En dos años, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha convertido en una trágica caricatura del mandato legal y social...

El pasado día 7 de Marzo de 2014, dos Asociaciones directamente relacionadas con la atención socio-sanitaria a las personas en situación de dependencia, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), firmamos una Alianza contra lo que definimos como una gigantesca maniobra para eliminar tanto los servicios y prestaciones que hasta hace poco más de un año eran universales, como los directamente dirigidos a sectores de población en situación de exclusión social, para dejar en la cuneta a las personas y a las familias más frágiles, menos “productivas” y más pobres. Y mientras día a día comprobamos las consecuencias de los recortes y del abandono de los servicios públicos, vemos como se potencia, apoya y refuerza  la intervención de los lobbies empresariales en la apropiación de redes de servicios públicos, ahora vistos como oportunidades de negocio. Un negocio que se entrega y se financia con fondos públicos y al que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza, ya muy visible, favorece el miedo que lleva al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios”  para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia……

En dos años, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha convertido en una trágica caricatura del mandato legal y social para el que existe. Es difícil provocar tanto sufrimiento como el que ha llevado a millones de personas, con el apoyo de su entorno político y económico-empresarial. Sin embargo, como si se tratase de una burla a la ciudadanía, declara que todo lo que hace es para el sostenimiento y la mejora de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales y simultáneamente presenta estrategias, planes y catálogos que, en el mejor de los casos, son papel mojado.

Los hechos son claros y en Julio de 2012 se redujo un 15% la prestación para cuidados familiares afectando a 400.000 personas de las que un 90% aproximadamente son mujeres, se anuló la seguridad social para las cuidadoras, se redujeron las horas de ayuda a domicilio, se aumentó el co-pago, se pospuso hasta el año 2015 la atención a las personas con dependencia moderada…. y se “legitimó” que el pago de las prestaciones pueda demorarse hasta 2 años. Tenemos 190.000 personas con el derecho otorgado a la atención y que no la reciben, es el llamado limbo de la dependencia, y además  personas dependientes en espera de que se les otorgue ese derecho que, de seguir los tiempos actuales de atención, tardarían 80 años en poder recibir el servicio.  Y todo ello puede ir a peor, si es posible, con la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que destruirá los Servicios Sociales Municipales que pasarán a depender de las CC.AA. sin que esté previsto el incremento de financiación estatal que sustituya el aportado actualmente por los Municipios que financian el 50% del coste de atender a  8  millones de personas.

El Sistema de Atención Sanitaria también está en peligro y cada vez más servicios pasan a manos privadas (limpieza, laboratorios, extracción de sangre,..) y  las derivaciones al Sistema privado de provisión es una estrategia de deterioro de lo público para conseguir el deseo de oportunidad de negocio. Pero dentro de la Sanidad, la atención socio-sanitaria es un peor negocio, no interesa, consume recursos y da pocos beneficios, por eso España tiene un bajo “índice de camas/1000 habitantes”, un 0,7% frente al 1,4% de los países de la OCDE.  para pacientes crónicos; la atención domiciliaria es mínima y no alcanza el 11% de cobertura aconsejado para mayores de 65 años. Paralelamente se han instaurado copagos que dificultan el acceso a personas con rentas bajas y enfermedades crónicas a medicamentos que necesitan y se han realizado brutales recortes en los presupuestos de la Sanidad Pública (12.800 millones € menos desde 2009).

En esta situación es urgente articular una alianza social y profesional en defensa de la sanidad y de los servicios sociales, que paralice la política y la estrategia de desmantelamiento y privatización y devuelva a la ciudadanía sus derechos, desde conciencia y el conocimiento de que los servicios públicos, en los que trabajamos y/o que utilizamos, tienen bolsas de ineficiencia que es necesario eliminar y cambios que es necesario realizar: lo sabemos y estamos en disposición de contribuir a ello.

Es imprescindible y urgente construir una gran alianza forjada con la participación de las los movimientos sociales, las plataformas  y las organizaciones ciudadanas, de profesionales, de usuarios, de servicios sin ánimo de lucro, políticas y sindicales…. en la que las legítimas discrepancias políticas e ideológicas tengan cabida y sean franqueadas en aras de un gran objetivo compartido.


Manuel Martín García | Presidente de la FADSP
José Manuel Ramirez | Presidente de ADYGSS