, donde nuestro déficit en relación con la media europea se sitúa en 5 puntos del PIB
También llama la atención la exclusión del aumento del 1% del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, una medida que habría que complementar con otras que eviten las bonificaciones existentes en la actualidad, que llegan hasta el 75% en La Rioja y el 100% en Madrid. Comunidad, esta última, que viene renunciando a cerca de mil millones cada año con dicha bonificación, de la que se benefician exclusivamente algo menos de 17.000 madrileños, y muy especialmente los casi 4.000 con patrimonios superiores a los 6 millones de euros.
En cuanto a las propuestas relacionadas con el impuesto de Sociedades, la tributación mínima de las grandes empresas se establecería en un 15% con carácter general y un tipo mínimo del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos, por lo que junto con la limitación de la exención de los dividendos y plusvalías de fuente extranjera no se tratan de ninguna novedad.
En cualquier caso, los cambios sugeridos en torno al impuesto de Sociedades se traducirían en una recaudación próxima a los 1.500 millones de euros, de acuerdo con la propia actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas durante el pasado mes de abril, una vez descontados los 260 millones que costará la Rebaja del tipo del 25 al 23% para PYMES.
Asimismo, el presidente del Gobierno en funciones sigue sin comprometerse a publicar la lista de la amnistía fiscal. Pues bien, cuando ésta se aprobó, desde Gestha ya criticamos la extraconfidencialidad que se otorgaba a los amnistiados fiscales y, después de que finalizara el plazo para acogerse a la misma, pedimos que se haga pública una lista con la identidad de aquellas personas que posteriormente cometan infracciones tributarias, delitos fiscales o blanqueo de capitales; ya que sería una alternativa "más factible" a una publicación generalizada de los datos de todos aquellos que se acogieron a la amnistía, loque podría daríalugar a un conflicto constitucional.
Los socialistas han lanzado varios guiños en un documento que contiene muchas coincidencias y algunas discrepancias con respecto al presentado durante el pasado mes de agosto por Unidas Podemos. Sánchez, además, ofreció a Pablo Iglesias un control riguroso de ese discutido pacto, brindándole “responsabilidades capitales” en instituciones no supeditadas al Consejo de Ministros. Sin embargo, resulta evidente que se echan de menos algunas medidas fiscales con las que podría incrementarse la recaudación para costear los anunciados aumentos del gasto público.
Porque los datos reflejan que nuestro problema es de ingresos -recaudamos en torno a 6 puntos del PIB menos que la media europea, lo que supone un déficit de más de 70.000 millones al año- y no de gasto -donde nuestro déficit en relación con la media europea se sitúa en 5 puntos del PIB-.
No obstante, es verdad que un control estricto y efectivo del mismo, que evite ineficiencias, es uno de los retos que debería estar en la agenda de los partidos políticos. De ahí, la conveniencia de plantearnos cómo podría mejorarse la eficacia y eficiencia del gasto público. De ahí, en definitiva, que dentro del paquete de medidas económicas pero al margen de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de la creación de un gran parque de alquiler público de precio asequible para controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler, resulte tan positiva la propuesta de reforzar la evaluación de la eficiencia del gasto público, con un procedimiento sistemático de análisis y seguimiento de las recomendaciones (spending review), que debería acompañarse de una reforma en profundidad de los órganos de control del gasto, tanto en el ámbito local y autonómico como estatal.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
