nuevatribuna.es | 09.2.2011

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A la vuelta del Consejo Europeo de mayo, se vinculó la reforma de la Seguridad Social a la crisis, cuando sus cuentas tienen superávit y un fondo de reserva de 64.000 millones de euros. Para hacer méritos reformistas ante los mercados y forzar el ritmo e intensidad de los cambios, se exageraron unas incertidumbres que, siendo ciertas, eran gobernables a medio plazo (2010-2040). Y se echó mano de proyecciones parciales y negativas para el 2050-2060, que a tan largo plazo, más que proyecciones, son actos de fe.

Este planteamiento contó con la ayuda interesada de los que quieren sustituir el actual sistema público por otro mixto, en el que los sistemas privados de capitalización -fondos de pensiones- aumenten su presencia en España. El debate se ha hecho girar simplistamente sobre la insostenibilidad del sistema si no se retrasaba la jubilación a los 67 años. El resultado es que, a pesar de que la reforma aporta equilibrios y mejora en la equidad interna, la percepción ciudadana es otra. A la espera del texto aún no aprobado del proyecto de ley, podemos apuntar algunos de los aspectos relevantes, recordando que su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero del 2013, con una aplicación transitoria que en unos casos dura 10 años y en otros llega al 2027. El aumento de cotizaciones de algunos regímenes, para aproximarlas a los ingresos reales de los cotizantes, supone afrontar la anomalía de que los asalariados coticen una media de 1.700 euros por mes, mientras los autónomos no lleguen a 1.000. Ello genera inequidad, porque el menor esfuerzo de los autónomos se convierte en más solidaridad hacia ellos, que en un 41% de los casos perciben pensiones con complemento de mínimos, cuando solo un 20% de los asalariados lo cobran.

Además, esta medida, junto a la integración de todos los afiliados en solo dos regímenes con condiciones armonizadas, la mejora de las bases máximas de cotización y la aportación del Estado de 4.000 millones anuales para financiar los complementos de mínimos, puede mejorar las cuentas.

La reforma abre paso a una jubilación flexible propia de una sociedad con formas de trabajo que ya no son fordistas y vidas laborales que no son clónicas. Con variables que van de los 15 años de cotización mínima para acceder a pensión hasta los 38,5 y de los 61 años de edad a los 67. Con solo 15 años cotizados un asalariado se podrá jubilar a los 61 si pertenece a un colectivo que se declare de trabajo penoso, tóxico o peligroso, o tenga discapacidad.

Los que prolonguen voluntariamente la jubilación más allá de la edad ordinaria tendrán un incremento en su pensión en función de cada año de retraso y de los años cotizados. Se mantiene la jubilación anticipada a los 61 años con coeficiente reductor en casos de crisis y se instaura la voluntaria a los 63. Se mantiene la jubilación parcial con contrato de relevo, aunque se desincentiva su uso con un aumento de las cotizaciones. Se establece una doble edad ordinaria de jubilación: los 65 años actuales con 38,5 cotizados y los 67 años con 35 de cotización. Este cambio se hará gradualmente del 2013 al 2027.

Se introduce la cotización para trabajadores becarios o con contratos o programas formativos que hoy no cotizan y el cómputo como cotizados de nueve meses para la madre o el padre por nacimiento o adopción de un hijo si atienden su cuidado y no cotizan en este periodo.

La ampliación progresiva, en los próximos diez años, del periodo de cálculo de 15 a 25 años tiene consecuencias distintas en función de la vida laboral de cada persona. Para carreras con cotizaciones estables, el impacto es prácticamente nulo. Para aquellos cuyas cotizaciones hayan crecido en los últimos años por encima de la inflación, se reducen sus expectativas de pensión en porcentajes que pueden llegar al 5%. Y para los que estén desempleados en la etapa previa a la jubilación, el cambio mejora significativamente sus pensiones.

La gran incertidumbre es el impacto en los jóvenes, que no depende de la Seguridad Social sino del mercado de trabajo. Si no se crea empleo y se insiste en la precariedad y en menospreciar la formación y su retribución, la discriminación de los jóvenes en el trabajo se reproducirá en la jubilación. Las reformas van a reducir el ritmo de crecimiento de los recursos destinados a pensiones y, en algunos casos, reducen las expectativas de pensión. Pero también hay medidas que minimizan el impacto de la reforma y mejoran la equidad para algunos colectivos.

Sin embargo, parece que la percepción ciudadana no es positiva. Y en los próximos meses podría suceder como en las encuestas sobre la crisis. Si se pregunta si la reforma recorta derechos en general, una mayoría puede contestar que sí y esas mismas personas contestar en la siguiente pregunta que a ellas no les supone ningún recorte. Esta puede ser la consecuencia de haber estado meses bizqueando políticamente, con un ojo mirando a las bases sociales y otro a los mercados.

Joan Coscubiela | Profesor de Derecho Laboral. Facultad de Derecho de ESADE