El empresariado turístico barcelonés se ha plantado ante el Ayuntamiento y pide ser atendido en sus reivindicaciones. No puede decirse que el Ayuntamiento de Ada Colau haya sido hasta ahora sordo a sus propuestas, puesto que el “plante” simbólico se produjo, según nos cuenta Ramon Suñé en lavanguardia, en una sesión del “Consell de Turisme i Ciutat”, que cumple en estas fechas un año de existencia. De la efemérides se colige, sin necesidad de tener las facultades analíticas de Sherlock Holmes, que tal organismo de interlocución no existía en la época de los munícipes anteriores a Colau, y que entonces las quejas del sector, si las había, se tramitaban por otras vías, con mucha menor transparencia y en sordina.
Opinan los empresarios que se les “criminaliza”. La “turismofobia”, según ellos, estaría promovida por la alcaldía, que hace más caso de los vecinos que de los comerciantes. Un ejemplo hiriente: el tema de las terrazas de los bares. Se prepara una ordenanza para limitar el horario nocturno hasta las 23 horas. Esta medida, según los empresarios, es de una radicalidad extrema. Resulta que los vecinos pretenden dormir por las noches. ¿Tienen derecho a dormir los vecinos, frente al alud de beneficios económicos que nos reporta la invasión de turistas gritones que consumen uno tras otro los tanques de cerveza? Un vecino dormido no consume, mientras que un turista despierto y sediento, sí.
Omiten los agraviados detalles tales como el lugar donde orinan nuestros criminalizados visitantes la nada despreciable cantidad de líquido ingerido, ni el comportamiento que exhiben en público en las horas de la madrugada, cargados como están de alcohol barato y de calor sofocante. Se trata de problemas tangenciales al lucro empresarial, que es sagrado y no se toca por nada del mundo. Mayor perplejidad me produce el hecho de que se quejen en todos los tonos de la tolerancia municipal hacia los manteros, que perjudican gravemente al sector con su competencia desleal, y no digan palabra de Airbnb y sus desahogados procedimientos de alquiler de apartamentos turísticos. Claro, Airbnb incumple de forma ostentosa sus obligaciones fiscales so capa de una economía “colaborativa”; pero tal vez los portavoces del empresariado turístico ciudadano prefieren obviar el tema para evitar la salida a la luz de sus propias morosidades e impagos de impuestos y tasas.
¿Es de presumir un fuerte empuje opositor de las entidades quejosas en relación con la política “extremadamente radical” del consistorio dirigido por la roja Colau con el apoyo del socialista presuntamente moderado Collboni? Para el caso, los distintos gremios decidieron expresarse a través de un portavoz conjunto (Gabriel Jené, presidente de la asociación Barcelona Oberta). Fueron ellos: la Cambra de Comerç, Pimec Comerç, el Gremi d’Hotels, la Asociación de Apartamentos Turísticos (Apartur), la Fundación BCN Promoció, la Asociación de Agencias de Viajes (Acave), la Asociación de Profesionales del Turismo, la Fundación Barcelona Comerç, Barcelona Oberta y el Gremi de Restauració. La enumeración me trae a la memoria la descripción que hizo Carlos Marx de la actitud de los campesinos parcelarios franceses hacia el golpe de Estado de Luis Bonaparte. Los campesinos no constituían una clase, dice Marx: no estaban ligados por vínculos solidarios entre ellos, sino por intereses egoístas comunes a todos. Estaban juntos, sí, pero de forma parecida a como están juntas las patatas de un saco de patatas.