La regeneración democrática es necesaria, pero el cambio social, el cambio en la correlación entre capital y trabajo, es imprescindible para acabar con la desigualdad existente en la actualidad
Parece que hay un consenso social mayoritario y muy compartido a nivel político de que al país le hace falta un proceso de Regeneración Democrática. La corrupción fruto de un pervertido sistema de relación entre el capital concesional y las administraciones públicas en muchos casos, tanto en la concesión de infraestructuras como de servicios públicos, está muy arraigada en el sistema económico de nuestro país.
Todos somos conscientes que en muchas ocasiones las infraestructuras son adjudicadas no al mejor proyecto sino al que parece menos costoso, pero en general después, durante su realización, los sobrecostes se disparan y finalmente la infraestructura sale muy por encima del coste inicial. Esta manera de hacer ha sido cuestionada cuando las empresas españolas han ido a hacer grandes infraestructuras fuera de nuestras fronteras dando lugar a conflictos como fue el caso de la construcción del canal de Panamá o del AVE en la Arabia Saudí. Es un sistema poco comprensible, en muchos países de nuestro entorno, y donde las corruptelas tienen un amplio filón.
Lo mismo pasa en los procesos de externalización de servicios públicos o en su licitación, externalizaciones que en muchos casos no son ni social ni económicamente necesarias sino fruto muchos veces de complicidades de intereses ajenos al bien público.
Hay mucha consciencia del alto nivel de corrupción existente entre las empresas y los poderes públicos de nuestro país, lo que algunos han dado en denominar “la trama”.
Pero la regeneración va muchos más allá de la lucha contra la corrupción. La regeneración democrática implica también una justicia eficiente y justa. Una justicia que no es rápida no es justa, pero para conseguirlo hacen falta medios humanos y materiales así como garantizar su independencia y su equidad. No puede ser que sean más castigados los delitos de los más débiles mientras hay deferencias con los casos de delitos de “guante blanco”.
La regeneración democrática implica garantizar la neutralidad de los aparatos del estado, desde los judiciales hasta el de los medios de comunicación públicos y evitar su utilización partidista. Y también comporta la responsabilidad y ética de la función de la representación política. Es demagógico decir que los cargos políticos están demasiado remunerados, especialmente si comparamos con la remuneración de los cargos privados. Un cargo público tiene que estar suficientemente remunerado de acuerdo con su responsabilidad pública. Pero también haría falta que esta remuneración sea incompatible con ninguna otra remuneración. Hace falta en este sentido seguir el ejemplo del comportamiento de muchos países del centro y norte de Europa mucho más exigentes en estas cuestiones.
Al margen de estas y otras cuestiones que determinan una necesaria regeneración democrática que fuera bueno un cambio en los sistemas electorales para garantizar la igualdad del voto mediante sistemas más proporcionales. Y también restringir la posibilidad de las “puertas giratorias” político-empresariales.
Pero debe aclararse y distinguir claramente que la regeneración democrática no implica un cambio social. Implica una mejora democrática que permita luchar contra la corrupción y vicios y actitudes poco democráticas del actual sistema socio-político pero no implica un cambio en el marco de relaciones económicas y sociales. Muchos países de nuestro entorno tienen una mejora de su calidad democrática sin que esto implique un cambio en temas como la explotación social o la desigualdad, nos vale el ejemplo de la Gran Bretaña.
El cambio social es algo más profundo que una regeneración democrática. Tiene que ver con la correlación de fuerzas entre las diversas clases sociales y este cambio no es posible si no tenemos en cuenta la centralidad del trabajo. Es en la estructura económica donde se produce la división fundamental entre quien tiene el control sobre el proceso económico de producción y quien sólo tiene la fuerza de su trabajo. Es lo que siempre se ha entendido como el conflicto social o la lucha de clases. El cambio social significa modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Y es evidente que cuando hablamos del trabajo no lo hacemos en los términos tradicionales, sabemos de los cambios producidos en el mundo laboral y que la clase trabajadora hoy es mucho más diversa y plural. Pero la garantía de un trabajo digno y de calidad es la primera condición del cambio social. Y no hablamos de un cambio revolucionario sino de cualquier sistema de transformación social que cambie la actual correlación de fuerzas.
Los partidos políticos que se digan del cambio y que no tengan en cuenta la centralidad del trabajo se equivocan en sus estrategias. Es positiva la regeneración democrática, pero no es cambio social. Es positiva e imprescindible la lucha contra las emergencias sociales, pero no es cambio social, sino simplemente poner un parche, importante pero que no soluciona el problema de fondo. La centralidad del trabajo debe estar en el centro del planteamiento estratégico de cualquier política que se reclame de cambio y progreso. En el trabajo y en la capacidad de acceder es donde se produce la principal socialización de los individuos. El primer reparto de la plusvalía se da en el reparto de los beneficios del trabajo entre el beneficio empresarial y el salario. Hemos visto que en España en los últimos años de la crisis los beneficios empresariales han crecido tres veces mientras los salarios quedaban congelados, esto es lucha de clases e indica qué clase va ganando. El segundo reparto de los beneficios se efectúa por la vía fiscal, sobre quien se carga la recaudación y a quien se destina. Y podemos ver como grabando las rentas del trabajo, vía IRPF o IVA, se ha cargado la recaudación sobre las clases trabajadoras y populares y como las prioridades presupuestarias no han ido a mejorar los servicios básicos ni las necesidades de la mayoría sino a beneficiar los sectores empresariales y privilegiados.
El cambio social, basado en la centralidad del trabajo en la disputa de la plusvalía, tiene un ámbito social propio de los movimientos sindicales y los movimientos sociales y un ámbito político donde se debe disputar la actual hegemonía a la derecha. Debe plantearse por parte de todo sujeto político que se considere partidario del cambio y el progreso una modificación de la actual correlación de fuerzas. Hay que dar más fuerza a los instrumentos sindicales en los centros de trabajo y en el diálogo social. Y hay que plantear cambios en el modelo productivo que impliquen más peso del sector público y una mejor y más justa recaudación y redistribución de las rentas.
Hay que decirlo claramente. La regeneración democrática es necesaria, pero el cambio social, el cambio en la correlación entre capital y trabajo, es imprescindible para acabar con la desigualdad existente en la actualidad.