20 de septiembre de 2010, 16:36
NUEVATRIBUNA.ES - 25.1.2010
...porque suele ser habitual que aceptemos dinero foráneo, mercancías, grandes superficies o productos deslocalizados, vengan de donde vengan, sin hacerles ascos siempre y cuando satisfagan nuestras necesidades.
El diferencial que encierran las palabras “nacional” o “extranjero” parece reducirse al ámbito de las relaciones personales y nos enorgullecemos, en cambio, de que caigan las fronteras comerciales aun a riesgo de consumir activos financieros contaminados.
Durante los últimos días, más que nunca, se habla del problema de los inmigrantes. El problema, desde luego, lo tienen los inmigrantes con una sociedad que no se ha acostumbrado a su imprescindible presencia y que sigue utilizándolos como simples herramientas sin percatarse de que ese robot que continúa asumiendo las faenas más duras o peor pagadas de nuestro entorno tiene, como el bolero, alma corazón y vida.
La proximidad de las elecciones municipales y de las autonómicas en Cataluña nos ha brindado un debate tan kafkiano como xenófobo en torno al empadronamiento de inmigrantes. A partir de su pretendida exclusión por parte del ayuntamiento de Vic y que se contagió sorprendentemente a Salt, Reus, Tortosa y el también arrepentido Torrejón, asistimos al pintoresco espectáculo de cómo organizaciones democráticas como CiU, PSC y ERC recurren a posicionamientos fascistas para intentar frenar el fascismo emergente de una organización con vocación totalitaria como Plataforma per Catalunya. Corren tiempos en que incluso cerebros habitualmente lucidoss también achacan a los inmigrantes la congestión de los servicios sociales de los ayuntamientos, sin percatarse del pequeño detalle de los cuatro millones de españoles en paro. Y es por ello que sorprende que un Ayuntamiento quiera vetar el empadronamiento de sus residentes, cuando esa sigue siendo una de las claves para su deficiente financiación actual.
Todo este asunto está cebado de incoherencias, empezando por el albur de que el informe del que se valía el Ayuntamiento de Vic para sustentar su negativa a darle carta de naturaleza local a quien careciera de permiso de residencia o de trabajo. El informe del bufete Roca Junjent que lo elaboró aludía a la ley de Extranjería 4/2000, que tan sólo estuvo en vigor durante nueve meses. Promulgada a instancias del ministerio de Trabajo que titulaba Manuel Pimentel, fue revocada y sustituida por otra mucho más dura, la 8/2000, que acaba de reformarse. Lo curioso del caso es que el empadronamiento actual se basa en una resolución anterior, de 1997, suscrita por el entonces ministro de Administración Territorial, Mariano Rajoy, quien ahora, como presidente del Partido Popular y líder de la oposición, pretende reabrir el debate sobre la inmigración, justo un mes después de que se haya reformado nuevamente la Ley y sin que su grupo incorporase enmienda alguna sobre esta cuestión.
Pero tampoco el PSOE está libre de paradojas: el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que hablaba valientemente de derechos humanos básicos al aludir a los recursos sanitarios o educativos a los que los inmigrantes se verían limitados de no poderse empadronar, es el mismo que sustituyó al frente del ministerio de Trabajo (ahora también de Inmigración) a su amigo Jesús Caldera por el montaraz Celestino Corbacho, cuya gestión al respecto en el ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat le había aproximado más al arquetipo de alguacil que al de asistente social.
El mismo Gobierno cuya gestión suaviza con eficacia la Secretaria de Estado Consuelo Rumí es el que, desde el ministerio del Interior, ha promovido redadas masivas de inmigrantes basándose exclusivamente en su apariencia, o su detención para inflar numéricamente los éxitos policiales. Quizá por ello, haya aumentado el número de expulsiones de inmigrantes, según se jactan las estadísticas: la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (Bedex), creada hace justo un año, en enero de 2009, incoó 7.591 expedientes de expulsión a extranjeros que hubieran delinquido reiteradamente.
El mismo presidente Rodríguez Zapatero que reclama con justicia que no se utilice torticeramente a la inmigración en la arena electoralista, es el que animó a los socialistas españoles a votar en el Parlamento Europeo la directiva de la vergüenza, promovida con éxito por la derecha. O el que firmó un acuerdo bipartito con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, para excluir cualquier supuesto de regularización masiva de inmigrantes en ambos territorios.
Tanto nuestro Gobierno y su oposición liberal-conservadora, así como los otros ejecutivos de la Unión Europea siguen sin prestar atención a una cuestión fundamental: en el territorio comunitario pueden contabilizarse en la actualidad alrededor de ocho millones de personas sin documentación en regla. La represión y la burocracia no hace sino aumentar su número, su fragilidad y el poder de las mafias, ya que se les condena a la economía sumergida cuando no directamente al hampa.
El Observatorio Permanente de la Inmigración contabiliza a 4.625.191 inmigrantes en España, con permiso de residencia o de trabajo. Suponen el 11 por ciento de la población y su número va en descenso. Según el INE, la población empadronada a 1 de enero de 2009, 5.598.691, lo que supone un diferencial aproximado a 900.000 personas, lo que supondría un 12 por ciento de la población. Y su número real puede que sea mayor, ya que muchos temen empadronarse bajo el temor de ser expulsados.
¿Qué hacer con ellos? ¿Les mantenemos en ese limbo legal, creando dos castas de ciudadanos en la Unión, los que tienen papeles o los que no, como si fuesen un remedo de los patricios y plebeyos de la antigua Roma? Su expulsión no sería posible y en caso de que lo fuera sería cara e inútil: habría que sustituirlos por otros ocho millones de personas, ya que buena parte de sus funciones son reales y, salvo en lo que concierne a una minoría, no se relacionan con el crimen organizado.
Hemos dado por bueno el aforismo de que “aquí no cabemos todos”. ¿Por qué? ¿En qué datos se basa dicho imaginario? Felipe González aseguraba, hace unos días, que a la Europa del porvenir le hacen falta entre 20 y 30.000 inmigrantes más. ¿Por qué no se regulariza a los que ya están aquí y no parece que vayan a irse? Por el viejo atavismo del “efecto llamada” que más bien se relaciona con el diferencial económico y político entre esta y otras orillas del mundo, que con la condición legal de los inmigrantes una vez llegados a este supuesto paraíso. Al aceptar dicho dogma de fe, impedimos que en media Europa puedan empadronarse y acceder a servicios comunitarios. Pero también les impedimos pagar impuestos como el resto de los trabajadores.
Y ellos lo son. Lo siguen siendo, a pesar de que en la campaña del olivar, pasada por agua, apenas se les haya contratado; o que otro tanto vaya a ocurrir con la campaña de la fresa que se inicia ahora. El problema para España sería que no estuviesen aquí, aunque tan sólo sea para conformar un enorme y desprotegido ejército de mano de obra barata.
Claro que no sólo se trata de una asignatura pendiente por parte española: es la Unión Europea la que considera que nuestras leyes son demasiado blandas con respecto a estos bárbaros del sur y que el imperio del estado del bienestar puede estar al caer por su causa. ¿O habría que buscar a sus verdugos en las tripas de un voraz sistema financiero, en la ferocidad del capitalismo salvaje, en la desidia política, en la falta de ideas que aflige al viejo continente?
Cuando el racismo y la xenofobia sigue imperando en los discursos públicos –tanto políticos como mediáticos--; cuando no les reconocemos los derechos adquiridos como trabajadores al engrosar las listas del paro, y cuando tampoco nos preocupamos sobre lo que ocurre en los suburbios con los excluidos propios o ajenos, no sólo la inmigración clandestina carece de papeles. Nuestra sociedad toda termina por perderlos.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
> Blog de Juan José Téllez
...porque suele ser habitual que aceptemos dinero foráneo, mercancías, grandes superficies o productos deslocalizados, vengan de donde vengan, sin hacerles ascos siempre y cuando satisfagan nuestras necesidades.
El diferencial que encierran las palabras “nacional” o “extranjero” parece reducirse al ámbito de las relaciones personales y nos enorgullecemos, en cambio, de que caigan las fronteras comerciales aun a riesgo de consumir activos financieros contaminados.
Durante los últimos días, más que nunca, se habla del problema de los inmigrantes. El problema, desde luego, lo tienen los inmigrantes con una sociedad que no se ha acostumbrado a su imprescindible presencia y que sigue utilizándolos como simples herramientas sin percatarse de que ese robot que continúa asumiendo las faenas más duras o peor pagadas de nuestro entorno tiene, como el bolero, alma corazón y vida.
La proximidad de las elecciones municipales y de las autonómicas en Cataluña nos ha brindado un debate tan kafkiano como xenófobo en torno al empadronamiento de inmigrantes. A partir de su pretendida exclusión por parte del ayuntamiento de Vic y que se contagió sorprendentemente a Salt, Reus, Tortosa y el también arrepentido Torrejón, asistimos al pintoresco espectáculo de cómo organizaciones democráticas como CiU, PSC y ERC recurren a posicionamientos fascistas para intentar frenar el fascismo emergente de una organización con vocación totalitaria como Plataforma per Catalunya. Corren tiempos en que incluso cerebros habitualmente lucidoss también achacan a los inmigrantes la congestión de los servicios sociales de los ayuntamientos, sin percatarse del pequeño detalle de los cuatro millones de españoles en paro. Y es por ello que sorprende que un Ayuntamiento quiera vetar el empadronamiento de sus residentes, cuando esa sigue siendo una de las claves para su deficiente financiación actual.
Todo este asunto está cebado de incoherencias, empezando por el albur de que el informe del que se valía el Ayuntamiento de Vic para sustentar su negativa a darle carta de naturaleza local a quien careciera de permiso de residencia o de trabajo. El informe del bufete Roca Junjent que lo elaboró aludía a la ley de Extranjería 4/2000, que tan sólo estuvo en vigor durante nueve meses. Promulgada a instancias del ministerio de Trabajo que titulaba Manuel Pimentel, fue revocada y sustituida por otra mucho más dura, la 8/2000, que acaba de reformarse. Lo curioso del caso es que el empadronamiento actual se basa en una resolución anterior, de 1997, suscrita por el entonces ministro de Administración Territorial, Mariano Rajoy, quien ahora, como presidente del Partido Popular y líder de la oposición, pretende reabrir el debate sobre la inmigración, justo un mes después de que se haya reformado nuevamente la Ley y sin que su grupo incorporase enmienda alguna sobre esta cuestión.
Pero tampoco el PSOE está libre de paradojas: el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que hablaba valientemente de derechos humanos básicos al aludir a los recursos sanitarios o educativos a los que los inmigrantes se verían limitados de no poderse empadronar, es el mismo que sustituyó al frente del ministerio de Trabajo (ahora también de Inmigración) a su amigo Jesús Caldera por el montaraz Celestino Corbacho, cuya gestión al respecto en el ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat le había aproximado más al arquetipo de alguacil que al de asistente social.
El mismo Gobierno cuya gestión suaviza con eficacia la Secretaria de Estado Consuelo Rumí es el que, desde el ministerio del Interior, ha promovido redadas masivas de inmigrantes basándose exclusivamente en su apariencia, o su detención para inflar numéricamente los éxitos policiales. Quizá por ello, haya aumentado el número de expulsiones de inmigrantes, según se jactan las estadísticas: la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (Bedex), creada hace justo un año, en enero de 2009, incoó 7.591 expedientes de expulsión a extranjeros que hubieran delinquido reiteradamente.
El mismo presidente Rodríguez Zapatero que reclama con justicia que no se utilice torticeramente a la inmigración en la arena electoralista, es el que animó a los socialistas españoles a votar en el Parlamento Europeo la directiva de la vergüenza, promovida con éxito por la derecha. O el que firmó un acuerdo bipartito con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, para excluir cualquier supuesto de regularización masiva de inmigrantes en ambos territorios.
Tanto nuestro Gobierno y su oposición liberal-conservadora, así como los otros ejecutivos de la Unión Europea siguen sin prestar atención a una cuestión fundamental: en el territorio comunitario pueden contabilizarse en la actualidad alrededor de ocho millones de personas sin documentación en regla. La represión y la burocracia no hace sino aumentar su número, su fragilidad y el poder de las mafias, ya que se les condena a la economía sumergida cuando no directamente al hampa.
El Observatorio Permanente de la Inmigración contabiliza a 4.625.191 inmigrantes en España, con permiso de residencia o de trabajo. Suponen el 11 por ciento de la población y su número va en descenso. Según el INE, la población empadronada a 1 de enero de 2009, 5.598.691, lo que supone un diferencial aproximado a 900.000 personas, lo que supondría un 12 por ciento de la población. Y su número real puede que sea mayor, ya que muchos temen empadronarse bajo el temor de ser expulsados.
¿Qué hacer con ellos? ¿Les mantenemos en ese limbo legal, creando dos castas de ciudadanos en la Unión, los que tienen papeles o los que no, como si fuesen un remedo de los patricios y plebeyos de la antigua Roma? Su expulsión no sería posible y en caso de que lo fuera sería cara e inútil: habría que sustituirlos por otros ocho millones de personas, ya que buena parte de sus funciones son reales y, salvo en lo que concierne a una minoría, no se relacionan con el crimen organizado.
Hemos dado por bueno el aforismo de que “aquí no cabemos todos”. ¿Por qué? ¿En qué datos se basa dicho imaginario? Felipe González aseguraba, hace unos días, que a la Europa del porvenir le hacen falta entre 20 y 30.000 inmigrantes más. ¿Por qué no se regulariza a los que ya están aquí y no parece que vayan a irse? Por el viejo atavismo del “efecto llamada” que más bien se relaciona con el diferencial económico y político entre esta y otras orillas del mundo, que con la condición legal de los inmigrantes una vez llegados a este supuesto paraíso. Al aceptar dicho dogma de fe, impedimos que en media Europa puedan empadronarse y acceder a servicios comunitarios. Pero también les impedimos pagar impuestos como el resto de los trabajadores.
Y ellos lo son. Lo siguen siendo, a pesar de que en la campaña del olivar, pasada por agua, apenas se les haya contratado; o que otro tanto vaya a ocurrir con la campaña de la fresa que se inicia ahora. El problema para España sería que no estuviesen aquí, aunque tan sólo sea para conformar un enorme y desprotegido ejército de mano de obra barata.
Claro que no sólo se trata de una asignatura pendiente por parte española: es la Unión Europea la que considera que nuestras leyes son demasiado blandas con respecto a estos bárbaros del sur y que el imperio del estado del bienestar puede estar al caer por su causa. ¿O habría que buscar a sus verdugos en las tripas de un voraz sistema financiero, en la ferocidad del capitalismo salvaje, en la desidia política, en la falta de ideas que aflige al viejo continente?
Cuando el racismo y la xenofobia sigue imperando en los discursos públicos –tanto políticos como mediáticos--; cuando no les reconocemos los derechos adquiridos como trabajadores al engrosar las listas del paro, y cuando tampoco nos preocupamos sobre lo que ocurre en los suburbios con los excluidos propios o ajenos, no sólo la inmigración clandestina carece de papeles. Nuestra sociedad toda termina por perderlos.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
> Blog de Juan José Téllez