En tiempos de crisis y quebranto económico, los criterios de buen gobierno deberían llevar a nuestros dirigentes a adoptar las medidas más extremas para garantizar una atención sanitaria de calidad a toda la población -sobre todo, a los más necesitados-, a través de los servicios públicos. Además de mejorar la recaudación con una fiscalidad progresiva, los servicios sanitarios deberían reorientarse hacia el mayor protagonismo de la Atención Primaria y la priorización de las tareas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
El actual gobierno, con total premeditación, hizo lo contrario: dejó sin protección sanitaria a miles y miles de ciudadanos, externalizó de forma apresurada numerosos servicios para beneficiar a empresas afines y anuló el nivel de Atención Primaria con la creación de las Áreas de Gestión Integrada, que lleva a la desaparición de las gerencias de AP (suspende definitivamente la capacidad de gestión propia de este nivel, necesario para asumir su papel protagonista en el sistema) con lo que, en vez de convertirse en el elemento central y agente de coordinación, pasa a convertirse en un apéndice pobre del hospital.
El funesto Real Decreto 16/2012 es la principal herramienta utilizada por el gobierno para este retorno al pasado. Representa una auténtica contrarreforma sanitaria que deja sin cobertura a amplios colectivos de la población y que castiga a los enfermos, a los pobres y a los dependientes con severos copagos, en muchos casos inasumibles para las economías familiares. La sanidad deja de ser un derecho. Nos están expropiando derechos consolidados: hacen caso omiso del principio de “prohibición del retroceso social”. Mientras imponen de forma implacable esta ley tan cruel, las empresas, en complicidad con los gobernantes, se dedican a hacer negocio: los gobiernos de la derecha han entregado a manos privadas hospitales enteros, decenas de servicios y actividades sanitarias, los sistemas de información, la investigación y el control de la tecnología.
Todas estas actuaciones han sido realizadas con el mayor sigilo, lejos de la vigilancia de los ciudadanos. El PP ha ocupado el poder para destruir, desde dentro como las termitas, el Estado de bienestar. Han dañado gravemente la sanidad, la educación y los servicios sociales, han desmantelado el incipiente desarrollo de la ley de dependencia y han laminado los derechos de los trabajadores con la infame reforma laboral. Todo ello inducido por su ideología clasista y su afán desmedido de favorecer a las empresas afines para realizar negocios y negocietes a expensas de los presupuestos públicos. Todo indica que estamos ante una facción organizada, que se dedica a saquear las arcas del Estado. Y lo han hecho a conciencia: ya han comenzado a desvalijar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social[2]. Si no frenamos esta sangría todos los ciudadanos perderemos. Los que lleguemos a la edad de jubilación, dentro de unos años, podríamos estar en desamparo. Hay que impedir este saqueo infame, que enriquece obscenamente a unos pocos mientras degrada la vida de la mayoría de la gente.