Entre 2011 y 2016 el presupuesto dedicado a las políticas de empleo de nuestro país ha descendido en más de 15.300 millones de euros
Escuchando algunos discursos complacientes del Partido Popular sobre la recuperación de nuestra economía, parece que se olvidan –o quieren hacer olvidar a la ciudadanía- que todavía existen cifras dramáticas de desempleo en nuestro país. Nadie más que los socialistas nos alegraremos de que nuestra economía comience una senda de crecimiento intenso y duradero. Pero para nosotros crecer no puede ser sólo incrementar décimas o puntos de PIB. El desarrollo, como nos enseña Amartya Sen, no debe medirse únicamente por cuánto crece la riqueza de un país, sino por el impacto que ese crecimiento tiene en la vida y la libertad de las personas. Por eso recordar las cifras del desempleo es para nosotros el símbolo de que la recuperación de la economía no será la que los socialistas queremos hasta que esas cifras no cambien. Porque es ahí, en el empleo, donde se mide el impacto de la creación de riqueza sobre la vida y la libertad de nuestros compatriotas.
Frente a los discursos complacientes, la realidad tozuda es que hoy seguimos teniendo más de 5 millones de personas en situación de desempleo, de los que casi la mitad llevan más de 2 años en paro y van camino de convertirse en desempleados crónicos. Una generación entera de jóvenes puede estar perdida para nuestro mercado de trabajo, condenados al paro, a encontrar trabajos precarios y mal pagados o a irse de nuestro país porque aquí no tienen ni presente ni futuro. Los datos del último informe de la OCDE son desgarradores: 7 de cada 10 jóvenes que trabajan tienen contratos precarios; tardan 6 años de media en encontrar un trabajo estable; 1 de cada 4 tiene un contrato a tiempo parcial que no desea tener; y sus salarios han bajado en los últimos 4 años en un 35%. Y esto cuando no son falsos autónomos, falsos becarios o simplemente parados.
A ello debe unirse la situación en que viven los 1,1 millones de parados mayores de 50 años. Invisibles en el debate público, son las grandes víctimas de la caída de nuestro anterior modelo económico. Tienen fuerza y capacidad productiva suficiente para poder incorporarse a la vida activa, pero están olvidados. Apenas acceden a políticas activas que pudieran mejorar sus oportunidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Y muchos de ellos y ellas forman parte de ese colectivo que hoy suma más de 3,7 millones de personas que, aun estando en situación de desempleo, no perciben prestación alguna. Debemos recordar que la protección por desempleo ha caído más de 20 puntos desde que Gobierna el PP y que desde julio de 2012 las restricciones de acceso a la renta activa de inserción y el retraso hasta los 55 años de la entrada en el subsidio por desempleo dejó a muchos de estos desempleados sin protección en el presente y en riesgo serio de perder su pensión en el futuro.
Todo esto no ha sucedido por azar, sino que es el fruto de una política de recortes sistemáticos del Partido Popular en las políticas de empleo. Desde el 2011 hasta hoy el presupuesto en políticas activas de empleo -las políticas que permiten mejorar las posibilidades de encontrar un empleo a las personas en desempleo- ha descendido en más de 2.300 millones de euros. En la actualidad tenemos 286.500 ocupados menos que cuando comenzó la legislatura y, como decía antes, 5,1 millones de parados. Y, sin embargo, las inversiones que ayudan a quienes no tienen trabajo a tener más oportunidades de encontrarlo han sufrido un recorte que supera el 30%. El PP tiene, así pues, en su haber político la degradación de las políticas activas de empleo cuando más falta le hacían a nuestro país, como se lo ha dicho la OIT y la propia OCDE.
Más todavía. Desde el 2011 hasta hoy el presupuesto en políticas de protección por desempleo ha descendido en más de 12.900 millones de euros, lo que significa un recorte respecto de esa fecha de casi un 40%. Con un número de personas en situación de desempleo prácticamente idéntico, los socialistas dedicábamos en 2011 más de 32.800 millones de euros a la protección económica de los desempleados, el PP en 2016 poco más de 19.800 millones de euros. Y subrayo el dato de que el número de personas en situación por desempleo es prácticamente idéntico en ambas fechas para dejar claramente en evidencia que los recortes en los presupuestos de la protección por desempleo no se deben a que haya menos parados que proteger, sino a que el PP ha ido expulsando de la protección por desempleo a cientos de miles de trabajadores según iban agotando sus prestaciones o subsidios por desempleo. Resultado de ello son los más de 3,7 millones de personas que, según la EPA, no perciben ninguna protección por desempleo y los episodios de pobreza y falta de cohesión social que semejante situación lleva consigo.
Todo sumado nos da una cifra terrible. Entre 2011 y 2016 el presupuesto dedicado a las políticas de empleo de nuestro país ha descendido en más de 15.300 millones de euros. Así que, cuando algunos digan que las políticas del PP y del PSOE son las mismas, convendría recordar esta cifra y los valores políticos que hay detrás ella. Para nosotros, los socialistas, durante la crisis fue prioritario proteger a los desempleados; para el PP, durante la crisis, ha sido prioritario recortar en 15.300 millones de euros las partidas destinadas a ellos.
Pero lo peor son las consecuencias de estas políticas. En el reciente Informe de Diagnóstico de la Estrategia de Competencias de la OCDE a que me refería antes, hay dos temas que una y otra vez se nos reprocha. El primero es que, teniendo 10 millones de adultos en edad de trabajar con baja cualificación que “requieren ayuda para ajustarse a los cambios que se están produciendo en la estructura del empleo y en las competencias requeridas por los trabajos”, no dedicamos ni suficiente inversión ni suficiente atención a la formación de los trabajadores dentro de las políticas de empleo (de la inversión total en políticas de empleo, ya exigua, únicamente se dedica un 22% a políticas de formación, frente, por ejemplo, el 29% que dedicamos a incentivos a la contratación). El segundo es la escasa financiación y atención que reciben las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo siendo, como son, herramientas clave para una más rápida integración de los parados. Una muestra de ello: en Alemania cada trabajador de los servicios públicos de empleo atiende a 47 demandantes de empleo; en España (con una cifra de paro en términos absolutos similar) cada trabajador de los servicios públicos de empleo atiende a 269 demandantes de empleo.
Los socialistas tenemos que revertir esta situación. Tenemos que hacer una auténtica reforma estructural de las políticas de empleo: (I) crear una Agencia Pública de Empleo que sustituya a un denostado e inexistente INEM y que cambien de raíz las rutinas y los diseños de las políticas activas de empleo de nuestro país; (II) duplicar las inversiones destinadas a estas políticas que son las que mejoran las oportunidades de los desempleados de encontrar un puesto de trabajo; (III) incorporar profesionales de la orientación e intermediación a los servicios públicos de empleo; (IV) normalizar las relaciones entre servicios públicos de empleo y operadores privados; (V) suprimir las bonificaciones a la contratación y destinar las inversiones que hoy se derivan hacia ellas (y que además benefician de forma desigual a los propios empresarios) a la formación de trabajadores; (VI) apostar por la formación profesional y la formación dual y cambiar de raíz el sistema de formación para el empleo; (VII) e implantar un subsidio por desempleo para todas las personas que tengan responsabilidades familiares o, sin tenerlas, que sean mayores de 45 años. Todas ellas serán nuestras propuestas a la sociedad en la próxima contienda electoral.