Tras ocho años de crisis económica, agravada por una agresiva gestión conservadora de la misma, sus efectos en términos de paro, precariedad, desregulación laboral y desigualdad social resultan dramáticamente devastadores. Es hora, pues, de evaluar los daños e impulsar alternativas progresistas, combinando el rigor del análisis científico y la voluntad del compromiso social.
Tal es, en síntesis, el objetivo del IIº Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad organizado por la Fundación 1º de Mayo y que ha convocado a 300 sindicalistas y expertos universitarios en economía, derecho y sociología del trabajo que, entre el 21 y el 23 de este mes debatirán sobre la situación del mercado de trabajo y las relaciones laborales, la política industrial y de innovación, fiscalidad, modelo productivo, educación y lucha por la igualdad, en base a las 40 ponencias registradas así como a las propuestas de cualificados representantes académicos, políticos y sindicales que han comprometido su asistencia.
Se trata de impulsar el desarrollo de un polo alternativo a la actual hegemonía ideológica del pensamiento neoliberal emitido desde cátedras y think tanks generosamente financiados por bancos y grandes corporaciones empresariales, que desde una pretendida neutralidad científica promueven y avalan los actuales modelos de austeridad económica y fractura social.
Hacer frente a dicho modelo de legitimación ideológica exige la articulación sistemática, flexible y con voluntad de continuidad de las redes académicas y sociales en que se genera y difunde el pensamiento crítico con las de la acción sindical, contribuyendo al fortalecimiento de su intervención como eje vertebrador de un amplio movimiento en defensa del trabajo y la igualdad social.
Desde sus ya lejanos orígenes (siglo XIX), el sindicalismo se ha planteado como objetivo central la lucha por la justica y contra la desigualdad social, tratando de reducir la profunda asimetría que caracteriza la relación individual empresa/trabajador y desarrollando, a tal efecto todo tipo de dispositivos colectivos, desde el iuslaboralismo a la negociación de convenios y la convocatoria de huelgas y protestas sociales, en defensa y promoción de los derechos e intereses de los asalariados.
Durante la fase expansiva del capitalismo industrial (siglo XX), la intervención sindical resultará decisiva como protagonista del contrato social keynesiano, actuando tanto sobre la primera distribución de la renta (salarios, condiciones de trabajo, regulación del mercado laboral) a través de la negociación colectiva, como sobre los mecanismos propios de la segunda re-distribución (política fiscal, prestaciones sociales, Estado de Bienestar) mediante su participación institucional y presión social.
En términos agregados, el balance de la intervención histórica del sindicalismo es claramente positivo, tanto en su función de prescriptor social como en la de factor de igualdad; habiendo contribuido de forma decisiva, en el primer caso, a convertir en derechos consolidados lo que inicialmente se presentaba como utópicas reivindicaciones obreristas (asociación, negociación, huelga, jornada, vacaciones, seguridad social…) y, en el segundo, a reducir considerablemente la desigualdad social, mediante una distribución más equitativa de los ingresos y una mayor re-distribución por la vía de las políticas fiscales y de bienestar (educación, sanidad, pensiones…), hasta el punto de que los estudios comparados confirman que el poder sindical, medido en términos de tasa de afiliación, es la única variable institucional que se asocia siempre con menos desigualdad, poniendo de manifiesto la correlación positiva entre intervención sindical y cohesión social, tanto a nivel de empresa como entre países y sistemas de relaciones laborales.
Desde finales del siglo pasado y principios del XXI, dicha dinámica se habría ralentizado, amenazando incluso con revertirse como resultado de una serie de cambios estructurales (globalización y crisis del modelo fordista, segmentación del mercado de trabajo, aumento del paro…), institucionales (agotamiento del modelo anterior de concertación social y negociación colectiva) y culturales (tendencias individualistas emergentes, ofensiva neoliberal de deslegitimación de la acción colectiva) que han afectado tanto al escenario como a los actores y a la propia gestión de las relaciones laborales.
La gestión conservadora de la crisis actual ha agravado dicho proceso mediante sus políticas de austeridad y recortes, complementarias a la reforma laboral (prevalencia del poder empresarial y desarticulación de la negociación colectiva) y la ofensiva contra el sindicalismo (marginación contractual y deslegitimación social), con el resultado de una creciente desigualdad tanto en el ámbito laboral (paro, diferencias salariales, precarización…) como civil (pobreza, desahucios, recortes en educación, sanidad, pensiones, dependencia…).
Estamos, pues, ante el retorno de la cuestión social, cuya magnitud y dramatismo se abren paso contra la hegemonía del pensamiento neoliberal y las propuestas economicistas, poniendo de manifiesto la correlación, ahora negativa, entre el acoso a los sindicatos, el debilitamiento de la negociación colectiva y el incremento de la desigualdad que registran todos los informes y estudios especializados (OCDE, FMI, Oxfam, Caritas…)
Se trata, en definitiva, de una estrategia concertada que con el actual gobierno del PP está alcanzando sus más altas cotas de virulencia: mientras, por una parte, se alienta una amplia campaña de acoso y desprestigio global del sindicalismo (acusado de anacrónico, disfuncional, poco representativo, subvencionado…), por otra se impone una reforma laboral que está reduciendo considerablemente la cobertura de la negociación colectiva, (descuelgues, empresarización, fin de la ultractividad…), al tiempo que se intenta restringir el derecho de huelga y se reprime su ejercicio, retrotrayéndonos a tiempos oscuros que creíamos largamente superados.
Hacer frente a la estrategia de desregulación laboral y de marginación del sindicalismo, exige de éste un esfuerzo sostenido en la triple dirección de defender su legitimidad y representación, superar sus limitaciones, e incluso errores, y reivindicar en la práctica el reconocimiento positivo de su función social.
En el primer caso, se trata de poner en valor la legitimidad de origen del sindicalismo como prescriptor de derechos y factor de igualdad social, y su representatividad como el mayor movimiento organizado a nivel europeo (sesenta millones de afiliados, equivalente al 23% de la población asalariada) y español (tres millones de adscritos y una tasa de afiliación del 19%), que se amplía considerablemente a través de las elecciones sindicales que, en nuestro país, suponen la elección cada cuatro años de más de 300.000 delegados por parte de los trabajadores de 100.000 empresas aproximadamente.
Por lo demás, reivindicar la legitimidad y representación de nuestros sindicatos no implica ignorar sus propias insuficiencias (débil presencia en las micro y pequeñas empresas, dificultades de agregación de jóvenes, precarios y parados), ni minimizar el reconocimiento de los errores que han erosionado su imagen social, desde algunos excesos en su dimensión institucional que los han hecho aparecer alejados de los colectivos laborales más periféricos, hasta los casos de malas prácticas que no por minoritarios y puntuales dejan de suponer un fuerte coste reputacional para el conjunto del sindicalismo.
Así pues, el reto del sindicalismo pasa por actualizar el impulso ético de la mejor tradición obrera y renovar sus prácticas en materia de trabajo de proximidad, transparencia, autofinanciación y ejemplaridad, anticipándose incluso a los requerimientos legales, lo que sin duda contribuirá decisivamente al desarrollo de sus funciones en defensa de los trabajadores y a la regeneración democrática del conjunto de la sociedad española, necesaria también para garantizar una salida social de la crisis.
Junto a la de origen y representación, es la legitimidad de ejercicio la que avala la utilidad de la intervención sindical y merece el reconocimiento social, lo que exige reforzar la visibilidad de la intervención sindical en los centros de trabajo y la negociación colectiva, el espacio fragmentado en el que cotidianamente se dirimen los conflictos y defienden los derechos de millones de trabajadores.
La crisis actual ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión social, la desigualdad rampante y la fractura de clase que un discurso ideológico neoliberal trata de presentar como superado en la sociedad de emprendedores y clases medias, generando paradójicamente una paulatina re-materialización del conflicto que, incorporando los nuevos repertorios de protesta, hace posible, e incluso necesaria, la convergencia y articulación entre todos los movimientos que reclaman la dignidad del trabajo y la ciudadanía, al enlazar la lucha en torno a las viejas reivindicaciones obreras (empleo decente y con derechos) con la defensa de las nuevas demandas ciudadanas (educación, sanidad, vivienda, calidad democrática…) en la perspectiva de articular un nuevo bloque social que estableciendo como objetivo central la lucha por la igualdad, pueda hacer frente a la ofensiva neoliberal y contribuir a una alternativa progresista a la crisis económica, social e institucional que afecta gravemente a nuestro país.