La Transición supuso enceldar en lo posible el ejercicio del principio de legitimidad democrática, que pudiera poner en peligro el régimen de poder y los intereses que representaba y al que se pretendía darle continuidad
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, considera que los líderes del proceso secesionista catalán actuaron como una “organización criminal” que estaba dividida en tres partes: una legislativa, dirigida por las autoridades del Parlament, la ejecutiva, en la que incluye a los miembros del Gobierno catalán y una parte civil, con los presidentes de ANC y Omnium. Es decir, que estima criminales los actos de un parlamento, de un gobierno elegido democráticamente y de una parte de la representación de la sociedad civil y por lo cual muchos de estos representantes políticos y sociales están encarcelados. Son las consecuencias de una tendenciosa judicialización de la política, de hecho el estatuto de autonomía vigente no había sido refrendado por los catalanes sino impuesto por el TC, en lo que el constitucionalista Pérez Royo calificó de golpe de Estado. Estas peripecias judiciales son un preocupante precedente porque el problema catalán no es un caso aislado, sino un elemento importante de un proceso global, que aparte de un extrañamiento de la política en el formato polémico de la vida pública, supone de hecho una amputación de carácter posdemocrático de lo posible y de lo opinable.
El problema catalán es una de las caras de una crisis poliédrica que padece el régimen del 78 y que abarca todos los intersticios sociales y políticos en virtud del agotamiento de sus propias bases constituyentes. Ningún ámbito ni atmósfera del Estado se encuentra ahora libre de sospecha: la corrupción generalizada instalada en todos los ámbitos de las instituciones, la quiebra del sistema autonómico y las consecuentes tensiones soberanistas, la intromisión política en los órganos judiciales, el descrédito de los partidos sistémicos, la quiebra social, el tratamiento del malestar y el desencanto ciudadano únicamente desde las perspectivas del orden público y la propaganda, el déficit democrático, trazan un escenario de fractura múltiple que lleva a preguntarse si es posible una regeneración endógena del sistema, si el régimen del 78 es capaz, como el barón de Münchhausen, de salir de la ciénaga tirándose de su propia coleta o por el contrario, como afirmó Ortega de la Restauración canovista, es necesario enterrar bien a los muertos. Este es el gran problema político, social e histórico que padece actualmente España. Lo demás son las consecuencias paralizantes y no la causa de un auténtico callejón sin salida.
La Transición supuso enceldar en lo posible el ejercicio del principio de legitimidad democrática, que pudiera poner en peligro el régimen de poder y los intereses que representaba y al que se pretendía darle continuidad, el pasar de la legalidad a la legalidad, que fijaron los muñidores tardofranquistas de la reforma política. Es por ello, que el sistema se ve desbordado ante una realidad social que demanda una profundización democrática que no es posible sin una amplia reforma constitucional, carta magna pensada fundamentalmente para garantizar la restauración de la Monarquía y no para que el pueblo español pueda hacer una síntesis política de sí mismo adecuada a su complejidad.
En este contexto, la derecha y sus eventuales aliados, optan por acortar los instrumentos políticos de la vida pública para constreñir el ejercicio democrático en nombre de la democracia con un atosigante aparato propagandístico, criminalizando al adversario político, polarizando artificialmente a la ciudadanía en contra de sus propios intereses: resto de España contra Cataluña, antisistemas contra constitucionalistas o viceversa, es decir, creando divisiones inducidas en la ciudadanía, penalizar el malestar ciudadano convirtiendo en delito la protesta. En este proyecto totalizante hacia espacios de abundamiento posdemocrático debería ser motivo de amplia reflexión al primer partido de la oposición, PSOE, que aún sigue atado a inercias que le impiden recuperar su auténtica posición y función en la sociedad desde la coherencia ideológica.