El Ministerio de Sanidad esta estudiando establecer un sistema de “convenios” para la atención sanitaria a las personas en situación irregular mediante el cobro de cantidades anuales que oscilan entre 710 euros anuales para los menores de 65 años y 1.864 para los mayores de esta edad. Esta propuesta, que se ha hecho pública como resultado de una filtración periodística (al menos esta vez ha sido en un periódico español y no hemos tenido que ir a Finlandia, EEUU o Alemania para enterarnos) todavía no se conoce en su integridad, por lo que resultad complicado analizarla en detalle, pero de lo que se conoce de la misma convendría hacer algunos comentarios.
El primero es que aunque se ha resaltado la aplicación de esta norma a los inmigrantes irregulares, no solo les de aplicación a ellos sino además a las personas extranjeras de transito por España y a los españoles que ganen mas de 100.000 euros anuales y que no están afiliados a la seguridad social. Por otro lado el sistema en el caso de los inmigrantes irregulares se circunscribe a las personas que lleven empadronadas mas de 1 año, por lo que, en todo caso, seguirá dejándose fuera de la cobertura sanitaria a un grupo importante de población, justamente el que vive en una situación de mayor precariedad económica y social y que por lo tanto es especialmente vulnerable a los problemas de salud y precisa de una mayor atención.
Las cantidades establecidas son excesivamente elevadas para este grupo de población, en medio de la crisis económica y son, sospechosamente parecidas a los costes de los seguros privados, con lo que se fomenta su utilización, lo que ya hemos señalado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública es uno de los objetivos de la contrarreforma sanitaria puesta en marcha con el RD Ley 16/2012. En este mismo ámbito esta la inclusión de los que tienen rentas altas, cuando en este caso lo razonable, desde el punto de vista sanitario y económico, seria el incrementar en 4 o 5 puntos el porcentaje de la tarifa del IRPF
Es de temer que la inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares no van a poder acogerse a estos convenios, quedando su atención sanitaria en manos de las urgencias con lo que ello supone de saturación de un dispositivo ya saturado, de postergación de atenciones necesarias y de problemas de salud pública, con probables incrementos de los costes.
Por otro lado este nuevo proyecto, en concordancia con el RD Ley 16/2012 y el RD 119/2012, es contradictorio con el sistema de financiación de las prestaciones sanitarias públicas, que esta establecido dentro del modelo de financiación de las comunidades autónomas y que procede de los impuestos (IVA, IRPF e impuestos especiales) que ya pagan todas las personas que están en nuestro país al consumir cualquier producto o servicio. De esta manera se impone a esta población, con recursos económicos muy limitados en el caso de los irregulares, una doble imposición que no parece razonable.
Por todo ello parece que se trata de un nuevo parche, un desastre en su concepción y en su planteamiento operativo, que no soluciona el problema de garantizar la atención sanitaria a este grupo de la población, que va a crear problemas añadidos, y que a la postre no va suponer ingresos significativos para el sistema sanitario público y si la exclusión de la atención sanitaria a estas personas con los problemas humanitarios y sanitarios que conlleva.