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jueves 19/5/22
UGT vencio Fundación Francisco Largo Caballero
Boletín de UGT, nº 388, 'UGT venció, se acabó el vertical'. Junio de 1977. Fundación F. Largo Caballero.

Almudena Asenjo y Antón Saracíbar *

En la próxima celebración del Día Internacional de los Trabajadores (1º de Mayo) se recordará también, y con mucha emoción, el 45º aniversario de lo que aconteció en el año 1.977, en el que para muchos volvimos a ser libres”, después de una dilatada y represiva etapa dictatorial. Sin duda, el año 1.977 fue un año muy relevante en la transición española hacia la plena democracia. Un sinfín de hechos transcendentales destacaron en el escenario político: la brutal matanza (por la extrema derecha) de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid, los secuestros de Oriol y del teniente general Villaescusa por el Grapo, la legalización de los partidos políticos (incluido más tarde el Partido Comunista), las primeras elecciones políticas en la legalidad (15 de junio), la amnistía de los presos políticos, los Pactos de la Moncloa, el retorno del exilio de Josep Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya, entre otros acontecimientos.

En el plano socio laboral tuvieron una destacada importancia la disolución del sindicato vertical franquista; el registro de los Estatutos y la legalización de los sindicatos (27 y 28 de abril) que, desgraciadamente, no evitó la prohibición y, mucho menos, la fuerte represión del 1º de Mayo (3 heridos graves, 100 de diversa consideración y centenares de detenidos); la participación de los sindicatos, por primera vez en la legalidad, en la Asamblea anual de la OIT; la constitución de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); y, al finalizar el año, el congreso de unificación de las dos expresiones existentes del sindicalismo de inspiración socialista: UGT-USO.

En aquel entonces, la transición hacia la libertad y la democracia se llevó a cabo a través de una política de reformas consensuadas de las estructuras franquistas. Sin embargo, en el plano sindical se impuso la ruptura y disolución del sindicato vertical y, como consecuencia, la legalización de todos los sindicatos, lo que facilitó más tarde el reconocimiento de la libertad sindical en la Constitución Española (CE, 1978), la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET, 1.980) y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS, 1.985).

Debemos recordar que la UGT, en el memorable 30º congreso celebrado en el restaurante Biarritz de Madrid, trabajó muy eficazmente para certificar la ruptura definitiva con el sindicato vertical. Defendió fuertemente la autonomía sindical, sin romper la estrecha relación histórica de la UGT y del PSOE (la llamada familia socialista); ratificó el rechazo al entrismo en el sindicato vertical, que practicaban CCOO y USO; apostó por impulsar el reconocimiento de las secciones sindicales en las empresas; y, finalmente, por el establecimiento de la pluralidad sindical en nuestro país en un marco respetuoso con las libertades. En definitiva, el 30º congreso significó tres grandes cosas: la negación de cualquier continuismo, más o menos edulcorado del sindicato vertical; la irrupción y consolidación de la libertad sindical; y la afirmación del pluralismo sindical realmente existente. Dicho de otra manera: cualquier proceso de unidad sindical tenía que partir necesariamente del restablecimiento de la libertad sindical en España.

A partir de esa realidad, los sindicatos se afanaron en buscar alternativas para defender con eficacia los intereses de los trabajadores. En concreto, la UGT convocó con urgencia un congreso extraordinario (julio de 1.977) para adecuar sus Estatutos y sus estructuras a la nueva legalidad vigente. En definitiva, se apostó por sindicalizar aún más el sindicato: potenciar las federaciones, sindicatos y secciones sindicales, sobre todo en las grandes empresas (públicas y multinacionales). En aquellos días, el masivo aumento de la afiliación demostró que los sindicatos estaban más preparados para la contestación política (lucha contra la dictadura y recuperación de las libertades) que para la acción sindical: diálogo social, negociación colectiva y participación sindical en los centros de trabajo. También contribuyeron de manera muy decisiva al fortalecimiento del movimiento sindical, las primeras elecciones sindicales celebradas en la legalidad, en el año 1.978, al determinar la representatividad de los sindicatos y éstos asumir, finalmente, y con todas las consecuencias, la descomunal tarea de representar a todos los trabajadores en las empresas y, por prolongación, participar en la negociación colectiva y en el conjunto de la sociedad (presencia sindical en las instituciones del Estado).

Las referencias que tuvieron en cuenta los sindicatos, y las tareas que desarrollaron posteriormente, fueron muy significativas. En la UGT primó, en primer lugar, la recuperación de la memoria y, en este sentido, puso en valor las enseñanzas y logros alcanzados por el movimiento obrero (a través de la historia) desde la perspectiva de un sindicato que este año cumplirá 134 años. En segundo lugar, se apostó por un marco de relaciones laborales que garantizara la autonomía de las partes, el equilibrio de la relación de fuerzas y la capacidad de los sindicatos para negociar en representación de todos los trabajadores. En tercer lugar, se defendió la centralidad y el derecho del trabajo en una sociedad libre y democrática, frente a los intentos de fortalecer aún más a los poderes fácticos, a los empresarios y a las fuerzas del capital. Finalmente, se recogieron las aspiraciones y alternativas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y, lo que fue muy importante, se intentaron aplicar, con el mayor rigor posible, las ideas socialdemócratas: la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y la apuesta decidida por una política redistributiva que respondiera también a la incipiente introducción de las nuevas tecnologías y a la plena igualdad de género.

En concreto, las ideas socialdemócratas se identificaban con una política económica que tuviera como prioridad el pleno empleo: un empleo de calidad, con derechos y respetuoso con el medio ambiente; un sector público empresarial estratégico como un buen instrumento de la política económica del gobierno; una política de inversión pública adecuada, sobre todo en un contexto económico en declive; una política fiscal progresista, basada en la lucha contra el fraude fiscal, en la imposición directa (no en la indirecta) y, desde luego, en la modernización del aparato recaudatorio del Estado; una protección social avanzada que garantizara un sistema público de pensiones digno, la prestación social por desempleo y una cobertura económica suficiente para las personas dependientes; y, por último, unos servicios públicos gratuitos y de calidad contrastada (sanidad, educación y servicios sociales). Estas eran algunas de las medidas capaces de llevar a cabo una política económica y social progresista. Sabiendo que la redistribución de la riqueza siempre se puede llevar a cabo, incluso, en un contexto económico particularmente difícil. Depende siempre de la voluntad política del gobierno de turno, no del crecimiento de la economía, como exige el pensamiento neoliberal para repartir los beneficios que se generan en las empresas y en el conjunto del país.

Estas referencias -que siguen plenamente vigentes en la actualidad-, marcarán las celebraciones de este 1º de Mayo en un contexto económico y social particularmente difícil para los trabajadores y los sindicatos. El Manifiesto elaborado por la UGT y CCOO denuncia que muchos de los logros y de los derechos conquistados por los trabajadores han sido postergados y, lo que es peor, las nefastas políticas de austeridad, así como la pandemia y la invasión de Ucrania han aumentado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Por eso es comprensible que los sindicatos redoblen sus esfuerzos y exijan a los gobiernos que impulsen medidas que corrijan estos graves desequilibrios. El primer paso, en este sentido, debe estar encaminado a que el Gobierno recoja, dentro de lo posible, las reivindicaciones sindicales con el propósito de impulsar un crecimiento económico sostenible que garantice una mayor cohesión social, empleos de calidad y con derechos y el crecimiento de los salarios. En estos momentos esto es posible; simplemente, porque la economía, a pesar de las dificultades, está despegando, como lo están haciendo los beneficios empresariales, sin que este estimable crecimiento esté repercutiendo en los trabajadores como sería lo más justo y razonable. Por eso, los sindicatos se siguen movilizando y presionan a los empresarios con el objetivo de formalizar un Acuerdo salarial plurianual que garantice un mejor reparto del costo de la crisis actual, a través de la creación de empleo, del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y de un reparto más equitativo de los beneficios empresariales.

No hay razones ni excusas en la actualidad para que esto no ocurra. No podemos acostumbrarnos a convivir con el desempleo, la precariedad y la pobreza extrema de muchos, sin hacer nada que frene el fuerte descontento social que se observa en la ciudadanía. Por eso, los partidos progresistas deben buscar con decisión todo tipo de acuerdos y, desde luego, los sindicatos participar más activamente en el marco de las ayudas acordadas que se vayan recibiendo de la UE. Los jóvenes, los parados de larga duración (sobre todo los mayores de 55 años), los inmigrantes y refugiados, los falsos autónomos, los pobres sin techo y sin abrigo, así como todos los excluidos sociales lo reclaman con verdadero dramatismo.

También lo exigen los ciudadanos en general ante la obscena corrupción que inunda al PP y la regresiva e insuficiente política fiscal de Núñez Feijóo, dirigida claramente a una distribución de rentas más favorable a las empresas y a los que más tienen, en detrimento de los ingresos del trabajo y, desde luego, contraproducente para luchar contra la inflación, mantener unos servicios públicos suficientes y eficaces y, finalmente, reducir la deuda pública que nos atenaza.  Por eso, hay que insistir en la defensa de una política económica sostenible socialmente y hacerlo con rigor, seriedad y, si es preciso, con la máxima determinación y firmeza; la presente situación social lo justifica plenamente, y la fraternidad social así lo demanda, en coherencia con las efemérides que estamos celebrando.

* Almudena Asenjo (directora) y Antón Saracíbar (patrono). Fundación F. Largo Caballero.

1977: “el año que volvimos a ser libres”