La corrupción está matando a la democracia

Ignacio González en una foto de archivo.
Ignacio González en una foto de archivo.

Sólo con lo de América, Ignacio González podría haber pagado doce veces la fianza impuesta

Decía el gran poeta libanés Khalil Gibran refiriéndose a la corrupción algo que -a pesar del tiempo pasado, más de un siglo, o quizá por ello- ha adquirido contundente vigencia en nuestros días y en nuestro país: “A menudo escucho que os referís al hombre que comete un delito como si él no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. Mas yo os digo que de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el silente conocimiento del árbol todo, tampoco el malvado puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos vosotros”.

Vivimos en un mundo azotado por la globalización, por un régimen mundial anárquico que ha pisoteado casi todos los medios que tenía el poder político para controlar al económico en beneficio de todos. No existe ni un solo organismo internacional que controle, regule y fiscalice las transacciones mundiales de mercancías y dinero, aunque sí muchos para impedir que las personas con hambre se trasladen a las sociedades opulentas que crearon la guerra y la miseria en sus países de origen. Ya sé, es lo que históricamente sucede cuando estalla una revolución tecnológica, se rompen todos los esquemas, se alteran los modos de vida y se expone a la población a vaivenes para los que no está preparada ni desea, la novedad es que ahora la revolución tecnológica abarca a todo el planeta y está dejando a los gobiernos estatales democráticos como marionetas o artilugios residuales sometidos a un poder planetario que sólo se rige por las leyes de la codicia y del acaparamiento. Si los gobiernos sumisos apenas pintan nada en este escenario, los ciudadanos menos, porque están sometidos a la centrifugadora de los cambios tecnológicos y de las leyes no escritas pero sabidas de manigeros y grandes mercaderes. Aquí, con toda la tecnología a su servicio, lo único que importa es conseguir dinero del modo que sea, robando, defraudando al Fisco, pagando menos a los trabajadores que tu competidor más próximo, sustituyendo a hombres por máquinas o elaborando leyes que obliguen a los consumidores a ir por un determinado camino. En pocas palabras, hasta ahora la globalización sólo ha servido para que los anarquistas de derechas creen un caos de tal envergadura que imposibilite el desarrollo mínimo del Ser Humano, contra el que se legisla de forma casi sistemática siguiendo los dicterios de la banda de especuladores que controla el mundo.

España no se sustrae al desorden global que está propiciando, entre otras muchas cosas, el reverdecimiento exponencial de las ideas más regresivas y reaccionarias de las creadas por el hombre en su largo devenir, desde que Adán y Eva cometieron la insensatez de comerse una manzana que Dios había guardado para sí mismo. Pero además de las cuestiones que afectan a todos los estados del mundo, España tiene sus modos propios. Sin llegar a montarnos en el tren de la revolución tecnológica global, nuestro Gobierno se atreve a poner un impuesto a las energías renovables que, dada nuestra situación geográfica y climática, nos habrían permitido con muy poco esfuerzo liderar un sector que, sin duda, será uno de los que más trabajo y bienestar cree en las próximas décadas. Es decir, el Gobierno del Estado al penalizar el autoconsumo y la venta de excedentes, lo que hace es proteger los intereses del oligopolio energético y mantenernos en el atraso permanente en un campo en el que estábamos llamados a ser líderes mundiales. No trabaja, como es su obligación, por el interés general, sino por el de unos pocos, con el agravante de que nos niega una energía limpia, más barata a medio plazo y la posibilidad de crear miles y miles de puestos de trabajo. ¿Por qué ese empeño en poner puertas al espacio sideral? La respuesta no está en el viento, sino en algo que hemos repetido varias veces, el actual gobierno lo es de clase, de las clase más pudientes y, por tanto, cumple con su ideario y defiende lo suyo. ¿Cuándo en un régimen democrático se sustituye el interés de todos por el de los oligopolios, se está subvirtiendo la democracia? ¿Se la está prostituyendo y dejándola sin los principios fundamentales en que ésta se basa? Parece más que evidente.

Esa medida, que es un ejemplo de las muchas que se han tomado en los últimos años para beneficiar a los más beneficiados, se inscribe dentro de una estrategia que consiste en utilizar las instituciones democráticas para dispensar gracias a un pequeñísimo sector de la población que es el que más riquezas posee. Nunca se puede ver como un acto erróneo aislado, sino como la parte de un todo que se comprueba al ver la gran cantidad de eminencias políticas que cobran de las empresas energéticas, que se confirma con la infinita cantidad de casos de corrupción público-privada que nos asalta cada mañana al enterarnos de las noticias, al ver cuántos sinvergüenzas han utilizado el cargo público para enriquecerse en detrimento de los servicios más esenciales y los pocos que han dado con sus huesos en prisión, al comprobar que los bienes robados o propios de estos delincuentes no son embargados para remediar el monumental daño causado al interés general.

Hace unos días, el Inspector Jefe de la UDEF, afirmó en el Congreso –no en un bar ni en una juerga nocturna- que indiciariamente Mariano Rajoy, Álvarez Cascos y otros altos dirigentes del Partido Popular y de sus gobiernos cobraron en negro de Bárcenas, asegurando que los dineros movidos por el ex tesorero del PP estarían en torno a los cinco millones de euros, concluyendo, además, “que había una organización delictiva que desde la década de los noventa hasta 2009, se dedicó a conseguir adjudicaciones amañadas de las administraciones públicas, lo que posibilitó la creación de mecanismos de financiación del partido, así como el cobro de comisiones por varios de sus dirigentes…”. Es decir, que la trama corrupta no sólo sirvió para financiar al Partido, para sus costosas campañas electorales, sino también para el enriquecimiento personal de una parte de sus dirigentes y para encarecer las obras públicas adjudicadas. No contentos con esto, esta misma semana hemos sabido que el “Muy Honorable” Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, abandonaba la prisión al depositar cuatrocientos mil euros de fianza, mientras que acto seguido se descubría en Colombia una cantidad próxima a los cinco millones de dólares y diversos inmuebles presuntamente relacionados con el susodicho, vamos que sólo con lo de América, Ignacio González podría haber pagado doce veces la fianza impuesta. Eso sí, fue recibido al salir de la trena por un señor que conducía un automóvil marca Jaguar, tal vez parecido al que residía en la cochera de la señora Ana Mato, señora a la que el insigne Correa regaló unos payasos y unos globos con motivo del feliz cumpleaños de una de sus descedientes.

Son sólo unos ejemplos entre cientos, pero la realidad es que la corrupción –mordidas, favores, contratas, subcontratas, regalos, dádivas, privatizaciones, comisiones, obras no necesarias, sobrevaloración de costes, etc- nos cuesta miles de millones todos los años y daña gravísimamente la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones, instalándose en el cuerpo electoral la sensación fatídica de que todos son lo mismo y da igual a quien se vote. Para que la democracia prevalezca y adquiera más fuerza, los responsables máximos y directos de la corrupción deben dimitir irrevocablemente y asumir sus responsabilidades; por su parte, la justicia ha de actuar de forma rápida, severa, contundente y ejemplarizante. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la democracia enferma de consideración y corre el riesgo de atrofia irreversible por falta de uso.