La recogida de firmas contra el Estatuto promovida por el jefe del Partido Popular Mariano Rajoy y el posterior recurso ante el Tribunal Constitucional, que en sentencia de junio de 2010 invalidaba artículos que estaban en otros Estatutos como el valenciano o el andaluz, no fue un error como muchos dicen ahora, sino una demostración de irracionalidad y del ridículo anticatalanismo que fluye por la sangre de los herederos de Franco
Como todos los años, el día 11 de septiembre se celebró la Diada de Catalunya, festividad que recuerda al muy católico Rafael Casanova, defensor de los derechos del Archiduque Carlos de Austria a la Corona española y opositor a las aspiraciones borbónicas en la persona de Felipe de Anjou. Casanova no era un independentista sino un monárquico austracista español que dirigió la resistencia de Barcelona del cerco borbónico con las armas y organizando cientos de novenas, quinarios y rezos multitudinarios en espera de que la Divina Providencia le diese la razón: “Los sitiados –escribía Voltaire- se defendían con un coraje fortificado por el fanatismo. Los sacerdotes, los capellanes, corrían con las armas y hacia las brechas, como si se tratara de una guerra de religión…”. El recelo de Casanova ante la posibilidad de la llegada de un Borbón estaba justificado. Durante la rebelión catalana de 1640, el Principado terminó bajo el control del rey y los funcionarios franceses, quienes no dudaron en suprimir todos los fueros, incluso la lengua catalana, situación que todavía perdura en los territorios catalanes que hoy forman parte de Francia, el Rosellón y la Cerdaña, dónde sólo el 3,5% de la población habla su antigua lengua frente a más del 60% en la Catalunya sub-pirenaica. Nadie pondrá en duda, pese a este hecho, lo mucho que debe la democracia mundial a la Francia centralista y jacobina.
En España, al contrario que en Francia, que también es una nación de naciones, nunca culminó la revolución democrática, hecho que impidió la creación de un Estado democrático jacobino como el francés. El renacimiento industrial, comercial y cultural de Catalunya, acaece con los Borbones, cuando la Corona permitió a los comerciantes, financieros e industriales catalanes actuar con total libertad en las colonias, lo que contribuye a explicar la profunda crisis económica y social que se produjo en el Principado tras la pérdida de los últimos territorios ultramarinos, crisis de la que sólo se saldría cuando la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial permitió –sin que se supiese aprovechar para crear un tejido industrial sólido- que Catalunya se convirtiese en exportadora de manufacturas a los países beligerantes. Los aranceles que protegieron a la industria catalana y vasca, hicieron todo lo demás, enriqueciendo a la burguesía y empobreciendo a millones de personas en todo el Estado. No es bueno, por tanto, inventar la historia a la carta, según las conveniencias y los intereses de las clases dirigentes de un momento dado.
En España, al contrario que en Francia, que también es una nación de naciones, nunca culminó la revolución democrática, hecho que impidió la creación de un Estado democrático jacobino como el francés
Dicho esto, es menester volver al momento actual y contemplar con la suficiente perspectiva como hemos llegado hasta este momento tan sentimental como esperpéntico. Cuando Zapatero y Maragall decidieron iniciar el proceso de actualización del Estatuto de Cataluña no existía una verdadera demanda en ese sentido, pero quisieron anticiparse para evitar conflictos futuros y por razones de justicia. El nuevo Estatuto de Catalunya no despertó un excesivo entusiasmo en la población, que tenía otros problemas, pero fue aprobado por el Parlament, Las Cortes y por aquellos ciudadanos catalanes que quisieron ir a votar. La recogida de firmas contra el Estatuto promovida por el jefe del Partido Popular Mariano Rajoy y el posterior recurso ante el Tribunal Constitucional, que en sentencia de junio de 2010 invalidaba artículos que estaban en otros Estatutos como el valenciano o el andaluz, no fue un error como muchos dicen ahora, sino una demostración de irracionalidad y del ridículo anticatalanismo que fluye por la sangre de los herederos de Franco. No existía ninguna razón de peso que justificase ese recurso, salvo que se considerase como tal remover bajas pasiones en busca de posibles votantes con el mismo fluido sanguíneo y cerebral. La crisis económica provocada por el estallido de la burbuja financiero-ladrillera supuso el declive del gobierno Zapatero y la llegada al poder de un partido autoritario que modificó las funciones del Tribunal Constitucional para hacerlo beligerante, aprobó leyes muy restrictivas de los derechos ciudadanos, recortó y privatizó buena parte de los servicios públicos esenciales y llenó España entera de un profundo e insoportable olor a estiércol. Entre tanto, le herida catalana seguía supurando sangre mientras el Sr. Rajoy y su partido continuaban, como en todo, mirando hacia otro lado y esperando a que escampe, también por intervención de la Divina Providencia, que siempre está al quite de los ruegos de la “buena gente”.
Siete años han pasado desde que el Tribunal Constitucional decidió anular parte del Estatut que habían aprobado los representantes del pueblo y el mismo pueblo. Ninguna sentencia de ningún tribunal puede anular lo que el pueblo ha aprobado siguiendo los cauces legales establecidos. Si hubiese habido políticos de talla, no las mediocridades que hoy abundan a un lado y al otro del Ebro, esa sentencia tendría que haber sido revisada por las Cortes Generales, devolviendo al Estatuto a su estado original. En vez de hacer eso, el Gobierno Rajoy se fue dotando de leyes represivas y ocupando parcelas cada vez mayores del Poder Judicial, asestando un durísimo golpe a la División de Poderes. En seis años de gobierno, apenas se ha negociado nada, se ha anulado la política en un momento en que la política era más necesaria que nunca, pasando la pelota a los jueces, entre cuyas potestades no está la dirección de los asuntos del Estado. Como respuesta a esa política nefasta, las filas del independentismo catalán, que en 2010 integraban a menos del 15% de la población, hoy han crecido hasta superar el 40 %. Las cosas no pueden estar más claras.
Soy murciano, y como hijo de un territorio pobre donde nunca instancias estatales decidieron montar una fábrica de coches o atraer a una gran multinacional, me siento maltratado, no así mis paisanos que una y otra vez insisten en votar al Partido Popular y en sacar a hombros a sus Alcaldes imputados. La existencia de España, pese a mis paisanos, peligra con un gobierno que se ha dedicado a promocionar el clientelismo y a enfrentar territorios. Lo ocurrido en el Parlament catalán durante la semana pasada además de causarme profunda tristeza, me parece algo tan autoritario como los que el Partido Popular viene protagonizando desde que está en el poder, pero sin duda la oportunidad de librarse de ese partido debiera ser algo compartido por todos los ciudadanos de España. Mientras tanto, los ingresos de quienes no tienen trabajo en Catalunya ni en el resto del Estado, siguen siendo nada; los sueldos de quienes trabajan en la hostelería, el comercio, la agricultura o la industria propios de país tercermundista y la amenaza sobre las pensiones cada vez más grande y difícil de resolver. Es a lo que conduce la política del avestruz.