Desde su llegada al poder, hace dos años, el Gobierno del PP está llevando a cabo una política global de regresión de derechos sociales y laborales que ha estado acompañada de una forma de ejercer el gobierno profundamente carente de debate democrático y que últimamente parece derivar de forma clara hacia el autoritarismo.
El Gobierno de Rajoy y el PP ha llevado a cabo una profunda involución en todos los aspectos de la realidad social. No han sido sólo recortes derivados de la crisis, es decir de los derechos laborales y sociales que han empobrecido al conjunto de la ciudadanía. El PP ha llevado a cabo una profunda involución en el conjunto de la vida social. Así hemos visto profundos retrocesos no sólo derivados de los recortes económicos en servicios públicos como la educación o la sanidad, sino acompañado de involución en los propios contenidos de estos servicios, véase el caso de la ley Wert en el campo de la educación o de la sistemática privatización de servicios públicos como está sucediendo en la sanidad. Pero la contrarreforma global del PP comprende todos los campos de la vida social, lo vemos en la reforma de la justicia, en la utilización de los medios de comunicación públicos y en el anuncio de la revisión de leyes reguladoras de derechos civiles como puede ser el relativo al tema del aborto.
Durante todo este tiempo estas políticas han ido acompañadas por unas formas de gobernar carentes de toda sensibilidad democrática. Falta de diálogo y debate político con la oposición, y por tanto debilitando la vida parlamentaria mediante la utilización abusiva de la fórmula del decreto-ley a la hora de gobernar. Esto acompañado de la carencia total a la hora de dar explicaciones tanto en el Parlamento como a la propia opinión pública, amparándose en el hecho de su mayoría absoluta.
No se puede olvidar que la degradación democrática viene acompañada de la eclosión de los casos de corrupción que afectan muy directamente, aunque no exclusivamente, al partido en el gobierno sin que se dé la más mínima explicación ni rendición de cuentas. Por otra parte el gobierno se justifica públicamente mediante la tergiversación del lenguaje cuando no de la mentira sistemática con respecto a los resultados de toda su actuación gubernamental.
Esta actuación regresiva y de sistemático debilitamiento de los derechos y de la propia vida democrática ha sido la llevada a cabo durante estos dos primeros años del Gobierno Rajoy. Pero ahora parece que Rajoy, su gobierno y su partido quieren hacer una nueva vuelta de tuerca en su involución democrática.
Ante el hecho de que son muy conscientes de que su política no conseguirá sacar al país de una situación de profunda depresión económica y social, que los "brotes verdes" que pregonan sólo benefician a unos pocos privilegiados, y que la mayoría social seguirá sufriendo más recortes en sus condiciones de vida. Por ello el gobierno quiere legislar ahora para recortar los derechos de la libre expresión, manifestación y huelga, mediante medidas legislativas que recorten estos derechos y que le sirvan para atemorizar a la ciudadanía, para disminuir sus protestas o para justificar y hacer más fácil su represión ante los movimientos reivindicativos o contestatarios.
La situación actual es muy grave y habría calificarla como propia de una "emergencia democrática". El PP nos pretende llevar a una situación social y política propia de las épocas pre-democráticas. La ley de Reforma de las administraciones locales, la ley "Fernández" dicha de seguridad, o la regulación de los servicios mínimos del derecho de huelga, son pasos en esta dirección.
La realidad del PP es la que demuestra la razón de la falta de la aparición de movimientos fuertes de extrema derecha en España. Porque la extrema derecha y los residuos y nostálgicos de la dictadura franquista están dentro del propio Partido Popular y forman una parte de su electorado y militancia.
La "emergencia democrática" precisa de una respuesta unitaria por parte de todos los demócratas y de todas las organizaciones políticas y sociales democráticas. Debería articularse un "Pacto Democrático" para enfrentarse a las políticas de restricción de la democracia que el PP pretende. Esta política debería conllevar un compromiso de actuación conjunta para actuar tanto en el ámbito legislativo como en la impugnación legal de las medidas que pueda imponer el Gobierno Rajoy, al tiempo que, tal y como se ha hecho con la Ley Wert, el compromiso de derogar toda esta legislación en una próxima legislatura si el PP pierde la mayoría, y gobierne quien gobierne.
Es evidente que en estos momentos la movilización social es necesaria pero no es suficiente. Ahora es más imprescindible que nunca una alternativa política al PP, una alternativa que no alternancia, a la política del gobierno más de ultraderecha de Europa. Es evidente que esta alternativa no la puede encabezar el primer partido de la oposición que fue quien con sus políticas abrió la puerta y justificó la llegada al gobierno del PP, mediante medidas como una Reforma Constitucional hecha con "nocturnidad y alevosía". Esto no quiere decir que el PSOE no sea una parte importante del "pacto democrático", pero es evidente que hoy es precisa una alternativa nueva, que no sólo signifique resistencia al PP, sino una nueva política progresista, estimulante e ilusionante capaz de disputar la hegemonía política e ideológica a la derecha dominante.
Y es esta alternativa la que hoy se sigue notando a faltar. Hay muchos brotes verdes que podrían formar parte de esta alternativa pero no se ve quien tiene la capacidad de aglutinar y dar coherencia a todos ellos para conformar lo que muchos reclaman, algo que se parezca a la Syriza griega.