La increíble impunidad del presidente Feijóo y de la conselleira Mosquera

La conselleira Mosquera en su toma de posesión.
La conselleira Mosquera en su toma de posesión.

El gobierno de Feijóo ha fragmentado, desmantelado, privatizado y endeudado el sistema sanitario público de Galicia...

El gobierno gallego adjudicó la ampliación del Hospital del Salnés y la construcción de 15 Centros de Salud a la multinacional Cofely, empresa imputada en la operación Púnica

En el año 2009, con la crisis económica establecida, Feijóo gana las elecciones en Galicia. Una de sus primeras decisiones fue transformar el proyecto existente de construcción de un nuevo hospital público en Vigo en otro de gestión privada (PFI), que adjudica a una UTE de la que forman parte la Bankia de Rato y la empresa del conselleiro de obras públicas, Agustín Hernández.

Con el fin de mantener el concierto singular del hospital Povisa, del mismo grupo empresarial al que pertenecía la conselleira Mosquera, el proyecto del nuevo hospital (NHV)  pierde tantas camas como contiene el  hospital privado y se queda sin servicios de referencia y sin laboratorio central, que Feijóo cede a Capio, empresa ya imputada en el proceso de privatización de la sanidad madrileña.

Tras sucesivas demoras e incumplimientos del contrato, la UTE del NHV se muestra insolvente e incapaz de llevar a cabo el proyecto, así que el gobierno popular consigue “dinero público” para financiar el hospital de “financiación privada”, que sin embargo mantiene el canon acordado de 73M/año, a los que hay que añadir 75 M /año para el concierto singular con Povisa y 15 M/ año para fármacos y otros servicios de referencia que se mantienen en el hospital privado. Una hipoteca de 3260M de euros a pagar en 20 años, frente al proyecto anterior de 1440 camas y un coste total de 458M de euros.

La Xunta de Feijóo cede las 50 residencias sociosanitarias públicas, con su dotación correspondiente, al  fondo de inversión Magnum,  por el módico precio de 45 M de euros. Su gestión recae en Eulen, empresa en la que figuraba como apoderada la hermana del presidente gallego.

En unos momentos de gran preocupación por la excesiva dosis de radiación impartida a los pacientes, tanto en Europa como en EEUU, Feijóo cede las decisiones sobre la compra de aparatos de alta tecnología, su ubicación, su  gestión y el control de calidad dosimétrica, a las mismas multinacionales que fabrican y comercializan los equipos, de forma que se auditan a sí mismas. La conselleira Mosquera ni siquiera ha considerado oportuno apoyar la iniciativa parlamentaria de implantar una cartilla dosimétrica para los niños gallegos, con el fin de controlar la radiación y las posibles consecuencias a su salud.

La investigación biomédica de los hospitales públicos del SERGAS es gestionada en “colaboración” con la farmacéutica estadounidense Jonhson & Jonhson, con lo que conlleva de desprotección de los datos clínicos y de  inseguridad para los pacientes.

La Xunta de Feijóo cede el teléfono de cita previa en Atención Primaria y el teléfono informativo 012  al fondo de inversión Netaccede, constituido por exaltos cargos del gobierno gallego, y con ello toda la información sensible de la población.

Feijóo y Mosquera deciden abrir la Historia Clínica Electrónica (gestionada por Indra, empresa pública privatizada por Aznar y Rato) a los centros sanitarios privados. Sin embargo, impiden a los médicos de los centros públicos el acceso a los datos clínicos y a las exploraciones de sus pacientes, si estas han sido realizadas en determinados centros privados.

Con la nueva “ley de Racionalización del sector público” aprobada recientemente por Feijóo, se crean diversas agencias para la gestión privada de la oficina de trasplantes, los bancos de tejidos, el centro de trasfusiones de Galicia, la evaluación de tecnologías y la formación de los profesionales del SERGAS.

Recientemente el gobierno gallego adjudicó la ampliación del Hospital del Salnés y la construcción de 15 Centros de Salud a la multinacional Cofely, a pesar de los incumplimientos en los plazos acordados (poniendo en peligro los fondos FEDER comprometidos, que representan el 80% de la financiación). Cofely es la empresa imputada en la operación Púnica, la trama de corrupción destapada estos días, que consiste en la adjudicación de contratos y obras públicas a esta multinacional francesa, a cambio de comisiones ilegales, con 51 afectados, algunos ya encarcelados.

Puede que las adjudicaciones de la Xunta a Cofely representen una excepción y se encuentren limpias de polvo y paja, ya veremos. En todo caso, podemos afirmar que el gobierno de Feijóo, con la connivencia de la Conselleira Mosquera, ha fragmentado, desmantelado, privatizado y endeudado el sistema sanitario público de Galicia con total descaro e impunidad, para beneficio de las empresas privadas vinculadas. 

Nunca lo podremos perdonar.