Lo que pretende la administración es utilizar el desarrollo de la misma para introducir cambios estratégicos en el sistema de cara a su privatización trasladando el modelo empresarial...

El acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el denominado «Foro de la Profesión Médica» establece que “se promoverá un marco jurídico específico del profesional médico en el Sistema Nacional de Salud y un modelo de retribución voluntario vinculado a la gestión clínica que favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público”.

Esto supone que el personal de las Unidades de Gestión clínica no podrá mantener las garantías del  Estatuto Marco y deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que las Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia, acogidas al modelo empresarial con participación del sector privado

La gestión clínica se entiende como la incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica y tienen interés porque puede favorecer una mejor y mas racional utilización de recursos. Evidentemente la gestión clínica no precisa modificar el régimen jurídico del personal ni  la personalidad jurídica de las unidades que las llevan a cabo.

Lo que pretende la administración es utilizar el desarrollo de la misma para introducir cambios estratégicos en el sistema de cara a su privatización trasladando el modelo empresarial a los servicios de los centros sanitarios públicos, con un argumento claramente neoliberal de mejorar la eficiencia, calidad y costes gracias a la autonomía, la competencia interna y  la asunción de riesgos

Instrumentos

• Descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios con la finalidad de fragmentar los centros sanitarios públicos

• Crear nuevas unidades que integran recursos y profesionales de diferentes especialidades,  disciplinas y niveles asistenciales, pero dando entrada a capital, empresas y profesionales del sector privado.

• Dar autonomía plena para organizarse, financiarse y para establecer relaciones con otras unidades y centros, con el objetivo de  generar beneficios económicos a las unidades y darles  la posibilidad de apropiárselos, a quienes participan en ellas y las gerencian. Para ello estas unidades tendrían personalidad jurídica propia, acogiéndose a diferentes fórmulas jurídicas como fundaciones, consorcios, y otros modelos de gestión privada

Finalidad

– Crear microempresas dentro de los centros para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con  fondos públicos

– Establecer alianzas y acuerdos con otras del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales. Esto abriría la posibilidad de dar entrada al capital, empresas, laboratorios farmacéuticos, industria electro- medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios,  

Consecuencias previsibles

1. Desmantelamiento del sistema sanitario que se fragmentaría en múltiples reinos de taifas, con participación del capital privado y grupos empresariales.

2. Pérdida de derechos para los profesionales que perderían las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión)

3. Desmantelamiento del nivel de Atención Primaria para crear las Áreas de Gestión integrada (las Gerencias de AP están siendo sustituidas por Direcciones de Procesos Asistenciales). Esto supone que el nivel primario queda sometido a los intereses de los hospitales para los que pasara a realizar la función de puerta de entrada selección de pacientes y de riesgos.

4. Aumento de los costes del sistema sanitario (costes burocrático-administrativos vinculados a la trasformación de las unidades y servicios en empresas autónomas (facturación etc.)

5. Trabas de acceso a los servicios a pacientes con patologías no rentables (Selección de riesgos por estas empresas que tienen la oportunidad de apropiarse de los beneficios  que se generen)

6. Abre las puertas a la Privatización del sistema sanitario ya que se le da la oportunidad a empresas privadas de  intervenir e  influenciar de manera directa en las decisiones sobre que hacer, cómo, quien  y con que,  en las patologías más prevalentes.

7. Supone una gran oportunidad de negocio para el sector privado en  el tratamiento del cáncer, corazón,  respiratorio, etc., en el que las decisiones sobre tratamiento farmacológico o utilización de recursos diagnósticos de alta tecnología y de elevado coste.

La estrategia de desmantelamiento de la Sanidad Pública

Una última reflexión sobre el carácter estratégico de estas propuestas, que hay que entender en  el marco de las políticas de privatización a medio y largo plazo.

Desde hace tiempo, las reformas del NHS de la Sra Thatcher y el Informe Abril, se conoce que el primer paso en las contrarreformas privatizadoras de los sistemas sanitarios públicos, tienen como objetivo la ruptura de la red pública en microempresas y la introducción de los criterios de mercado en la atención sanitaria, este primer paso es el que permite romper el sistema público, favorecer la presencia del sector privado en el mismo y a la vez introducir las relaciones mercantiles como prioridad para su funcionamiento. Después y de manera progresiva las empresas privadas irían, como así ha sucedido, ganando espacio en el sector, y haciéndose con un porcentaje cada vez mayor del mismo. Por supuesto una vez un centro sanitario pase a depender del sector privado todas los instrumentos que sirvieron para favorecer la privatización serán barridos del mapa, con el silencio y el apoyo de los que ahora los favorecen, es obvio que ni BUPA-Sanitas, ni CAPIO-IDC, ni Ribera Salud ni ninguna de las empresas del sector privado quieren saber nada de la gestión clínica y solo permiten un sistema de férreo control a las ordenes de sus consejos de administración y sus accionistas.

Por eso es tan importante entender cual es el horizonte y la intencionalidad de quienes hoy formulan unas propuestas “Light” que solo tienen como objetivo desestructurar el sistema sanitario público y romper su carácter integrador y de colaboración entre profesionales, niveles y servicios.