El Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, del que formamos parte sindicatos, empresarios y consejeros designados por el Gobierno Regional a partes iguales, ha presentado su Informe Anual sobre la situación de la Comunidad de Madrid a lo largo de 2010.

Pese al control que el Gobierno Regional, en connivencia con los representantes empresariales, ejerce sobre el Consejo Económico y Social, los datos son ineludibles y no se pueden ocultar. Son contundentes y demoledores.

La falta de inversión pública y privada. La caída del gasto público ha hecho que la recuperación del consumo de familias y empresas sea imposible.

En inversiones de futuro, como la investigación, desarrollo e innovación, pese al alto potencial madrileño en recursos humanos y materiales, sin embargo no figuramos a la cabeza en esfuerzo investigador en el conjunto de España.

La falta de inversión hace que no sólo no hayamos creado empleo público, sino que hemos seguido engordando las listas del paro, hasta 485.000 personas apuntadas en las listas de desempleo y 550.000 paradas.

Las rebajas fiscales aplicadas por Esperanza Aguirre suponen renunciar a más de 2.000 millones de euros cada año. La disminución de recursos públicos significa menos políticas públicas y más desequilibrios y desigualdades sociales.

La externalización y privatización de servicios públicos contribuye a enmascarar la deuda real, en cuanto que se han adquirido compromisos de pagos a proveedores privados de bienes y servicios durante las próximas tres décadas, como ocurre con los nuevos hospitales.

El desplome del sector de la construcción no se ve contrarrestado por un mantenimiento de la inversión en vivienda pública, produciéndose un abandono de las políticas de vivienda en alquiler y sin aprovechar nuevas posibilidades como la rehabilitación de vivienda o de espacios urbanos o medioambientales degradados.

Hay proyectos que fueron emblemáticos como el macroproyecto de Ciudad de la Justicia que, más allá del carácter faraónico, suponía un intento de reorganización de la Justicia. Un abandono que se ve agravado por la existencia de problemas que comprometen una justicia gratuita para los madrileños.

Los recortes en educación pública fueron ya muy duros en 2010, mientras se alentaba la privatización. Esos recortes anunciaban el camino que se ha agudizado con las instrucciones de inicio de curso de 2011. Unos recortes que se vienen reproduciendo en los presupuestos de las Universidades Públicas madrileñas.

Una tentación de disminución de gasto social que se extiende al sistema sanitario público madrileño, donde hemos perdido 2.707 empleos y 500 camas hospitalarias mientras vemos crecer las listas de espera.

La obsesión de Esperanza Aguirre por los recortes de gasto público, como educación, sanidad y se amplía a los servicios sociales, con una deliberada lentitud en la puesta en marcha de la atención a las situaciones de dependencia, donde Madrid se sitúa a la cola de España.

En definitiva, el escenario económico y social que traza el Informe Anual 2010 del CES madrileño es desolador. Nada ganamos con decir y explicar que nos va mejor que a muchas Comunidades Autónomas, escondiendo que nos encontramos bastante peor que muchas regiones europeas.

Nada ganamos intentando negar la realidad de que Madrid está estancado económicamente. Perdemos más empleo que la mayoría de la Comunidades Autónomas y no generamos nuevos puestos de trabajo, ni nuevas oportunidades de empleo.

Esa es la realidad. Más vale que la asumamos. Quien tiene más responsabilidad, con más intensidad. Más vale que Esperanza Aguirre se ponga a sumar para buscar salidas negociadas a la crisis y los dramas sociales que desencadena la crisis. Las personas deben ser lo primero.