Por Gerardo Macias | Uno de los presidentes más relevantes que ha tenido Sudamérica, Pepe Mújica, dijo en una ocasión que los que comen bien piensan que se gasta demasiado en política social. Eso debieron pensar los diputados del Partido Popular y Ciudadanos cuando a principios de este año votaron en contra de tomar en consideración la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, una iniciativa legislativa popular promovida por los sindicatos CC.OO. y UGT.
Y es que no se entiende que en el país con la segunda mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, y en el que uno de cada cinco personas vive en la pobreza, pueda rechazarse de plano siquiera el debate sobre una medida que aliviaría las penurias que sufren muchas familias españolas. No se entiende, salvo que sea usted un político que perciba una sustanciosa retribución que le permita vivir de forma desahogada. Y es que es fácil tomar una decisión cuando no es uno quien va a sufrir las consecuencias, tal y como ocurrió cuando España no participó en un entonces muy necesario plan Marshall porque el Vaticano se negó a aceptar no ya la aconfesionalidad del Estado, sino la mera libertad religiosa.
El mundo cambia constantemente, y ello exige que las políticas se adapten a la realidad social de cada momento. El proceso de robotización de la llamada cuarta revolución tecnológica augura relegar al ser humano en los procesos productivos. Quizás sea por este motivo por el cual propuestas como la renta básica universal, o la renta mínima garantizada han ganado adeptos en los últimos años.
La renta mínima garantizada es ya una realidad en el País Vasco que, a propósito de esto, no parece haber desincentivado la búsqueda de empleo, argumento recurrente por los fervorosos detractores de este tipo de medidas, ya que es la segunda Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo del país. No obstante, sí ha servido para que tenga la menor tasa de pobreza, junto a Murcia. Una medida similar se implementará pronto también en Cataluña y tendremos otra oportunidad de evaluar los efectos de la implantación de una renta mínima.
El Partido Popular y Ciudadanos tendrán sus motivos, absolutamente respetables, para considerar la impertinencia de la medida. Pero negar al menos el debate supone una falta de respeto a quien se ha tomado la molestia de realizar el costoso esfuerzo que supone llevar una iniciativa legislativa popular, y sobre todo, una falta de sensibilidad para con los más desfavorecidos que no deberían permitirse aquéllos que pretenden representar a los ciudadanos.