De ser aprobado este Tratado representaría un peligro cierto para la sanidad pública
El Servicio Nacional de Salud (SNS) español no es perfecto –uno de sus principales problemas es el déficit crónico en la financiación-, pero está entre los mejores y más eficientes del mundo. Es una de las conquistas sociales más importantes de las últimas décadas. Actualmente está sufriendo un ataque frontal, desde el propio poder, para generar espacios de negocio. El objetivo es alimentar a las empresas privadas a costa de reducir el sector público. Los expertos están de acuerdo, y ya lo hemos recordado más veces, en que “los sistemas sanitarios universales, con propiedad y gestión públicas y basados en la Atención Primaria (AP) son los que ofrecen mejores resultados en salud y también son los más eficientes, equitativos y humanos”.
Pero el Partido Popular (PP) camina en sentido contrario y está realizando una auténtica demolición del SNS: suprimieron la cobertura universal (Decreto Ley 16/2012), anularon a AP (con las Gerencias de Gestión Integrada), y entregaron la manos privadas los servicios y los hospitales (Ley 15/97, hospitales PFI, externalizaciones masivas, áreas de gestión clínica, etc).
Las factorías de pensamiento neocom del mundo sanitario (Bamberg, Idis, Sedisa, Gertech), difunden su credo basado en cuatro auténticas falacias: la insostenibilidad del sistema, la necesidad de separar financiación y prestación de los servicios, el deber de introducir copagos y la creencia (falsa) de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Con este argumentario falaz están desmantelando el SNS, pieza clave del Estado de bienestar, para favorecer negocios privados a expensas del dinero público (la sanidad representa el 40 % del presupuesto de las CCAA).
A esta actuación privatizadora, impulsada con descaro por el PP, se suma ahora una nueva y grave amenaza: El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP ) que están negociando con secretismo la UE y los EEUU. De ser aprobado este Tratado representaría un peligro cierto para la sanidad pública. Porque no busca sólo estimular el comercio sino que pretende suprimir las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a ambos lados del Atlántico y, sobre todo, pretende favorecer nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que provocaría una ola de privatizaciones en sectores como la sanidad y la educación. Estas privatizaciones serían, además, imposibles de recuperar, pues las empresas podrían recurrir la entidades arbitrales ad hoc para reclamar indemnizaciones elevadas por incumplimiento de contrato y lucro cesante.
El TTIP también puede tener repercusiones severas sobre la política farmacéutica. El gasto en farmacia es uno de los principales problemas del SNS: el gasto en medicinas es casi el doble de la UE. Este Tratado fortalecería aún más la posición de la poderosa industria farmacéutica, que podría imponer medidas favorables a sus intereses: prolongar las patentes de los fármacos, retrasar la entrada de genéricos en el mercado, reducir los requisitos para sus patentes, controlar las agencias estatales de evaluación de medicinas y tecnología sanitaria, conseguir mayor influencia en los organismos estatales que fijan las políticas de precios, apropiarse del control de los ensayos clínicos de nuevos fármacos, etc. Con todo esto, y otras posibilidades de intervención que no mencionamos, el gasto sanitario podría incrementarse de tal manera que haría, entonces sí, realmente insostenible la continuidad del SNS.
Porque aquí estamos frente a un plan estratégico, liderado por la industria farmacéutica y las empresas de la tecnología sanitaria, para desmontar los servicios públicos y apoderarse de su financiación. Estos lobbies son de los más poderosos del mundo, tienen mucha presencia en el Departamento de Comercio de USA y gran influencia sobre la Comisión Europea. De aprobarse este Tratado provocaría la eliminación definitiva del derecho a la salud, garantizado por el SNS, para equipararnos al modelo de los EEUU, donde los derechos sociales básicos no están garantizados por el Estado y también se provocaría una progresiva precarización laboral y salarial de los profesionales. Los defensores de la sanidad pública (FADSP) consideran que el SNS está en peligro real por esta “estrategia diseñada por grupos poderosos que pretenden hacerse con los fondos que el Estado destina a la sanidad”.