Mucho se viene hablando en los últimos tiempos de la necesidad de abrir un proceso constituyente, dado que la actual Carta Magna ha quedado obsoleta al dejar a un porcentaje cada vez mayor de la población al margen de ella, a las interpretaciones torticeras de que ha sido objeto –Estatuto de Catalunya por ejemplo, a las reformas rápidas que ha sufrido sin consultar al pueblo –artículo 135-, y al incumplimiento sistemático de sus mandatos más avanzados. Pienso, quizá vaya muy lejos, que la actual Constitución podría haber funcionado unos años más si no hubiese sido violada a placer por los encargados de su custodia, si se reformase para abrirla más a la participación ciudadana y se suprimiesen algunos artículos procedentes de los tratados de la transición, pero como se interpreta a capricho por los poderes, como se hace de ella un arma arrojadiza para descalificar a los disidentes, me parece que su final está próximo, muerta por quienes la nacieron. Sin embargo, es precisa una consideración, se puede, y se hará, abrir un proceso constituyente que elabore una nueva Norma Fundamental, pero de poco servirá esa norma si no se aplica, si es papel mojado, si la ciudadanía la considera ajena y no está vigilante ante las agresiones que de seguro recibirá por parte de los herederos y dueños de la España cañí: “Dadme la mejor de las leyes y con ella yo ahorcaré al más justo de los hombres”.
La Constitución Española de 1978 sirvió durante unos años porque la izquierda claudicó en aspectos esenciales de su programa, porque dejó de lado los intereses de sus representados para mayor gloria del consenso y de la llamada estabilidad política, dando paso con esa posición morigerada al resurgimiento de la extrema derecha como alternativa de gobierno de la mano de Manuel Fraga y sus conmilitones. Empero, la mayor parte de los mandatos constitucionales que amplían derechos y obligan a los poderes públicos siguen sin desarrollarse alegando que están incluidos en la parte declarativa de la Carta, aunque protejan derechos tan fundamentales como el de tener una vivienda digna. En su título I, De los Derechos y Deberes Fundamentales, capítulo tercero, De los principios rectores de la política social y económica, artículo 47, dice taxativamente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Bueno, pues un derecho tan fundamental como tener una vivienda para cobijarse de las inclemencias, vivir con un mínimo de dignidad y poder educar a la prole, no existe en España, lo dice, lo manda la Constitución de 1978 aunque sea en su parte declarativa, pero esa parte no es un adorno sino que marca el camino por el cual ha de circular tanto la labor de gobierno como la de las Cortes Generales. Ni puto caso, lo que sí existe es el derecho de los prestamistas, los usureros y los estafadores a expulsar de sus casas a sus legítimos moradores, aunque lleven pagado el setenta por ciento de su hipoteca y la crisis-estafa les haya dado de lleno en su línea de flotación. Los poderes públicos no han promovido las condiciones necesarias ni las normas para hacer efectivo ese derecho, antes al contrario han permitido que el uso del suelo –sobre todo desde la reforma de la ley del suelo de Aznar que fue antesala del ladrillazo- vaya contra el interés general para favorecer el lucro privado incesante, destruir urbanísticamente el país –sobre todo la costa Mediterránea, un lodazal de hormigón y mierda casi irrecuperable-, auspiciar la especulación como principal motor de la economía y dejar sin vivienda a cientos de miles de personas cuando hay tres millones de casas vacías. Como es fácil comprobar, esa Constitución y quienes la interpretan no sirve al interés general sino a los intereses de particulares de reconocido patrimonio y apellidos.
Si una Constitución no es capaz siquiera de considerar como derecho fundamental de obligada protección por los poderes del elemental derecho a la vivienda, es una norma fallida, al igual que quienes se llenan la boca con ella y hacen lo que les viene en gana para acrecer sus fortunas y mejorar aún más sus ya mejoradas condiciones de vida. Las Normas Fundamentales, escritas o consuetudinarias, lo son mientras son aceptadas por el pueblo que las votó como instrumento válido de convivencia, pero mueren cuando quienes gobiernan las utilizan como un escudo protector contra aquellos a quienes desposeen de derechos seculares y la transforman para subvertir el orden democrático e imponer un dominio de clase, que es lo que viene ocurriendo desde que comenzó la involución al calor de la estafa global y de la ofensiva brutal del capitalismo neoconservador. Entonces, las constituciones comienzan a parecerse a las leyes de las satrapías y, prostituidas, terminan siendo la alfombra de entrada de los regímenes más espurios y tiránicos.
Por poner otro ejemplo, en su artículo 40.1 la actual Constitución dice: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. El incumplimiento de este artículo por quienes durante treinta y seis años, pero especialmente en los últimos quince, han tenido y tienen la obligación inexcusable de llevarlo a la práctica es obvio, los poderes públicos, en connivencia con los privados, no han promovido las condiciones favorables para el progreso social y económico, tampoco la justa distribución de la renta territorial y personal, ni mucho menos han desarrollado políticas orientadas al pleno empleo sino más bien todo lo contrario: Una cuarta parte de las personas que tenían que estar trabajando no tienen ninguna posibilidad de hacerlo salvo que cuenten con una preparación fuera de lo normal y estén dispuestas a irse a Laponia a trabajar de limpia-retretes por dos maravedíes; la jornada laboral aumenta sin cesar mientras disminuyen los salarios hasta hacerlos insuficientes para cubrir los gastos corrientes mensuales; las diferencias sociales y económicas se han disparado de tal manera en los últimos años que ya somos el país más desigual de la desigual Unión Europea, dándose la paradoja de que entre nosotros habitan los hombres más ricos del continente mientras sus dineros ya han llegado al paraíso, y los niños más pobres, niños que en cantidad de casi tres millones no tienen ni siquiera recursos para una alimentación adecuada.
Ni derecho a la vivienda, ni derecho al trabajo, ni distribución equitativa de la renta, ni política económica orientada al pleno empleo, ni protección del medo ambiente, ni progreso social y económico, ni poderes públicos que velen por la salud pública integral, ni libertad de expresión y manifestación, que para eso está Fernández Díaz, sus amenazas y sus porras. Todo eso son mandatos constitucionales, pero aquí no existe ninguna constitución, esto es un cortijo y en los cortijos mandan los señoritos y el derecho de pernada, hoy igual que en 1923.