La Cataluña política hace tiempo que está instalada en un mundo imaginario que ahora ya se ha convertido en un “bucle virtual”. En el Parlament de Cataluña tenemos un Govern que no gobierna, que es incapaz de aprobar unos presupuestos, mientras continúa la situación de deterioro de los servicios públicos y su privatización, así como el estado de emergencia social, y las finanzas de la Generalitat están en una situación de dependencia total del Estado.
Pero nada de esto importa a los independentistas de JxS y la CUP, en una alianza contradictoria. Lo suyo es centrarse en mantener el sueño de una “Arcadia imaginaria” que mantenga aturdida una parte de la sociedad a la que se aboca, a través de los medios de comunicación públicos y también algunos privados, a la esperanza de una cercana (?) independencia y soberanía plena. Para conseguirlo ahora se dedican a hacer cada temporada una declaración grandilocuente del Parlament, en un “bucle” de declaraciones que nunca llevan a ninguna parte. El 9N fue una Resolución aprobando el inicio de un proceso de ruptura, rechazada por el Tribunal Constitucional y que no fue más allá. Ahora de nuevo el Parlament aprueba las Conclusiones de JxS y la CUP sobre el Proceso Constituyente que insta a la desconexión del Estado y el inicio de un Proceso unilateral de independencia que nuevamente quedará en esto, una nueva declaración.
La mayoría parlamentaria independentista, especialmente cuando se acerca la fecha del 11 de septiembre tiene que dar combustible que ayude a inflamar una parte de la sociedad que se ha creído que, en este mundo de soberanías compartidas, la independencia de Cataluña es posible sin ningún coste, ni ningún esfuerzo, ni ningún problema y que todo será una fiesta de camisetas y declaraciones donde se conseguirá una supuesta independencia que traerá la felicidad absoluta y donde se resolverán todos los problemas sociales y económicos que sufre la sociedad catalana.
Cómo en el debate de las conclusiones recordó el portavoz de “Catalunya Sí que es Pot”, Joan Coscubiela, en la Comisión del Proceso todos los estudiosos que comparecieron dejaron claro que “a la independencia se llega por acuerdo de las partes o por una insurrección”. Y ninguno de las dos cosas se consigue con declaraciones floridas por muy constantes y repetitivas que sean.
Cómo también dejó claro el portavoz del PSC, Miquel Iceta, el Parlament se sitúa en la ilegalidad y esto es grave. Y además estos dos portavoces dejaron en evidencia que el camino que las Conclusiones dibujan es un camino sin ninguna garantía democrática.
Hace ya demasiado tiempo que el Parlamento de la mayoría parlamentaria soberanista ha perdido los papeles. No hace su trabajo de gobernar al servicio de la ciudadanía catalana y ha convertido la cámara en un altavoz para movilizar sus adeptos y para permitir a la gente de Convergència mantenerse al Gobierno.
Habría que recordar a los independentistas que perdieron el supuesto plebiscito en el que intentaron convertir las últimas elecciones al Parlament. Y aún más que su legitimidad está determinada por el Estatut de Catalunya, aprobado por la ciudadanía catalana, y que en su 1er artículo establece: “Catalunya, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con este Estatuto, que es su norma institucional básica”
También habría que recordarles cómo se accede a la condición de diputado según el mismo Reglamento del Parlament: “El diputado proclamado electo accede al pleno ejercicio de la condición de parlamentario una vez cumplidos los dos requisitos siguientes.....y prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña”.
El actual Estatut, fruto de la voluntad del pueblo de Cataluña, establece también como se tiene que efectuar cualquier cambio en el mismo: “La aprobación de la reforma requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlament,...” Ahora se quiere derogar la legalidad por mayoría simple.
Y lo que es más grave el supuesto Proceso Constituyente se quiere hacer a través de unas normas que no garantizan las más mínimas garantías democráticas. Así se definen las fases del Proceso Constituyente: “ El Proceso Constituyente constará de tres fases: una primera de proceso participativo, una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de unas elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente, que redactará un proyecto de Constitución. En una tercera fase será ratificada a nivel popular mediante referéndum.” “El resultado de esta participación ciudadana constituirá un mandato vinculante por los integrantes de la Asamblea Constituyente que los tendrán que incorporar en el redactado del proyecto de Constitución.”. “Después de la fase de participación ciudadana, se completará la desconexión con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlamento de Cataluña y de un mecanismo unilateral de ejercicio democrático que servirá para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente (AC). Las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ninguno otro poder, juzgado o tribunal”.
En definitiva se prevé un sistema que carece de controles de ningún tipo y con una dirección donde sólo es posible un resultado, el que los grupos independentistas desean.
Todo lo que se plantea está fuera de la realidad y carece de las mínimas garantías que hagan que pueda ser reconocido a ningún nivel. Todo se plantea fuera de la realidad como un “coser y cantar”, y lo que es más grave es que está provocando una ruptura del marco democrático y todavía más que ellos mismos saben que no conduce a nada. A lo que llevará es a tensar todavía más las relaciones con el estado y se provocará como nunca la división interna dentro de la sociedad catalana.
Esta situación no favorece en nada la convivencia interna ni dentro de Cataluña ni en su relación con el Estado. Esta situación de crispación sólo beneficia a los Gobiernos de derechas de Puigdemont y de Rajoy a quienes la crispación beneficia electoralmente a la vez que debilita y aleja el debate relacionado con la cuestión social que es la que afecta diariamente a la ciudadanía, pero que queda escondida por la cuestión territorial e identitaria.