El PP ha entregado hospitales públicos a manos privadas y han realizado una masiva externalización de servicios...

Antes de ocupar el poder en el gobierno central el Partido Popular ya venía realizando privatizaciones en las CCAA donde gobernaba. Han entregado hospitales públicos a manos privadas (modelo PFI) y han realizado una masiva externalización de servicios y áreas de actividad sanitaria. Desde que tomaron el poder en el gobierno central han realizado drásticos recortes. A los pocos meses el gobierno de Rajoy aprobó un recorte de 10.000 millones en sanidad y educación, con ausencia de debate previo, en lo que se consideró, en su día, el mayor recorte de servicios sociales de la democracia.

La partida de los presupuestos destinada al Ministerio de Sanidad lleva varios años descendiendo. Estas drásticas medidas han provocado efectos muy nocivos en el funcionamiento de los servicios públicos. Esa es la estrategia: degradar y desprestigiar los servicios públicos para favorecer negocios a expensas del dinero de todos. Lo explica muy bien el profesor Navarro en el libro La salud como negocio. Se trata de agrandar el sector privado a costa de reducir el sector público: “eso es lo que están realizando masivamente en España, respondiendo a los intereses del capital financiero que, aliado con el complejo sanitario industrial, está destruyendo la Sanidad pública; la evidencia existente es robusta y abrumadora”.  Vicenç Navarro cita el caso de los EEUU que tiene un sistema de aseguramiento privado, enormemente costoso e ineficiente y sumamente impopular. “Ese es el resultado de poner como motor del sistema sanitario el afán de lucro: entra directamente en conflicto con las necesidades de la ciudadanía”.

Desde el propio poder político están realizando una expropiación de derechos consolidados, lo que representa un grave retroceso histórico. Un ministro de finanzas portugués le respondió secamente a un opositor que propugnaba alternativas a sus políticas de austeridad: “¡No hay dinero! ¿Cual de las tres palabras es la que no entiende?”. Con esta arrogancia pretenden reducir a un tema económico lo que en realidad es una cuestión política y rechazan cualquier búsqueda de alternativas a las políticas de austeridad. Vulneran también el principio de “prohibición del retroceso social” que debería obligar al poder político a adoptar las medidas necesarias para sostener y garantizar los derechos sociales ya materializados. Así lo recordaba el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en un discurso reciente.

Desde el propio poder político, al amparo de la crisis, están imponiendo medidas (en sanidad, en la educación, en el mundo laboral, en el ejercicio de las libertades) que nos conducen a un tiempo preconstitucional. La salud deja de ser un derecho y la convierten en una mercancia. Por si todo esto fuera poco, sabemos que la UE está negociando con EEUU, con todo sigilo, un tratado de libre comercio (TTIP), que, de ser aprobado representaría un peligro serio para los servicios públicos ya que pretende favorecer nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos a las empresas transnacionales, lo que provocaría una ola de privatizaciones en sectores como la sanidad y la educación. Se trata de los mercados apoderándose del mundo, los buitres que planean y pretenden quedarse con todo. Y tienen cómplices en la política, que les facilitan la tarea.