“España está creciendo”, esta es la frase que repetía tanto la vicepresidente de gobierno Soraya Saénz de Santamaría en el debate del pasado día 7 para incitar a los ciudadanos a que den su voto a su partido, el PP, actualmente en el gobierno. Esa es la frase que repiten una y otra vez sus dirigentes durante esta campaña electoral. Y esta es la frase de la que, en el cara a cara con el líder de la oposición, el pasado lunes, Pedro Sánchez (PSOE), echaba mano el actual presidente de gobierno. Rajoy no se casaba de repetir en un debate lleno de crispación e insultos, que “España esta creciendo”. Y no mentía. Es verdad, España está creciendo, poco, pero está creciendo y superando lentamente y con mucho esfuerzo por sus trabajadores la crisis. Una crisis, por otra parte, inventada por las altas finanzas y empresas multinacionales. Pero ya habrá ocasión más detenidamente de hablar de esta falacia. Vamos a analizar someramente este crecimiento y si es debido o no a la acción del gobierno como afirman por activa y por pasiva sus dirigentes en todas sus intervenciones, ante los medios y ante su público en diferentes actos de propaganda electoral.
Es cierto que España está saliendo de la crisis. Bien es verdad que en algunos aspectos la política del gobierno de los populares ha reducido -en esto son expertos- el déficit público, sobre todo en la administración, pero no es menos cierto que el tímido despegue de la economía de los españoles se debe a la situación internacional, sobre todo europea, y a una serie de factores ajenos al gobierno, como por ejemplo, la bajada del euro respecto al dólar y a una notable rebaja en el petróleo, así como en la disminución en tres puntos de interés hecha por el Banco Central Europeo. Estos son los tres factores principales de esa recuperación. No obstante, todavía España no ha llegado a los niveles del estado de bienestar que tenía hace cinco años. El desempleo, que no ha bajado, aunque hayan disminuido las ayudas a desempleados -luego veremos por qué- y los recortes en los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- siguen pesando mucho en la economía familiar inclinando la balanza a una situación límite en la que sigue viviendo casi la tercera parte de la sociedad. Si a ello unimos el dinero público, unos 22.000 millones que entregó el gobierno a Bankia (entidad bancaria creada por el mismo gobierno y que arruinó su vicepresidente, antiguo director del FMI, el señor Rato (imputado por cinco delitos económicos) y un equipo incompetente de personajes nombrados por él), para recuperar dicho banco, la corrupción y la errónea política fiscal, con una exagerada subida del IVA en tres puntos que sigue repercutiendo en las economías más débiles y en el consumo, nos daremos cuenta de que esa recuperación no viene precisamente por quien acaba de llevar al país a sus extremos de pobreza y recortes. Situación de la que, si una nueva política no lo remedia, puede tener sumida y consumida a España durante más de un decenio. De nuevo, como en tiempos del dictador hace cuarenta años, España va a la cola de Europa, donde la crisis va quedando atrás, pero la recuperación es lenta y a costa del sacrificio de los trabajadores. Si a esto unimos la corrupción imperante sobre todo en el Partido del gobierno, y la fuga de capitales (se dice que la capital de España es Suiza, España es el segundo país en corrupción, detrás de Rumanía) es fácilmente deducible la prolongación de la crisis más allá de lo que marca la UE.
La crisis sigue y con cifras alarmantes tanto por los beneficios para una pequeña minoría, las grandes empresas y emporios financieros, como perjuicios para la mayoría de los ciudadanos, con una desigualdad que ha aumentado un 85 %, tanto en pérdidas generales como en ganancias particulares de quienes se han aprovechado de la situación. En este sentido se podía comparar con países emergentes del Tercer Mundo, Asia, por ejemplo, donde los ricos han pasado de ser el 20%, al 10%, con un aumento de riqueza del 90 %, mientras paralelamente la pobreza ha aumentado hasta la misma cota del 90 %. Es decir ha aumentado la desigualdad social, y los ricos se han hecho más ricos en el mismo porcentaje.
Ya hemos enumerado las causas: la corrupción con la evasión de capitales, el rescate de los bancos con dinero público y los recortes que en algunos casos han llegado al 40 %. De esta desigualdad, y del lento progreso y sus causas están dando cuenta algunos expertos en economía, catedráticos cuyas intervenciones en prensa digital y algunas cadenas de televisión están contrarrestando las informaciones que difunde el gobierno a través de su potente sistema de medios de comunicación y propaganda.
DATOS DEL MAPA ESPAÑOL
SANIDAD:
España fue en el 2013 el segundo país de la UE donde más cayó el gasto en sanidad, casi un 45%, que se ha seguido manteniendo cuando no ha subido hasta seis puntos en algunas Comunidades Autónomas.
La mayor parte de organizaciones sanitarias, españolas y europeas siguen denunciando el alarmante deterioro de la sanidad pública en los últimos cuatro años, con medidas impopulares y poco efectivas como el “Copago” (pagar las recetas y otros servicios hospitalarios), la exclusión sanitaria o desigualdad entre territorios, así como la disminución de médicos de cabecera, urgencias y ambulancias para traslado de enfermos.
Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad (FADSP), el porcentaje de gasto sanitario público sobre el PIB ha pasado del 6,7% en 2009 al 5,8% en 2015.
Aparte de esos pequeños -podíamos llamar- recortes en sanidad, el presupuesto público se ha reducido más de un 20% en los últimos cinco años. Medidas que tienen claras consecuencias en la calidad asistencial y las prestaciones que reciben los ciudadanos. Así lo evidencia este informe de la FADSP, hecho público esta semana al hacer balance de los cuatro años de Gobierno del Partido Popular.
Según esta organización, la política de recorte del gasto social "supone el intento de aprovechar la crisis (...) para desmontar una de las patas del Estado del bienestar". Y si el porcentaje de gasto sanitario público sobre el PIB ha pasado del 6,7% en 2009 al 5,8% en 2015, está previsto –según las previsiones que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas– que descienda incluso al 5,6% el año que viene.
Los recortes presupuestarios también han disparado las listas de espera públicas hasta el 32% de media, llegando en unas comunidades como Valencia al 67% y al 54% en Castilla y León. Al tiempo, casi 30.000 personas han perdido su puesto de trabajo en la sanidad española por culpa de la tijera presupuestaria. También este gobierno implantó el “copago” del 10% en los medicamentos para los pensionistas y alrededor de 600.000 inmigrantes sin papeles perdieron el derecho a la sanidad.
En Enero de 2014 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que el Real Decreto-Ley 16/2012 no es conforme a la Carta Social Europea (CSE), debido a la exclusión del acceso a la atención médica para los extranjeros adultos en situación irregular. Lo hace estableciendo que “la crisis económica no debe dar lugar a una disminución de la protección de los derechos reconocidos por la Carta. Por lo tanto, los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para garantizar que estos derechos estén efectivamente garantizados cuando la necesidad de protección sea mayor” o que “la crisis económica no puede ser un pretexto para la exclusión o restricción del acceso a la atención sanitaria que afecta a la esencia misma de ese derecho”.
España incumple, pues, los artículos 11 y 19 de la CSE sobre protección en materia de asistencia sanitaria. En definitiva, reformas y recortes que son un fracaso porque no han solucionado los problemas existentes y han creado otros nuevos con consecuencias en la salud de las personas.
Anular el copago y toda privatización de hospitales, así como promover aumento de plantillas, es una de las reivindicaciones del sector sanitario para el próximo gobierno.
EDUCACIÓN
España fue en 2013 el país de la UE que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto destinó a la educación, concretamente el 4%. Quedó así solo por detrás del 2,8% que destinó Rumanía y por debajo del 5% de la media europea, según un estudio publicado por la Comisión Europea.
En cuanto al gasto que se destinó a educación dentro de todo el gasto público, en España apenas representó el 9 % del total público, frente al 10,3% de media en Europa. Sólo en Grecia (7,6%), Italia (8%) y Rumanía (8,1%) ese porcentaje fue menor. España es, además, el único país junto con Italia donde el gasto en educación cayó durante cuatro años consecutivos entre 2010 y 2013, un 1,2% en 2010 frente a la subida del 2% de media en la UE. El peor año fue 2012, con una bajada del 6,1%.
La recuperación no se ha notado, y 5000 profesores que fueron despedidos, siguen sin tener trabajo.
El informe de la Comisión Europea refleja que España, Italia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Portugal y Finlandia son los únicos en los que ha caído el gasto en educación durante al menos tres años consecutivos, pero admite que España, Italia, Irlanda y Reino Unido, representan los casos "más problemáticos desde una perspectiva demográfica". También ofrece el dato de que los presupuestos en educación han caído un 3,2% en toda Europa desde 2010 por la crisis.
Respecto a los objetivos marcados para 2020, España todavía tiene la tasa de abandono escolar temprano "más elevada en Europa": el 21,9% el año pasado, y ello a pesar de que la cifra ha mejorado en los últimos seis años, según el informe. En 2013 se situó en el 23,6%, muy por encima del objetivo nacional de bajarla al 15% en 2020. Y así como el informe de la UE refleja que España es uno de los países en los que más alumnos han completado estudios superiores, con una tasa del 42,3%, por encima del 37,9% de media en la UE, también apunta que España está a la cola si se calcula cuántos recién graduados en estudios superiores han encontrado un empleo: el 68,6% frente al 76,1% de media europea y lejos del 82% que marca el objetivo de la UE para 2020.
Las posibilidades de empleo de los graduados de educación superior, continúa siendo un enorme desafío, pues se han visto obligados a emigrar, según un informe del Consejo de la Juventud, Federación compuesta de 76 Asociaciones Juveniles, ante la falta de trabajo. Desde 2011, como he denunciado en anteriores artículos, entre 40.000 y 50.000 jóvenes cada año tienen que salir al extranjero, llegando a casi medio millón los chicos que están fuera de España entre los 25 y 35 años en busca de su primer empleo. Jóvenes bien capacitados cuya preparación ha supuesto un alto coste y cuyo rendimiento queda fuera de su país. Todo un drama que oscurece el futuro de cualquier nación.
ECONOMIA Y EMPLEO
En este sector no valen las estadísticas, ni las cifras, que uno puede manejar a su antojo para ocultar la realidad. Es lo que está haciendo el gobierno pregonando que ha aumentado en casi medio millón las personas que han encontrado empleo. Una falacia que han desmontado los expertos en el tema.
La gran baza del PP al final de su periodo es que, por primera vez desde 2008, la economía española está creciendo a buen ritmo. Es cierto que a partir del segundo semestre de 2013 la economía comenzó a lanzar signos de recuperación. No obstante, durante los dos primeros años del PP, la situación había ido de mal en peor. La prima de riesgo subió a su máximo durante el primer año del PP, superando los 600 puntos y poniendo a España al borde del colapso. Se produjo la caída de Bankia (para salvar este nuevo banco resultado de la fusión de varias Caja de Ahorros, manejadas en su mayoría por el PP, el Estado tuvo que inyectarle 22.000 millones de dinero público), y el Estado se vio obligado a pedir un rescate financiero con fuertes condiciones e intereses a Europa.
En julio de 2012, el BCE actuó como prestamista de última instancia, salvando del rescate -estilo Grecia- tanto a España como a Italia. Sus resultados comenzaron a notarse en el 2013. La situación comenzó a mejorar favorecida por un petróleo más barato y una Comisión menos estricta con el calendario de reducción del déficit (austeridad). La recuperación de los dos últimos años se explica mejor por estos factores exteriores que por las reformas y políticas llevadas a cabo por el PP.
La primera preocupación de los españoles, según todas las encuestas, es el empleo, y lo sigue siendo tanto hoy como hace cinco años. Ciertamente, y así lo pregona el gobierno tergiversando datos y acomodándolos a sus intereses electorales, ha habido una reducción modesta del paro. En el tercer trimestre de 2015 había 427.500 parados menos que en cuarto trimestre de 2011. Es una ganancia pequeña, que queda muy lejos de los 3,5 millones de empleos nuevos que prometió que iba a crear en la campaña electoral de 2011, pero al menos se ha conseguido romper la tendencia a la baja. Pero paralelamente, los ocupados se han reducido, y esa cantidad manejada en favor del gobierno es engañosa, pues uno de los factores que da ese resultado es la larga duración de muchos desempleados que han dejado de percibir ese subsidio de desempleo por haberlo agotado. En este sector de parados de larga duración el gobierno tenía que haber gastado 41.346 millones en subsidios, y no lo ha hecho. Hoy hay menos gente trabajando en España que hace cuatro años. En el tercer trimestre de 2015 había 104.300 trabajadores menos que al inicio de la legislatura.
En términos de afiliados a la Seguridad Social, estamos prácticamente igual que al comienzo, con una pequeña reducción de 8.455 afiliados. A esta reducción del paro hay que sumar también el hecho de que mucha gente ha abandonado España o ha perdido cualquier esperanza de encontrar un trabajo, dejando de ser parte de la población activa.
También es cierto que se ha restablecido el crecimiento económico, pero no lo suficiente como para que la situación sea hoy mejor que hace cuatro años. La renta per cápita es en 2014 (último año para el que hay datos) prácticamente igual a la de 2011. Durante este último año es previsible que se haya incrementado algo, situándonos ligeramente por encima de 2011. El déficit público se ha reducido considerablemente, aunque a un ritmo algo más lento que el exigido inicialmente por la Comisión. La deuda pública, en cambio, ha aumentado espectacularmente, en 30 puntos del PIB, hasta situarse en el 100% del PIB, debido tanto a la debilidad de los ingresos durante la crisis, lo que ha ralentizado mucho la reducción del déficit, como a los fondos empleados en rescatar a las entidades financieras en apuros.
Según el catedrático Sánchez-Cuenca de quien se han recogido aquí algunos datos, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión ha aumentado en la sociedad española en 2,5 puntos porcentuales y en casi cuatro puntos entre los menores de 16 años, estando entre las más altas de Europa. Asimismo, se ha producido un descenso fuerte de los salarios, y si han encontrado trabajo durante estos años de crisis se han visto obligados a hacerlo aceptando salarios míseros, muy por debajo de los anteriores.
“El recorte en todos los sectores y servicios -afirma el profesor Sánchez Cuenca-, ha sido generalizado, en ocasiones brutal, como la reducción del 17% en desempleo cuando España es el segundo país de la UE con más paro”. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de cobertura de los parados ha pasado del 70,7% en 2011 al 58,5% en julio de 2015. A la vez, e observa un aumento de casi el 30% en el servicio de la deuda pública a pesar del descenso espectacular de la prima de riesgo gracias al apoyo del BCE. Asimismo, como consecuencia del envejecimiento de la sociedad española, el gasto en pensiones ha seguido aumentando, pese a haber dejado sin pensión en estos dos últimos años a 350.000 jubilados.
CONCLUSION
Podíamos acabar este análisis con dos conclusiones: en los dos primeros años de legislatura vemos una reducción del 9% en sanidad y del 10% en educación. En protección del medio ambiente el recorte llega al 15%. En educación se ha aumentado de 25 a 38 alumnos por aula, se ha despedido a un número muy elevado de docentes, como hemos en enumerado al inicio; se han subido las tasas universitarias hasta un 76 % y, se han reducido las becas, desde la de comedor, hasta las más notables, y atractivas para los estudiantes universitarios, como son las conocidas como “Erasmus”…
El resultado de sus políticas de recortes es un país menos cohesionado y más desigual, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres han aumentado en número y en pobreza. Según Cáritas y otras instituciones y sindicatos (con los que lógicamente no está de acuerdo en señor Montoro ni el gobierno), el riesgo de pobreza en España era en 2008 del 24,6 %, subió en el 2013 al 31 %, y llegó en el 2014 al 33,7 %. Según las mismas instituciones se prevé que al final de este año supere el 37 %. La pobreza extrema, según el último estudio de Cáritas, afecta a más de tres millones de personas, aunque el señor Montoro declare que esos informes no se ajustan a la realidad. España es el segundo país de la UE con mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía. Alrededor de 5 millones de personas sufren exclusión social extrema, increíble, en uno de los países más ricos del mundo, como es el nuestro en recursos naturales y alimenticios.
La atención de Cáritas a los necesitados ha ido en aumento en estos últimos tres años: Si en el año 2012 fueron atendidas 1,9 millones de personas, pasó en el 2013, a 2,5 millones, llegando en el 2014 a casi tres millones. Se prevé en este año que acaba, que dicha atención supere los tres millones de atendidos, un aumento muy superior a los anteriores, teniendo en cuenta que muchos inmigrantes, que eran atendidos anteriormente han dejado de serlo por haber vuelto a su país o haber salido de España en estos últimos dos años. Por tanto ese porcentaje está cuantificado sólo de personas de nacionalidad española. El aumento en general se puede considerar que llega al 71,1 % y se refiere no sólo a alimentación sino a reparto de vacunas y otras medicinas como está sucediendo en varios distritos de Madrid, Villaverde, San Blas, Entrevías y Vallecas.
Es el resultado de las grandes reformas estructurales de estos años: la desprotección ciudadana. Por un lado, la reforma del mercado laboral, instrumento clave para conseguir la reducción de los salarios, la pérdida de poder negociador de los trabajadores, aumento del coste de productos con menor poder adquisitivo, cuando no nulo. Por otro, la reforma del sistema de pensiones, y el ahorro del pago a 350 mil pensionistas, que supone un ahorro importante a las arcas del Estado a costa de los contribuyentes. Política de prácticas abusivas que han degradado la democracia en estos cuatro años. Como siempre, los más afectados, las clases trabajadoras, los niños y los pensionistas. Precisamente los sectores que más lo necesitan.