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Hemos llegado a un momento en el que determinados políticos -quizá interpretando mal, y extrapolando, la inmunidad parlamentaria- han tomado por costumbre hacer afirmaciones que jamás justifican, y las repiten y repiten hasta que la ciudadanía termina creyendo en ellas, entre otras cosas, porque no se les ocurre pensar que un representante público va a utilizar la artimaña de la mentira para ejercer sus funciones.
Ese hábito -que se convierte cada vez en más frecuente- hace que confundan, y que confundamos todos, la inmunidad con la impunidad. Y que se realice un mal uso de la propia inmunidad, que en realidad tiene efecto solamente para impedir la detención de un parlamentario -a no ser que se le encuentre en delito flagrante-, que no puede ser juzgado sin autorización de la cámara a la que pertenezca. El mal uso procede de que algunos piensan que pueden decir lo que quieran, incluso insultar: y eso degrada la dignidad parlamentaria y el propio ejercicio de la política.
El señor Feijoo no nos ha explicado nunca las pruebas que tiene para afirmar el cambio de régimen de la democracia al autoritarismo que, según él, pretende el presidente del Gobierno
Y se ha establecido la “cultura” de que cada uno puede decir lo que quiera, acusando a terceros, sin practicar el mandato constitucional de la presunción de inocencia, que no está reservado sólo para el ejercicio de la justicia, sino para el de la convivencia. Y esta es la causa de que cuando nos acercamos a cualquier retransmisión televisada de una sesión de plenos parlamentarios tengamos la sensación de adentrarnos en un peligroso terreno en el que reina la hostilidad, o a un “reality show” de la televisión basura. Algunos políticos incluso practican esas licencias hasta cuando se colocan ante la prensa para hacer declaraciones.
Y dedicarse a la política no convierte a nadie en un ser privilegiado ni excepcional, ni le exime de las obligaciones que tenemos cada uno de los ciudadanos.
Entre los muchos casos que podría considerar, me gustaría fijarme en uno que comenzó a propalar la señora Ayuso, y que ahora ha comenzado a utilizar el señor Feijoo: esa afirmación de que Pedro Sánchez tiene un plan secreto de realizar un cambio de régimen político sin que nos demos cuenta, para pasar de la democracia a un sistema autoritario.
En el caso de Ayuso, cuyo comportamiento en el ejemplo del que la acuso ha jugado impunemente con el destino de 7.291 vidas, me encantaría que me denunciara por mi afirmación
Una afirmación que no deja de ser cómica e ingenua, ya que la práctica democrática que regula nuestra Constitución hace prácticamente imposible semejante trueque. Pero que además resulta se convierte en un insulto a los ciudadanos, porque prácticamente nos vienen a decir que somos tan tontos que nos consideran capaces de comulgar con ruedas de molino.
A mí me choca que Isabel Ayuso tenga la osadía de hacer esas afirmaciones, cuando ella está realizando un uso de la legislación francamente mejorable, y que en algunos casos ha llegado a pisar el terreno de lo delictivo. Por ejemplo, cuando su gobierno de la Comunidad de Madrid determina la prohibición de hospitalizar a los ancianos de las residencias que tengan covid, salvo a aquellos que tengan un seguro privado. Una decisión que va más allá de las leyes, que prácticamente es una especie de ukase zarista: y eso sí que es un cambio de régimen hacia el autoritarismo, y dista mucho de la práctica de la democracia. Tanto más cuanto que después se ha negado a dar explicaciones, y la única vez que lo ha hecho -muy recientemente- ha sido para decir que de todas formas iban a morir. Afirmación que revela una entraña cruel, muy ajena a nuestro régimen democrático de convivencia; y que fue refutada por los expertos de la Comisión de la Verdad, cuando determinó que, de los 7.291 fallecidos, de haber sido hospitalizados, el 40% podría haberse salvado.
Ayuso y Núñez Feijoo, y cualquiera que recurra a este tipo de aseveraciones sin demostración alguna, primero deberían considerar qué autoridad moral tienen para dar doctrina, teniendo su casa sin barrer, y en algún caso como el que acabo de citar, bastante más llena de residuos putrefactos y malolientes de lo que sería tolerable. Y después deberían saber que son ellos los que -para hacer una grave acusación como las que hacen- tienen que aportar la carga de la prueba. Lo contrario se llama difamación, y falta de respeto a los ciudadanos.
El señor Feijoo no nos ha explicado nunca las pruebas que tiene para afirmar el cambio de régimen de la democracia al autoritarismo que, según él, pretende el presidente del Gobierno. Y me choca sobre manera que ni un solo periodista, cuando lo afirma en una rueda de prensa, le pregunte los datos que tiene para demostrarlo. También me choca que, en el Congreso de los Diputados, ni la presidenta de las Cortes, ni los diputados de los restantes grupos, o los miembros del Gobierno, le exijan que presente pruebas claras y fehacientes que justifiquen su afirmación.
También me choca que se atreva Feijoo a lanzar una acusación tan grave -porque de hecho está llamando golpista al presidente del Gobierno- sin una sola prueba, y cuando él lleva, desde que llegó a dirigir el PP, obstruyendo seriamente la renovación del Consejo del Poder Judicial; es decir: incumpliendo un mandato constitucional, que es una manera de romper nuestra democracia, con un método autoritario a la vez que anárquico: sencillamente porque no le da la gana.
Podría poner más ejemplos de los dos personajes a los que he citado, pero los dos que he puesto son suficientemente graves como para invalidar sus afirmaciones, y como para acusarles de que están pisando por fuera -y en el caso de Ayuso muy por fuera- los límites de la legalidad.
Y tengo que hacer una confesión: en el caso de Ayuso, cuyo comportamiento en el ejemplo del que la acuso ha jugado impunemente con el destino de 7.291 vidas, me encantaría que me denunciara por mi afirmación. Porque así tendríamos la garantía de que el caso de los mayores fallecidos en las residencias de Madrid por causa del covid será visto en los tribunales. Ya que, a pesar de las denuncias interpuestas por los familiares, es algo en lo que los jueces no quieren reparar. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver con esto, y con otros asuntos poco confesables, la pertinacia del PP en su negativa a renovar al Consejo del Poder Judicial?
