El pueblo se está uniendo, en la batalla por integrar los servicios públicos, defender la democracia real y evitar la aprobación del TTIP
La separación de poderes y la independencia de los gobiernos y de los profesionales de la Administración Pública son las bases indiscutibles de la democracia, con el fin de proteger los derechos, la justicia, la seguridad y los datos sensibles de las personas y priorizar las necesidades de la población frente a los beneficios económicos.
Cuando los sistemas públicos de investigación, sanidad, dependencia, educación o pensiones, o los de seguridad, control de finanzas, telecomunicaciones, abastecimiento de agua o luz, comercio de armamento, control de fronteras, transporte, medios de comunicación etc estén totalmente privatizados, y poco les falta, los Estados no tendrán otra función que la de recaudar tasas e impuestos y gestionar la presión de los lobbys a la hora de adjudicar los contratos y de repartir el dinero público, a cambio de la comisión correspondiente para los miembros del gobierno, como corresponde a cualquier comercial o directivo.
Grandes despachos de abogados defenderán al mejor postor, gracias al trabajo de becarios sin sueldo o mal pagados, profesionales con Master impartidos por los mismos despachos o por las escuelas de negocios vinculadas, para homogeneizar el pensamiento y minimizar cualquier conato de rebelión.
Los perdedores, parados o enfermos sin cobertura serán atendidos por entidades sin ánimo de lucro infiltradas por las mismas empresas, para beneficiarse de la ayudas públicas, aparentar “Responsabilidad Social Corporativa” y desgravar impuestos.
En este Estado mercantil únicamente quedarían los jueces para dirimir los conflictos que se presenten en la competencia por los fondos públicos.
El Tratado de Libre Comercio (TTIP) se encargará de privatizar la administración de justicia, que se impartirá mediante árbitros procedentes de los mismos despachos de abogados o mediante la “Nueva Corte de Inversión” la reciente versión de los tribunales privados, propuesta para tratar de hacer más digerible el TTIP, constituida por jueces o personas con “una experiencia acreditada asimilable”, que poco podrán hacer contra el dinero (para muestra, la historia reciente de España)
Es el fracaso de la democracia, que ya está ocurriendo aquí y ahora. Hay mucha riqueza y mucho poder en juego. Quién se rebele se la juega, sino miremos a Grecia.
Pero no todo está perdido. La población está cambiando su voto y las empresas adjudicatarias no las tienen todas consigo. Muchos gobernantes corruptos han perdido el poder y algunos empiezan a ocupar las cárceles.
El pueblo se está uniendo, en la batalla por integrar los servicios públicos, defender la democracia real y evitar la aprobación del TTIP.
Lo conseguiremos!!