Una treintena de colectivos sigue a la espera de que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada amparado por la reforma de pensiones de 2011.
El sindicato CCOO ha vuelto a reclamar al Ministerio de Seguridad Social que dé cumplimiento al compromiso incorporado en el acuerdo de pensiones de julio pasado en el que se incluía la aplicación del procedimiento para, en su caso, determinar la jubilación anticipada en aquellas actividades que desarrollan su trabajo en condiciones de especial penosidad, toxicidad, insalubridad o peligrosidad, y que desde el año 2011 han solicitado formalmente el acceso a este nuevo derecho.
CCOO insta al secretario de Estado de Seguridad Social a que corrija de inmediato el bloqueo institucional que el Ministerio está imponiendo en la resolución de las más de 30 solicitudes que se acumulan desde el año 2011
Entre los colectivos afectados se encuentran varias policías autonómicas (Mossos d’esquadra, Policía Foral Navarra, Policía General Canaria…); pero también bomberos que prestan servicio en empresas privadas, bomberos forestales, industria siderúrgica, buzos profesionales, entre otros profesionales.
CCOO recuerda que este derecho está recogido en la Ley 27/2011 y posteriormente fue regulado por real decreto fruto de un acuerdo de diálogo social entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, que contó a su vez con un amplio respaldo parlamentario.
El establecimiento concreto de este procedimiento formal, objetivo, participado y común para todos los sectores de actividad, persigue una doble función, explica el sindicato. De un lado, garantizar el acceso al derecho a jubilación anticipada en términos de igualdad a todos los trabajadores con empleos penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos. Y, al mismo tiempo, con él se pretende resolver definitivamente el problema de inequidad e inseguridad jurídica que implicaba el sistema anterior basado, en gran medida, en decisiones políticas arbitrarias (que explican, entre otras, que la Ertzaintza tenga reconocido el derecho a este tipo de jubilación, pero no lo tengan el resto de policías autonómicas; o, en el mismo sentido, que los cuerpos de bomberos tengan o no reconocido este derecho en función de si su empleador es público o privado…).
La objetividad y equidad que debe garantizarse en el procedimiento se posibilita, entre otras medidas, mediante la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo desde sus primeras fases, afirma CCOO. Para ello el citado real decreto (RD 1698/2011), en los artículos 10, 11.4 y 11.5, recoge de forma explícita la participación de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias en el procedimiento previo. Una participación sindical que, sin embargo, no se ha producido formalmente hasta ahora, denuncia el sindicato.
