Quienes han conquistado el Estado no creen en el Estado Democrático, piensan que quien llega al poder por los votos puede hacer lo que le de la real gana para favorecer a los suyos a costa del interés general
Cuando los Reyes Católicos y Luis XIV abrieron el camino al absolutismo monárquico el mundo en el que se desenvolvían dio un salto de gigante respecto a lo que había antes, que no era otra cosa que una multitud de reyezuelos que aplicaban la ley de manera diferente según su arbitrario y diferente parecer. La monarquía absoluta comienza con los reyes de España Fernando e Isabel y culmina con Luis XIV de Francia, fue en ese siglo y medio cuando los reyes lograron someter a la nobleza, hacerla cortesana e imponer una sola ley para todos sus dominios, una ley que desde luego no era justa, pero que lo era mucho más que doscientas leyes cada una elaborada según el Señor y el territorio. La Revolución francesa fue el paso siguiente, el de la burguesía, y las revoluciones democráticas y socialistas del siglo XIX y XX las que quisieron dar el poder a las clases populares, a los trabajadores. Es a partir de ellas que el Estado se convierte en un instrumento para la participación ciudadana, la distribución de la riqueza y el bienestar social, siendo, además, el garante de las libertades y derechos de todos. Empero, ese Estado apenas llegó a cristalizar en unos pocos países del mundo –casi todos europeos- y por un corto periodo de tiempo, el que va del final de la II Guerra Mundial hasta el desmoronamiento de la URSS y el ascenso de las políticas neoconservadoras, políticas que marcan una involución de tal calado que ha impregnado a amplios sectores de la población de sentimientos anti-Estado tan intensos como irracionales y contradictorios, utilizando para ello campañas de desinformación y manipulación mediática de una envergadura desconocida desde el triunfo del nazi-fascismo, unas veces por métodos subliminares, otras por pura propaganda, las más por el sometimiento de una cantidad ingente de periodistas que prefieren mentir y obedecer al amo antes que perder la soldada. De tal modo es esto así, que hoy muchos trabajadores del mundo creen que el Estado es el enemigo a derrotar y los dirigentes ultraderechistas que representan lo peor de cada casa, los aliados imprescindibles: Pagar impuestos o admitir refugiados son males insoportables; ser xenófobo o defraudador fiscal, un mérito que te puede llevar a presidir el país más poderoso del mundo.
En España, que nunca llegó a concluir el Estado del Bienestar por su tardía incorporación a la Democracia, la involución ha llegado a extremos inverosímiles. Quienes ocupan el poder gracias a los votos de ciudadanos cada vez más desinformados y abúlicos –recordemos que no existe ni una sola televisión de izquierdas, ni un solo periódico estatal de ese sesgo ideológico- consideran que el Estado es un instrumento de dominio de clase y como tal lo están utilizando sin que la izquierda haya sido hasta la fecha capaz de recrear y oponer un discurso contundente capaz de atraer pedagógicamente a amplias capas del electorado. Al comienzo de la crisis-estafa, los gobiernos del Partido Popular decidieron evitar la quiebra del sistema bancario aportándole según la Unión Europea cien mil millones de euros, o sea un diez por ciento del PIB. Se dijo que era para salvar los ahorros de los españoles, pero existían otros modos como dejar caer a las entidades podridas, encarcelar a sus directivos embargándoles todos sus bienes y crear una banca pública que garantizase el cien por cien de esos ahorros. También habría sido posible prestarles ese dinero con un interés determinado y un plazo para devolverlo. No se hizo así, y probablemente veremos muy poco dinero del que de forma tan indecente se dio a los bancos. ¿Fue el Estado Democrático el que hizo esa barbaridad? No, en ningún caso, eso lo hicieron las fuerzas políticas de la antigüedad que no creen en la democracia y si en un Estado al servicio de los más poderosos. Ninguna de las grandes fortunas amasadas en torno al crédito y a la especulación se ha visto afectada por la quiebra de las entidades que dirigían, ningún ejecutivo, gran accionista o directivo duerme en la cárcel pese a ser los responsables de la catástrofe, pese a haber llevado –como decía Fernando Fernán Gómez- una vida de lujo y desenfreno.
El Estado Democrático, por esencia, no permite que en ningún caso el interés particular se anteponga al general, sin embargo, conscientes quienes se han apoderado de él de la exigua oposición que encontrarán a sus latrocinios, obran sobre él y con él como si fuese un predio particular con el que se puede hacer cualquier cosa. Aznar, Rato y Cascos idearon junto a un grupo selecto de empresarios la construcción de una serie de autopistas de peaje para las que no existía demanda ni estudios de mercado fiables. Se trataba de dar un pelotazo más entre amigos. Construimos las carreteras, nos quedamos con la concesión por un montón de años y si la cosa no sale bien se la encalomamos al Estado, que aunque no tenga para pensiones, escuelas u hospitales, siempre tendrá un rincón de donde extraer cinco o seis mil millones de euros para los amigos. Entre los beneficiarios de esa magnífica inversión sin riesgo ninguno, con pingües beneficios asegurados, están Florentino Pérez, Villar Mir, March, Goldman Sachs, Bankia, Caixabank y Deutsche Bank, personas, empresas y entidades que piensan que el Estado no está para servir al común, sino a su particular y exclusivo servicio. También aquí, pese a lo que arguya el Gobierno de clase que dirige España y sus Territorios, había alternativas. El artículo 128 de la Constitución de 1978 –no hace falta tanto una nueva Norma Fundamental como que se cumpla lo que en ella expresa- dice: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, pues bien, el interés general obliga a no pagar ni un céntimo por esas concesiones, abandonarlas si es menester y dejar que en ellas vuelva a crecer la yerba y, por supuesto, enjuiciar a los responsables políticos y privados de tal aberración. Lo mismo se puede decir de lo ocurrido con los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real o Murcia, donde se han enterrado millones y millones de dinero público sin que nadie haya respondido por ello, lo mismo de quienes han dejado sin financiación a los hospitales donde las listas de espera se hacen interminables, a veces incluso hasta la muerte; lo mismo de quienes decidieron construir una red de AVE que llegase a todos los rincones del país en vez de mejorar las infraestructuras existentes en larga, corta y media distancia hasta conseguir una velocidad y unas prestaciones competitivas, dejando la Alta Velocidad para aquellos lugares con una demanda suficiente.
Quienes han conquistado el Estado no creen en el Estado Democrático, piensan que quien llega al poder por los votos puede hacer lo que le de la real gana para favorecer a los suyos a costa del interés general. Es eso lo que explica el nivel de corrupción a que ha llegado este país, la pésima administración, el despilfarro y el reparto de dineros con amigos, allegados y cómplices, es, también, lo que nos aclara por qué se han gastado el fondo de reserva de las pensiones sin arbitrar medio impositivo alguno para garantizar el Sistema Público: Quieren que sean los bancos y las aseguradoras quienes en un futuro próximo se forren a costa de la vejez, la enfermedad y la invalidez. Y eso no es un Estado Democrático, eso se llama Estado Oligocrático con derecho de pernada.