Este breve artículo no lo escribo desde ninguna pretendida imparcialidad, ni desde ninguna pretendida distancia. Y no es así sencillamante por mi aprecio personal a Ramón Sáez y por mi respeto profesional por su trabajo, podamos estar después más o menos deacuerdo en algún argumento concreto.
Pero sí que es un artículo escrito desde un claro estupor personal - mío y sólo mío personal, tras desayunarme esta misma mañana con la prensa del día -, y desde la necesidad de tomarme unos minutos para decir basta ya, a una serie de críticas tan reiterativas como injustas que, sinceramente, aparentan alcanzar ya la categoría de "cacería".
Digo "cacería" y basta con mirar la portada de hoy de algún medio nacional en el que, con muy criticable criterio, se exhiben las fotos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández Prado y Javier Martínez Lázaro, acompañando la noticia de la fuga de ayer del etarra Plazaola, y a la que solo le faltaba un "Se busca" acompañándolas, estilo "far west".
Me parece un auténtico exceso.
No ya sólo dicha portada, no, sino la inquietante secuencia de actos y tratamiento de informaciones de estos pasados meses por parte de distintos medios en los que queda inserta la misma. Informaciones en las que los apelativos de magistrado "antisistema" o magistrado "indignado" han sido excesos verbales al orden del día que, con mejor prudencia atemperando la crítica, no deberían haberse producido. Sencillamente no puedo evitar que me venga a la cabeza el artículo "Conciencia del límite" del profesor, y ex Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA el 14 de Febrero de 1996 y que, al parecer, muchas más personas deberían recordar y releer también estos días.
No. Ni toda la comprensible indignación que se quiera por los acontecimientos de ayer, Día Europeo, además, de las Víctimas del Terrorismo, ni todo el compromiso que se quiera en la lucha contra la impunidad de ETA justifica tales planteamientos mediáticos contra tres magistrados que han obrado según su leal saber y entender y mediante resolución motivada, se comparta más o menos dicha resolución después.
Yo mismo llevo años de trabajo para fundamentar jurídicamente e impulsar que los Jefes de ETA respondan por las expulsiones forzadas de población y otros muchos crímenes contra la humanidad y actos de genocidio a día de hoy todavía impunes en nuestro país y, con independencia de las legítimas interpretaciones jurídicas de cada cual y de los legítimos desacuerdos que en su momento habrán de ser jurídicamente confrontadas como corresponde en Derecho, reitero que nada de ello justifica que se pase a los ataques personales, que se insinúen o se pongan en juicio valores de ética o profesionalidad personal, ni nada remotamente semejante.
Simplemente los argumentos jurídicos de una corriente interpretativa deberán ser contestados con otros argumentos jurídicos de la corriente interpretativa contraria, y después resultará una cosa u otra jurídicamente, pero siempre desde el elemental respeto debido a la profesionalidad y corrección personal que no deberían ser ni tan siquiera objeto de insinuación, menos aún tratándose de magistrados con largos años de servicio a nuestra sociedad.
Todo esto es un error. Y un exceso. Y algún día sería de agradecer que quien se pronunciase también, y no de modo meramente personal como en este artículo, fuese el Consejo General del Poder Judicial, qué se yo.
Quien se fugó ayer fue Plazaola y solo Plazaola.
Y las razones de que esa fuga fuese posible parecen recaer más en otras descoordinaciones fortuitas que nada tienen que ver con la Audiencia Nacional, y ante las que más prudente sería esperar, en todo caso, a que éstas resultasen debidamente esclarecidas, en vez de apresurarse a sacar hoy mismo la foto de nadie estilo "Se busca" en ninguna portada.
Toda esta situación representa una auténtica injusticia y una, además, cometida contra quienes no la merecen. Y entiendo que no debo ser el único en pensarlo y que estaría bien que otras personas que así lo piensan lo expresasen también con nombres y apellidos en solidaridad con tres juristas honrados que no se merecen nada de esto. Y, punto y aparte, luego debatiremos jurídicamente lo que haya que debatir, como corresponde.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Experto en Derecho penal internacional. Autor de las primeras investigaciones jurídicas sobre las desapariciones forzadas infantiles y de adultos de la dictadura franquista y otros trabajos en materia de responsabilidad penal internacional de empresas transnacionales por violación de los derechos humanos; actualmente dirige las querellas por actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los jefes de ETA en la Audiencia Nacional.