viernes. 29.03.2024

Catalunya: ¿‘akelarre’ final?

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Mucha gente que defendió los derechos nacionales de Cataluña en la época de la dictadura hoy son acusados de traidores por quienes nunca hicieron nada en aquellos tiempos oscuros

Después  de más de 5 años de vivir en un “bucle virtual” o en una “historia interminable” hay que esperar que finalmente el 2 de octubre Catalunya pueda pasar página e ir a una situación política y social “post-procesista”. Una nueva situación que permita enfrentar los problemas sociales que sufre la sociedad catalana y que han sido marginados durante todo este periodo.

Antes de continuar hay que aclarar algunas de las bases sobre el porqué de todo y dónde recaen las responsabilidades del actual estado de cosas.

La principal responsabilidad recae sin ningún tipo de duda en el PP. Con su impugnación del Estatut, aprobado por el Parlament, por las Cortes españolas y ratificado por el pueblo catalán, tiene la plena responsabilidad de lo que está pasando.

La sentencia del Tribunal Constitucional conseguida con toda una serie de trapicheos, como el de apartar a magistrados contrarios a la impugnación, inició lo que el Presidente Montilla denominó la “desafección” de la ciudadanía de Catalunya.

Asimismo el Gobierno de Rajoy y sus políticas tanto las que afectan a Catalunya como las de sus recortes sociales situaron a la mayor parte de la sociedad catalana en su contra. Se ha dicho con acierto que el PP ha sido una máquina de crear nuevos independentistas. Porque lamentablemente, y debido en parte también a la actitud timorata del PSOE, muchos catalanes han identificado España con el gobierno del PP.

Finalmente el PP y su Gobierno son responsables de no haber hecho nunca ninguna propuesta política para solucionar el malestar existente en Cataluña, por incapacidad política pero también por su propia concepción ideológica.

Es evidente que no sólo el PP es responsable del actuado callejón sin salida. La actuación inicial del Gobierno de Más que vio en el movimiento independentista una oportunidad para mantenerse en el poder y el aventurismo posterior del Gobierno de Junts pel Si (JxS) han contribuido también a provocar que no pueda haber una respuesta ampliamente mayoritaria en Cataluña y que por el contrario se haya provocado una fuerte división dentro de la sociedad catalana. La cada vez mayor radicalización, alienación y enroque de JxS ha hecho que se haya provocado una división incluso con la gente que quiere una solución alrededor del derecho a decidir de los catalanes.

Porque el problema radica fundamentalmente en el hecho que la sociedad catalana antes o después tendrá que ratificar su relación con el Estado mediante un Referéndum que signifique superar la ruptura creada por la negación, por parte de la sentencia del TC, de la voluntad aprobada del pueblo de Cataluña en el referéndum del Estatut.

El pueblo de Cataluña tendrá que decidir en un Referéndum con garantías, antes o después de un cambio en el modelo constitucional español, su ensamblaje en el conjunto del Estado.

Pero hacia eso donde nos está llevando la política unilateralista del Govern de Catalunya malbaratando la gestión del proceso. El Gobierno catalán está vulnerando la legalidad del propio Estatut de Catalunya, base del origen de la propia legalidad del Parlament y del Govern de la Generalitat, reduciendo su representatividad, desobedeciendo las advertencias del Consejo de Garantías Estatutarias (el TC de Cataluña), planteando propuestas no democráticas como las que anunció sobre la ley del Referéndum, incumpliendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia y sin ningún apoyo internacional ni voluntad de dialogo.

Aferrándose únicamente a una concepción cada vez más sectaria de la política no podrán conseguir sus objetivos.

El 1-O no habrá Referéndum en Cataluña. Porque lo que se está planteando desde JxS y la CUP no es un Referéndum. Será una “kermesse” o un “Akelarre” pero no un referéndum real porque no hay garantías y ni el Gobierno de Puigdemont las puede dar ni sus aliados las pretenden.

Debo referirme ni que sea de paso al ambiente de crispación que desde los más hiperventilados  procesistas y los medios que se los son afines se está lanzando a la sociedad catalana. Empiezan a aparecer carteles calificando de “traidor” a quien no comulga con sus posiciones. Se están atacando locales de fuerzas que opinan de forma diferente y los insultos a las redes sociales son constantes.

Todas estas acciones son preocupantes y totalmente reprobables sea quién sea su destinatario. Pero no deja de ser significativo que la mayoría de los ataques van dirigidos,  fundamentalmente contra la gente de “Catalunya en Comú” o de “Cataluña sí que es Pot”. Así hemos visto cómo se califica de traidores a Domenech, Colau, Rabell o Coscubiela. Estos aprendices de ultranacionalistas, para no aplicarles la palabra que más les cuadraría, se centran en  descalificar a los que defienden el respeto a las instituciones y la defensa de un Referéndum con garantías.

Mucha gente que defendió los derechos nacionales de Cataluña en la época de la dictadura hoy son acusados de traidores por quienes nunca hicieron nada en aquellos tiempos oscuros.

En estos momento no valen posiciones ambiguas desde la izquierda y por parte de quienes siempre han creído en el concepto de “Cataluña un solo pueblo” o en el del “catalanismo popular”. Hace falta una oposición radical al PP y a sus intentos de ahogar el autogobierno, pero a la vez no se puede poner nadie de perfil ante una convocatoria partidista, sectaria i inútil de una consulta sin ninguna garantía democrática.

Hay que dar la espalda a la convocatoria del 1-O y empezar a preparar ya para el 2-O una alternativa para impulsar una propuesta que se pueda defender en  todas partes, con el máximo de alianzas en defensa del carácter plurinacional que hace falta que tenga el Estado y donde se pueda hacer una propuesta de ensamblaje político de Cataluña sobre la que toda la ciudadanía de Cataluña pueda decidir con plenas garantías democráticas.

Catalunya: ¿‘akelarre’ final?