El argumento esgrimido por el Gobierno, tergiversa descaradamente el sentido de seguridad, de derechos y libertades reconocidos en la Constitución
El Proyecto de ley, conocido popularmente como “ley mordaza”, ha reformado la vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC). El Gobierno argumenta que la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Pero el argumento esgrimido por el Gobierno, tergiversa descaradamente el sentido de seguridad, de derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
Tal como está concebida la nueva ley debería llamarse, de “inseguridad ciudadana”, porque ¿dónde quedan los principios de legalidad y seguridad jurídica? Sacar derechos reconocidos en la Constitución del ámbito jurídico supone una mayor indefensión para la ciudadanía, ya que los deriva al ámbito puramente administrativo. ¿Puede recurrirse la sanción administrativa? Sí se puede, pero el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo dejó atado y bien atado con la “carísima ley de tasas judiciales”.
¿Y por qué tanto énfasis en modificar la ley?, si la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2013, afirma que nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos (46,1 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 63,8 de media europea). Algo huele a podrido y no es en Dinamarca; algo huele a nostalgia franquista. Y arropado por ese añejo sentimiento, el gobierno intenta acallar, mediante leyes represivas, las voces de un pueblo que no quiere ser cómplice de un Estado que más parece un Estado de Desecho que de Derecho.
La “Ley Mordaza” es un atentado contra la libertad de expresión de una ciudadanía indignada con unos dirigentes que solo sirven a los poderes económicos y a ellos mismos. La política del gobierno es una fábrica de indignación y el gobierno pretende poner un bozal al grito colectivo.
Diversos órganos constitucionales (como el CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal), expertos juristas, organizaciones de derechos humanos, e incluso organismos internacionales (como la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa) han cuestionado seriamente la Ley. Pero el Gobierno sigue insistiendo en imponer leyes que violan los más elementales principios democráticos. “Ley mordaza”, “Ley de inseguridad ciudadana”, cualquiera de estas definiciones valen como título de la nueva ley aprobada por el Congreso de los Diputados, solo con los votos del PP.
Estas son algunas de las acciones tipificadas como leves, con multas que van desde los 100€, hasta los 600 euros:
Negarse a identificarse. Ocupar entidades bancarias. Ocupar la vía pública por la venta ambulante (el llamado 'top manta'). Consumir bebidas alcohólicas en la calle.
Algunas acciones consideradas graves, con multas de 601€ a 30.000€:
Negativa de disolución de concentración o manifestación. Impedir un desahucio. Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas. Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización. Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos. Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores.
Las acciones consideradas como muy graves están penalizadas con multas de 30.001€ a 600.000€, como reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos. Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.
La nueva ley deja muy claro que se califican de graves y muy graves las que inciden en el derecho fundamental de manifestación y reunión. Así, se castigarán las concentraciones no comunicadas; y de forma grave, las que tengan lugar en las inmediaciones de los Parlamentos, y de manera muy grave, las que se celebren en las inmediaciones de las “infraestructuras críticas del Estado”.
Muiznieks, el Comisario europeo de Derechos, Humanos ha declarado que la proyección de la crisis sobre los derechos humanos es muy negativa. En ese sentido, mostró su preocupación por los castigos a la protesta social que el gobierno pretende imponer, incluidos los disparos de pelotas de goma. La nueva ley también legaliza las devoluciones “en caliente” de los inmigrantes, medida que también ha sido criticada por el Comisario europeo.
El contrapunto de la Ley Mordaza es una “Verdadera Ley de Seguridad Ciudadana”, una ley que garantice la vida de las personas. Y para ello es preciso cumplir el artículo 25 de la Proclamación de Derechos Humanos de 1948
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Claro está que para respetar los derechos humanos se necesitan gobiernos que crean en ellos, que estén dispuestos a ser verdaderos servidores de la nación a la que dicen representar. “Por sus hechos los conoceréis”, palabra bíblica que clarifica la diferencia entre los farsantes y los gobiernos que amparan a los pueblos de depredadores, nacionales e internacionales. Es evidente el denso poso del Franquismo que envuelve al gobierno del Partido Popular.