El rechazo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a “tomar en consideración”, para su debate, la Iniciativa Legislativa Popular en materia de Relaciones Laborales y en favor del empleo estable y con derechos, que llegó al Congreso respaldada por más de un millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas, es un nuevo ataque a la calidad (y densidad) de la democracia en nuestro país.

El rechazo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a “tomar en consideración”, para su debate, la Iniciativa Legislativa Popular en materia de Relaciones Laborales y en favor del empleo estable y con derechos, que llegó al Congreso respaldada por más de un millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas, es un nuevo ataque a la calidad (y densidad) de la democracia en nuestro país.

Pero además, lo que es tanto o más grave, se hurta el debate acerca de las alternativas que en la ILP se contemplan al actual marco de creciente desempleo y de empobrecimiento de una parte cada vez más amplia de la sociedad española.

La opacidad y la falta de transparencia, el menoscabo de la voluntad expresada por cientos de miles de personas, el desprecio al debate, es un paso más en la lejanía que muestra la actual mayoría política del Parlamento a las demandas de la ciudadanía.

Se trata de un paso más, que fue muy bien planteado por Josep Ramoneda, en su reciente conferencia en la Fundación 1º de Mayo a propósito de su libro “La izquierda necesaria”, al referirse a la desactivación de las instituciones democráticas, a las decisiones que se vienen adoptando, que profundizan en la cada vez más debilitada calidad democrática, y que el Gobierno de Rajoy asume claramente, sustentándolo en la tesis de votar cada cuatro años y, por en medio, resignación y silencio.

Quiero retomar, de nuevo, una interesante reflexión del propio Josep Ramoneda, que cobra ahora una nueva dimensión y actualidad precisamente a propósito del rechazo del Grupo Popular a la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CCOO y UGT. Ramoneda, cuando reflexiona en torno al momento social, económico y político que estamos viviendo, cuando se refiere a los 30 años de hegemonía conservadora, subraya el riesgo de que se esté conduciendo a sociedades como la española a que anide en ellas la cultura de la indiferencia y el autoritarismo posdemocrático. Es lo que se quiere provocar; pero es algo rechazado por una parte cada vez más amplia de la sociedad.

La Iniciativa Legislativa Popular es un mecanismo, en absoluto excepcional, de democracia participativa, recogida en la Constitución, a través del que se pueden adoptar iniciativas legislativas, para su debate en el Parlamento, previa recogida de un mínimo de 500.000 firmas, cuyo cómputo y validez están muy estrictamente controlados.

El desprecio a procedimientos netamente democráticos, cual es el de abrir un debate en la Cámara sobre la política de empleo y el sistema de relaciones laborales a instancia de una parte nada despreciable de la ciudadanía, no nos debe causar sorpresa, pero sí indignación, ya que se convierte en una nueva constatación de la involución social y democrática que esta viviendo nuestro país.

Reformas laborales, desmantelamiento del Estado Social, recortes y privatizaciones en los servicios públicos y en el sistema de protección social, tasas judiciales que ponen en riesgo la efectiva igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a la justicia, y una reforma del código penal que incorpora una batería de medidas cuyos elementos esenciales son configuradotes de los sistemas autoritarios, son signos inequívocos de dicha involución.

Otro tanto cabe decir de los servicios públicos, que están en la diana del pensamiento neoliberal, pero que, si analizamos el grado de eficacia y eficiencia que sirven como argumento ad hoc de los procesos de privatización, ponen en evidencia que nadie, nunca, ha gastado más ni peor el dinero público destinado a la provisión de tales servicios.

Se gobierna por decreto, se arruina el dialogo social y el Consejo de Ministros, cada viernes, infiere un nuevo hachazo a los derechos de las personas, poniendo en cuestión el propio derecho a tener derechos.

La movilización social fundada en alternativas, que se viene sosteniendo por los sindicatos y otros sectores de la sociedad, sigue siendo la hoja de ruta para evitar la ruina definitiva a la que están llevando a nuestro país y, junto a ello, la reivindicación de la política, de la Política con mayúsculas, necesariamente ensamblada con la sociedad, insertada en el cada vez más urgente y necesario proceso de regeneración democrática que viene reclamando la mayoría de la sociedad.

Tomo prestadas unas palabras de Stiglitz cuando afirma que las políticas que se están realizando, las consecuencias sociales y de empleo que están teniendo para las personas, están haciendo más daño a los valores fundamentales de la democracia que cualquier régimen totalitario en tiempos presentes.

Termino con la letra de una canción de Paco Ibáñez que viene muy a cuento en estos momentos: “¡a galopar, a galopar…!”