El Gobierno insiste oficialmente en que sus vetos y sus incautaciones de las cuentas ajenas son hechos aislados y sin relación unos con otros; pero ya sabemos cuál es la doctrina gubernamental sobre los hechos aislados, en contextos diferentes
En estricto cumplimiento de los automatismos previstos en la Ley del Embudo que nos desgobierna a todos por desigual, el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro ha metido mano en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
No es un azar ni una necesidad; es una represalia. De todos es sabido que el consistorio madrileño es un nido de ratas podemitas regentado por una yayoflauta. Los dos anteriores munícipes, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, gente de lo más bien, pasan por apuros judiciales debido a su implicación en enjuagues diversos, el primero con el Canal de Isabel II y la segunda con fondos buitre. Entre los dos dejaron el listón muy alto, más de mil millones de deuda municipal. Carmena ha resanado la situación financiera, pero ahora pretendía utilizar el superávit arañado en gasto social, y eso no, a los pobretes ni agua.
De modo que se ha cientocincuentaycinquizado al Ayuntamiento madrileño del mismo modo que se hizo recientemente con la autonomía catalana, y antes aún con las iniciativas parlamentarias de la oposición, vetadas de forma sistemática y puntillosa como anticonstitucionales, por alterar el gasto previsto en los presupuestos del Estado. Un gasto, por lo demás, calculado a ojímetro con el mayor desenfado y que jamás ha cuadrado como estaba previsto. Pero una cosa son los desvíos del propio gobierno, y otra muy distinta los que proponen las fuerzas políticas que no están en él. Aún hay clases, ciertamente.
El gobierno insiste oficialmente en que sus vetos y sus incautaciones de las cuentas ajenas son hechos aislados y sin relación unos con otros; pero ya sabemos cuál es la doctrina gubernamental sobre los hechos aislados, en contextos diferentes. De otro lado, y extraoficialmente, portavocías del partido insinúan que la cosa incautatoria podría ir bastante más allá, y que se perfila un plan para cientocincuentaycinquizar progresivamente todo lo que se mueva fuera de la órbita de la gente guay. Por gente guay se entiende, por ejemplo, a Ignacio González, que ahora mismo ha podido salir de la trena gracias al pago de una futesa en concepto de fianza. Hay que saber ser humanitarios con quienes no son catalanes ni podemitas; también la orden mercedaria redimía a los cautivos cristianos o cristianados, hace siglos.
La situación de nuestra democracia puede parecer ideal a primera vista: el gobierno se propone con la debida firmeza tutelar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y presupuestarias de todos los organismos de rango inferior. Pero nadie es perfecto, como es sabido desde que lo demostró Billy Wilder en aquella película. Resulta que el gobierno atiende de forma escrupulosa a todas las obligaciones, menos las suyas propias. Ha repetido déficit en relación con lo presupuestado año tras año, sin faltar uno; incumple con jactancia la previsión de emisiones de gases invernadero acordadas en París para todo el mundo mundial; y avanza impertérrito, sin una dimisión ni una petición de perdón, por el vía crucis judicial que lo flagela y lo ciñe con la corona de espinas de considerar probado documentalmente que la inmensa mayoría de los altos cargos del PP, empezando (o terminando) por el mismo Mariano Rajoy, cobraron durante años sustanciosos sobresueldos ilegales procedentes de una caja B alimentada con corrupciones y corruptelas de todo tipo.
Quizás en los planes de futuro del Partido Popular figure la previsión de cientocincuentaycinquizar a los jueces díscolos, por no hablar de la camiseta de la Roja, que de pronto muestra veleidades republicanas. Quizás ronde también por las asesorías de la calle Génova otro proyecto, más reservado y ambicioso, para meter en cintura por el mismo procedimiento a la ONU y a la cancillera Merkel.
Yo no lo descartaría a priori.